Seis ministerios firmaron contratos con la principal empresa de la Púnica

La relación de la empresa Cofely, filial española del gigante energético francés GDF-Suez, con la trama Púnica que se investiga en la Audiencia Nacional no ha impedido que hasta seis ministerios del Gobierno le hayan seguido adjudicando contratos públicos después de que estallara el escándalo de la red de corrupción. La Administración ha firmado con Cofely al menos 30 contratos, por valor de 863.000 euros (más de un millón de euros con IVA), desde noviembre de 2014 hasta agosto de 2015. La gran mayoría son trabajos de bajo importe que no necesitan pasar por una licitación pública con concurrencia.

La Operación Púnica saltó a los medios de comunicación el 27 de octubre de 2014, cuando una macrooperación impulsada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco se saldó con 51 imputados y 35 detenidos, entre ellos seis alcaldes, Francisco Granados —exhombre fuerte de Esperanza Aguirre—, y directivos de empresas como Cofely. La Fiscalía Anticorrupción y el juez la sitúan en el centro de una trama que corrompió a numerosos alcaldes y concejales, sobre todo en municipios madrileños, la mayoría del PP, para lograr contratos de instalación y mantenimiento de sistemas de eficiencia energética a cambio de comisiones ilegales.

Pese a su implicación en la presunta red corrupta, Cofely España SA ha continuado trabajando con normalidad para la Administración General del Estado. Los 30 contratos que ha localizado este diario los adjudicaron los ministerios de Hacienda, Empleo, Economía, Educación, Sanidad y Exteriores. Casi todos (28) se hicieron bajo la fórmula del contrato menor. En principio, ninguno está bajo sospecha de la justicia. La ley permite que, cuando los trabajos son de importe inferior a 50.000 euros, en caso de obras, y de 18.000 en el resto, se puedan adjudicar directamente. En ocasiones, la Administración pide más de un presupuesto; en cuyo caso está obligada a elegir el más barato.

El Ministerio de Hacienda firmó 11 de los contratos con Cofely. La mayoría corresponden a la reparación o el mantenimiento de instalaciones de climatización en distintas oficinas de delegaciones de la Agencia Tributaria repartidas por toda España: Barcelona, Baleares, Medina del Campo, Madrid, Girona, León... El de mayor cuantía, 39.475 euros sin IVA, se adjudicó el 24 de noviembre de 2014 y es uno de los únicos dos que fueron licitados por procedimiento negociado sin publicidad. Según el expediente administrativo, el “servicio de mantenimiento de las instalaciones de climatización” de dos edificios de la agencia en Barcelona recibió otra oferta además de la de Cofely.

El siguiente ministerio por número de adjudicaciones es Empleo y Seguridad Social, con 10 contratos relacionados con la climatización, pequeñas reparaciones o iluminación en las sedes de la Tesorería General de la Seguridad Social de Toledo y Asturias. Son contratos menores, en su mayor parte “obras de urgencia”, según fuentes de la Administración. En algunos casos se valoraron más ofertas; en otros, Cofely fue el único licitador. Por ejemplo, su oferta es la única en el contrato de “gas refrigerante para circuito de refrigeración” en Toledo, por 4.247 euros sin IVA.

El Ministerio de Economía y Competitividad firmó seis licitaciones, entre ellas la de mayor cuantía, 618.052 euros sin IVA, para el “diseño, fabricación y suministro del sistema de refrigeración por agua para el sistema de RF del acelerador LIPAC”. El Ciemat (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas), organismo público adscrito a Economía, lo adjudicó en enero de 2015 por procedimiento negociado sin publicidad. Cuatro empresas presentaron ofertas pero la de Cofely fue la más económica, según el expediente de adjudicación.

 La más barata

 Los ministerios de Educación, Sanidad y Exteriores tienen cada uno un contrato con Cofely. El de “servicio de subsanación de defectos del centro de transformación del Auditorio Nacional de Música”, lo adjudicó el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por 17.042 euros. Según una portavoz de Cultura, se pidió ofertas a tres empresas y la de Cofely fue la más barata. “Es un contrato menor, para subsanación de defectos, y Cofely es una empresa que ha prestado estos servicios de manera correcta y con normalidad en el auditorio”, añadió.

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, dependiente de Exteriores, pagó 3.916 euros a Cofely, único contratista del que figuran ofertas, por el “Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado Split”. En Sanidad, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición licitó unas obras en la climatización de laboratorios por 26.761 euros. Una portavoz precisó que era una actuación de urgencia, por un problema de salud laboral, y que esta empresa era la más adecuada porque lleva el mantenimiento del Instituto de Salud Carlos III, donde se ubican los laboratorios.

La Administración General del Estado no es la única que siguió contratando con Cofely pese a la trama Púnica. Cuatro consejerías de la Comunidad de Madrid le adjudicaron el año pasado contratos, según la Cadena SER.

Los 30 contratos de Cofely con la Administración del Estado recopilados por este diario solo incluyen los adjudicados con posterioridad a la operación policial que destapó la trama Púnica, o cuyas licitaciones no estuvieran avanzadas cuando se conoció. De incluir adjudicaciones del mes de octubre o principios de noviembre, el importe total sería mucho mayor.

Precisamente uno de los mayores contratos de Cofely con un ministerio se adjudicó precisamente el mismo día de las detenciones y los registros, el 27 de octubre de 2014. La empresa se llevó el "servicio de mantenimiento integral de instalaciones y edificios de los Campus del Instituto de Salud Carlos III en Majadahonda y Chamartín", dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, por 683.354 euros, sin IVA. A diferencia de los 30 contratos posteriores, fue un procedimiento abierto. Solo tuvo un competidor, que ofreció casi 100.000 euros más y perdió. El contrato no se formalizó y publicó en el BOE hasta casi dos meses después.

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