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Seis veterinarios y 26 cazadores detenidos por mutilar a perros

La Guardia Civil detecta en Huelva una treintena de casos de maltrato animal y falsificación de documentos de los facultativos

“Mutilaciones tan burdas de orejas y rabos, y sobre todo veterinarios que tapen eso, en los tiempos que estamos, la verdad, sorprende. Se trata de pegarle un tajo y dejarle las orejas al aire”. La estupefacción de fuentes cercanas al último caso de maltrato animal es patente. Una veintena larga de cazadores de Huelva han cortado orejas y rabos a cientos de perros con sus propias navajas, en pleno campo y alejados de un quirófano.

Las consecuencias son heridas abiertas que tardan años en cicatrizar o nunca se cierran del todo, con el objetivo de ahorrarse 40 euros por cada perro que evita la clínica veterinaria. La ley tipifica estas operaciones estéticas como delito desde 2003 en Andalucía. Sin embargo, lo más sorprendente de estos casos que instruyen varios juzgados onubenses es que las mutilaciones contaron con la connivencia de seis veterinarios, detenidos por falsificar los permisos de estas operaciones ilegales.

La Operación Ears (orejas) del Seprona comenzó hace un año y permanece abierta. De hecho, la cifra de 32 detenidos aumentará previsiblemente hasta los 50 cazadores y dueños de perros de raza pitbull imputados (investigados según la nueva denominación) por maltrato animal en tres comarcas (la Sierra, el Condado y Huelva). Esta semana la Fiscalía de Medio Ambiente ha pedido 10 meses de prisión para el primero de los cazadores procesados, según fuentes del caso. La gran mayoría de los imputados se han negado a declarar tras su detención. Sin embargo, en privado han alegado que estos cortes en orejas y rabos son una tradición “ancestral” que se ha realizado “toda la vida” para evitar que las zarzas dañen a los perros, por lo que ellos solo continuaban una tradición rural.

El Servicio de Sanidad Animal de la Junta de Andalucía y el Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios han colaborado con el Seprona para determinar la connivencia de los seis profesionales imputados. Desde 2003 la Ley Andaluza de protección de los animales califica de infracción muy grave las mutilaciones “con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna salvo las practicadas por veterinarios”. Por ello muchos cazadores onubenses han viajado durante años a clínicas veterinarias en Extremadura para realizar estos cortes y así evitar la legislación andaluza.

Sin embargo, el año pasado algunos cazadores presentaron ante las inspecciones de los agentes certificados de veterinarios de dudosa procedencia, con un solo documento para varios perros. Y esto levantó las sospechas de los agentes, que comenzaron a indagar en diferentes núcleos zoológicos donde los cazadores conservan sus rehalas (agrupación de canes), formadas habitualmente por 24 perros.

Alfonso Aguado, presidente de la Asociación Española de Rehalas, dispara contra la investigación con amenazas veladas: “Es una actuación manifiestamente injusta de la Guardia Civil. Si se detiene por este motivo, entendemos que la que está situándose fuera de la ley es la autoridad. A partir de ahí, hablamos”.

Aguado admite que su asociación intenta -no siempre con éxito- que los cazadores realicen las intervenciones “con garantías sanitarias”, pero a continuación defiende a su colectivo: “Expresamos nuestra protesta porque nos han tratado a palos. Si lo que buscan es el bienestar de los perros, lo que tienen que hacer [los agentes] es hablar en vez de ir a detener a los rehaleros”. El presidente de los rehaleros rechaza que estas operaciones sean “intervenciones estéticas” y consideran que mutilar las orejas “beneficia a los perros”.

La Fiscalía de Huelva confirma que estos casos de maltrato animal presentan carácter “grave”: “Es crueldad sin anestesia, y por ahorrarse el veterinario. El dueño es consciente de que el animal sufre”, destacan fuentes del ministerio público. Dichas fuentes subrayan que algunos de los perros mutilados presentaban heridas muy recientes sin cicatrizar, incontinencia urinaria después de que les seccionaran el rabo con navajas, y temor a los humanos por el maltrato recibido.

Las noticias sobre maltrato animal son cada vez más frecuentes, pero en paralelo la legislación recoge poco a poco la sensibilidad de los ciudadanos y colectivos por los derechos de los animales. Uno de los sucesos más sorprendentes se dio hace menos de un año cuando en una playa de Huelva un propietario ató su perro a una piedra para que muriera por la subida de la marea.

Favores económicos para los veterinarios

Los veterinarios expedían los certificados a los cazadores para supuestamente intentar legalizar estas mutilaciones de los animales, por lo que incumplían el código deontológico de la profesión y cometían un delito de falsificación de documento público. Los veterinarios también están imputados por encubrimiento y como posibles copartícipes del maltrato.

Como contraprestación, los facultativos se hacían presuntamente con los servicios de todos los animales del núcleo zoológico, tales como la identificación mediante microchip de los nuevos cachorros y las vacunas anuales. Esto supone una competencia desleal a sus compañeros de profesión que cumplen con la ley.

Fidel Astudillo, presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Veterinarios, aclara que los veterinarios detenidos serán apartados de la carrera si la investigación judicial se traduce en condenas: “Al colectivo de 3.700 veterinarios andaluces nos interesa aclararlo. Si hay implicados no tienen por qué poner en riesgo la credibilidad de todos los demás". Si las infracciones destapadas por el instituto armado se confirman, el organismo abrirá expedientes informativos que devendrán en expedientes sancionadores. El Consejo Andaluz encargó a un perito madrileño un informe para describir el procedimiento que los cazadores deberían haber seguido para cumplir con la ley y no dañar a los perros, un estudio clave para la investigación.