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El Gobierno de Cifuentes dice que es “muy distinto” al PP de Madrid

El portavoz de la Comunidad, Ángel Garrido, marca distancias con la formación regional

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha diferenciado este viernes al PP regional, presidido por Esperanza Aguirre, del Ejecutivo de Cristina Cifuentes porque, según ha remarcado, "evidentemente son muy distintos". Garrido se ha expresado así un día después de que el juez del caso Púnica ordenara cinco registros para investigar posibles pagos del empresario Javier López Madrid al PP regional; entre ellos, el del despacho de su exgerente Beltrán Gutiérrez Moliner, en la sede de los populares en Génova. Además, este mismo viernes, Esperanza Aguirre ha comparecido en la comisión especial sobre corrupción de la Asamblea de Madrid, donde se ha desmarcado de los escándalos protagonizados por consejeros de su confianza y a los que ella misma nombró.

Pese a destacar las diferencias entre el PP y el Gobierno autonómico encabezado por Cifuentes, Garrido ha lamentado que actuaciones "tan impresentables" al final "acaban perjudicándonos a todos". Sobre el caso Púnica, el portavoz ha pedido a las autoridades judiciales que actúen "con la mayor celeridad posible para que los responsables de este tipo de tropelías acaben donde tienen que estar, en la cárcel". "Nos interesa a todos que se resuelva rápido", ha añadido.

Garrido ha dicho que no sabe nada sobre la posibilidad de que el PP madrileño acabe en manos de una gestora, y ha señalado que son decisiones que corresponden a la Ejecutiva nacional del PP.

El portavoz del Gobierno regional ha recordado que la Comunidad decidió durante el pasado verano personarse como acusación particular en el procedimiento de la Púnica al entender que "puede haber habido un daño al patrimonio de todos los madrileños". Esta posibilidad justifica "la obligación" del Gobierno regional de personarse en la actuación, ha indicado.

Garrido ha insistido en la necesidad de "dar ejemplo desde el partido" y ha recalcado la posición de "tolerancia cero contra la corrupción" que tiene el Gobierno de Cristina Cifuentes.

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