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El Parlamento andaluz tramita sin oposición la Ley de Memoria Histórica

Ningún grupo presenta enmiendas a la totalidad de un texto que amplía su ámbito a 1982

La Ley de Memoria Democrática de Andalucía ha llegado al Parlamento sin oposición. Ninguno de los grupos ha presentado enmiendas a la totalidad al texto que elaboró IU durante el pasado mandato, cuando gobernaba la Junta de Andalucía con el PSOE, y "se ensanchará y ampliará con las aportaciones de los familiares y de los colectivos memorialistas en el trámite parlamentario", según ha afirmado la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, en la presentación del Proyecto de Ley de Memoria Democrática para Andalucía.

La norma, que responde a las recomendaciones de Naciones Unidas en materia de memoria histórica y acata la legislación internacional en materia de derechos humanos, amplía la consideración de víctima al incluir a los colectivos que padecieron persecución o violencia, a las familias de las víctimas directas y los niños o niñas robados. También amplía el plazo de la Ley 52/2007 de Memoria Histórica, desde la II República (14 de abril de 1931) hasta el 11 de enero de 1982, para incluir a los que lucharon en Andalucía por la autonomía plena.

La norma refuerza el régimen de protección legal de espacios, enclaves, bienes muebles y documentales vinculados a la recuperación de la Memoria Democrática y establece la incorporación de la Memoria en los currículos educativos. Por último, como ya estaba previsto en las normativas previas, prohíbe la exhibición de simbología fascista y franquista y apuesta por su eliminación por parte de las instituciones.

Ciudadanos, con cuyo apoyo fue investida la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y aprobado el presupuesto autonómico, también se ha sumado al apoyo a la ley, que debe facilitar, según su portavoz, Juan Marín, "que todas las personas que lo soliciten puedan recuperar los restos de sus familiares con dignidad". El líder de Ciudadanos ha asegurado que su formación "huye del debate de rojos contra azules y de criminalizar y condenar un periodo como la Transición", en referencia a la extensión del ámbito temporal de la ley hasta 1982.

Inmaculada Nieto, de IU, ha defendido el texto que elaboró su formación antes de las últimas elecciones y ha reclamado "una tramitación sin sorpresas, sin enmiendas parciales que frustren las expectativas de las asociaciones memorialistas que sienten el texto como suyo porque responde a sus demandas y a su trabajo en el mismo".

Solo el PP ha criticado la iniciativa al considerar, en palabras del diputado Juan Ramón Ferreira, que "el texto es innecesario" y "estira el debate al límite de lo posible". "Hay votantes, también de izquierdas, que no quieren hablar de leyes que despierten rencores y revanchas", ha argumentado, pese a que su grupo no ha presentado una enmienda a la totalidad.

La socialista María Márquez ha trasladado al PP que este debate hay que afrontarlo con "naturalidad y madurez democrática, persiguiendo la verdad, la justicia y la reparación".

La diputada de Podemos Lucía Ayala ha criticado que este proyecto de ley "se enmarque en las competencias de Cultura y en el marco legislativo del patrimonio histórico andaluz", algo que ha tachado de "inconcebible".

Principales aspectos de la ley

Estos son los principales aspectos del proyecto de ley:

Definición. La norma define la memoria democrática como "el derecho a conocer la verdad de la historia de la lucha del pueblo andaluz por sus derechos y libertades, derecho a la justicia y derecho a la reparación, como garantías de no repetición". En este sentido, además de la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura franquista y la transición a la democracia, la norma extiende el periodo que regula hasta la entrada en vigor del Estatuto de Andalucía.

Víctimas. A los fusilados, guerrilleros, condenados, exiliados, familiares de desaparecidos y represaliados se suman los niños y niñas robados o quienes sufrieron la tortura de estar en los campos de exterminio nazis. El censo de víctimas, que serán homenajeadas cada 14 de junio, será público.

Lugares y senderos. Se creará el Catálogo de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía, que incluirá espacios, inmuebles o parajes de singular relevancia vinculados con la represión y violencia por la resistencia al golpe de 1936, la dictadura y la autonomía de Andalucía. Tendrán un grado de protección para garantizar su conservación. Cualquier modificación tiene que ser autorizada por la consejería con las competencias de Memoria Democrática. Esta podrá impedir su derrumbe o modificación.

Símbolos. Se fija un plazo de 18 meses para la retirada de escudos, placas y otros símbolos, como el nombre de calles, plazas y avenidas que exalten el golpe de 1936 y el franquismo. A diferencia de la Ley Estatal, no se considerarán que concurren razones artísticas para el mantenimiento de elementos de exaltación de la dictadura en placas, escudos, inscripciones sobre edificios o lugares históricos. De lo contrario, la Junta podrá efectuar la retirada subsidiariamente.

Fosas. La Junta llevará a cabo las actuaciones necesarias para recuperar e identificar los restos de las víctimas desaparecidas. El Plan Andaluz de Memoria Democrática priorizará las medidas y actuaciones para la localización, exhumación y, en su caso, la identificación y se concretarán otras políticas. La localización, exhumación e identificación se incoará de oficio por la Junta o por los Ayuntamientos, a instancias de familiares, entidades memorialistas e investigadores. Si los enterramientos están en terrenos de propiedad privada y el propietario no da su consentimiento, se procederá a la expropiación temporal de uso de los terrenos.

Infracciones y sanciones. Serán infracciones muy graves la construcción o remoción de terrenos donde haya fosas u otros restos humanos, excavaciones sin autorización y la destrucción de fosas (sanción de 10.001 a 150.000 euros). Serán infracciones graves el incumplimiento de la orden de retirada de escudos, insignias o placas, no conservar o realizar obras en los lugares de Memoria Histórica sin autorización, trasladar restos humanos sin autorización o no informar del hallazgo casual de restos (sanción de 2.001 a 10.000 euros). Por último, se considerarán infracciones leves la exhibición pública de placas, escudos, insignias y otros elementos, impedir la visita pública o daños a espacios o mobiliario que estén catalogados como Lugares de Memoria (sanción de 200 a 2.000 euros). Las infracciones supondrán la pérdida de subvenciones o ayudas públicas.

Pruebas genéticas. La Junta realizará las pruebas genéticas que permitan la identificación de los restos óseos. Se constituirá un banco de ADN.

Justicia. La Junta denunciará ante los órganos judiciales la existencia de indicios de comisión de crímenes de lesa humanidad en las localizaciones o identificaciones.