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Los 18 acusados del 'caso' Noós se enfrentan a más de 200 años de cárcel

En el juicio que inicia este martes Cristina de Borbón será la última procesada en declarar

El juicio del caso Nóos que arranca hoy en la Audiencia de Baleares tras resolverse las cuestiones previas, tiene una característica singular: la presencia de una infanta en el banquillo. Un hecho insólito que permite calificar el juicio de histórico. Junto a Cristina de Borbón se sientan otros 17 acusados: su marido, Iñaki Urdangarin, el socio de este, Diego Torres, empleados y asesores de la trama, y 11 cargos políticos de Valencia, Baleares y Madrid que facilitaron los contratos a Nóos. Las acusaciones piden para ellos más de 200 años de cárcel.

Aunque previsiblemente será la última en declarar, todas las miradas estarán desde hoy puestas en la hermana del rey Felipe VI. Cristina de Borbón está en el banquillo por un delito de supuesta cooperación en dos delitos tributarios que habría cometido su marido, Iñaki Urdangarin a través de la compañía Aizoon SL, compartida al 50% entre los cónyuges. Ni el fiscal, ni la Abogacía del Estado acusan a la Infanta, pero sí la acusación popular representada por el sindicato Manos Limpias que pide para la hija de Juan Carlos I una pena de ocho años de prisión.

La situación procesal de su esposo es mucho más complicada. Para Urdangarin el fiscal pide 19 años de prisión y Manos Limpias 26. Se enfrenta a los delitos de prevaricación, malversación, fraude, delito fiscal, blanqueo, estafa y falsedad en documento público. Prácticas con las que habría obtenido más de seis millones de euros a través de una trama de sociedades articuladas entorno al Instituto Nóos.

El socio de Urdangarin, Diego Torres, está acusado de los mismos delitos, aunque para él las penas solicitadas por el fiscal suman 16 años y las de la acusación popular 22. Su estrategia de defensa es monocorde: asegura que la actividad del Instituto Nóos contó con el visto bueno de la Casa Real, que fue la garante de que no se cometiesen irregularidades.

Tres familiares de Torres, su esposa Ana Tejeiro y dos de sus cuñados, Marco y Miguel Tejeiro, que trabajaron para Nóos, también se sientan en el banquillo. El fiscal acusa a la mujer de Torres de blanqueo de capitales por lo que pide una pena de dos años de prisión, mientras que Manos Limpias la considera, como a su marido, responsable de otros delitos de corrupción por los que pide 19 años de cárcel. La situación de los hermanos de Ana Tejeiro es diferente. Marco ha decidido colaborar con la fiscalía, que pide que se le aplique la atenuante de confesión por lo que solo solicita dos años de prisión. A Miguel solo le acusaba el sindicato Manos Limpias por su papel como secretario del Instituto Nóos.

La acusación popular pide para el asesor fiscal Salvador Trinxet tres años por un supuesto delito de blanqueo de dinero. Además de estos siete acusados, en el banquillo se sientan 11 políticos que facilitaron los contratos al entramado de Urdangarin desde sus puestos en las Administraciones valenciana, balear y madrileña.

El cupo valenciano

El más popular de ellos es el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, cuya esposa, María José Alcón, también está siendo investigada por blanqueo de capitales dentro de los escándalos que afectan al PP de Valencia. La acusación la sostienen el grupo municipal socialista y Manos Limpias que piden 11 años de prisión por delitos relacionados con la corrupción. Junto a él, cuatro excargos de la Generalitat que tuvieron responsabilidades en la empresa Ciudad de las Artes y las Ciencias desde la que se pagaron las jornadas Valencia Summit y un convenio para celebrar unos Juegos Europeos. Luis Lobón, Elisa Maldonado, Jorge Vela y José Manuel Aguilar facilitaron, según la fiscalía, que Nóos se llevase más de tres millones de euros por unos eventos que, supuestamente, no lo valían.

En el cupo balear, el expresidente Jaume Matas, inmerso en otras causas judiciales por el caso Palma Arena, fue el primero en abrir el grifo del dinero público a la trama de Urdangarin y Torres. El fiscal pide para él 11 años de prisión. Con él cuatro excargos de sus Gobiernos: Gonzalo Bernal, Juan Carlos Alia, José Luis Pepote Ballester y Miguel Ángel Bonet.

El banquillo lo completa Mercedes Coghen, responsable de Madrid 2016, que supuestamente donó 120.000 euros a una fundación de Urdangarin.