Selecciona Edición
Iniciar sesión

La presidenta del PP valenciano usó su cargo para pedir donaciones

La jefa de gabinete de Bonig en la Consejería de Infraestructuras reclamó dinero a todos los altos cargos

La presidenta del PP en la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, utilizó entre septiembre de 2014 y junio de 2015 la Consejería de Infraestructuras autonómica, que entonces dirigía, para pedir a los altos cargos de su departamento que hiciesen donaciones al partido. La exigencia no partía del PP, sino de la propia consejería, ya que algunos responsables de las empresas públicas y los cargos de confianza no estaban afiliados a la formación.

La encargada de solicitar donativos a los cargos de libre designación de la Consejería de Infraestructuras —para una de las cuentas que la dirección valenciana del PP tiene abierta en el Banco Santander— fue la directora de gabinete de Isabel Bonig, Laura Peñarroya, que utilizó el correo corporativo de la Generalitat valenciana para recordar a los integrantes del organigrama de la consejería que tenían que hacerle “llegar firmada la orden de transferencia bancaria”. EL PAÍS ha tenido acceso a esos correos.

La actual presidenta regional del PP, Isabel Bonig, que encabeza la refundación del partido en la Comunidad para limpiarlo de los múltiples casos de corrupción, salió ayer a dar explicaciones. Aseguró a este periódico que la decisión de pedir donaciones se adoptó en una reunión en la sede del partido en la que estuvo presente el tesorero. “No es lo del grupo municipal de Valencia. Solo se pidió la aportación del 1% del sueldo —entre 40 y 60 euros mensuales— al personal eventual [no funcionario] de la Generalitat para afrontar la campaña electoral”, explicó Bonig, quien recordó que otros partidos también recurren a esta práctica.

Una orden para los despistados

La exigencia de que los altos cargos de la Generalitat valenciana realizasen donaciones al PP, aunque no fuesen militantes, sorprendió a los afectados, porque la práctica había caído en el olvido tras lograr el poder, a mediados de los noventa, en la mayoría de las instituciones. A quienes se mostraron reticentes a pagar, la jefa de gabinete de Bonig les recordó que su puesto se lo debían al partido y la práctica totalidad pagó.

En el caso del Ayuntamiento de Valencia al que se refiere Bonig, la donación ingresada supuestamente se devolvía después en billetes de 500, por lo que los concejales están llamados a declarar por un delito de blanqueo.

Bonig aseguró que desde la dirección regional no se pidieron más aportaciones para sufragar la campaña. La presidenta de los populares valencianos, que cuenta con el apoyo de los dirigentes provinciales, convocará esta semana una junta directiva regional para la creación de una gestora local en Valencia y solicitar a Génova permiso para hacer un congreso extraordinario. Bonig ha pedido cambiar el nombre y el logo del partido en la comunidad, que le ha sido denegado.

La petición de que todos los cargos de la Consejería de Infraestructuras realizasen aportaciones al partido se cursó entre septiembre y octubre de 2014, apenas dos meses después de que Alberto Fabra, entonces presidente regional, nombrase a Bonig número dos del partido para rebajar la tensión con los presidentes provinciales y la entonces alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. La remodelación en la cúpula regional aupó a la vicesecretaría de Organización a Emilio Llopis, jefe de gabinete del entonces presidente provincial de Valencia Alfonso Rus. Los dos están hoy apartados del PP y en libertad con cargos —con una fianza de uno y dos millones de euros, respectivamente— por haber orquestado, supuestamente, una trama para captar comisiones ilegales a cambio de contratos públicos.

La práctica de pedir donaciones a cargos y asesores, que se exigió, además, a los trabajadores del partido, también se produjo en otros departamentos de la Administración controlados por los populares, como Ayuntamientos y diputaciones. Los ingresos en la cuenta del partido empezaron a fluir en octubre y noviembre y se mantuvieron, según Bonig, hasta que los populares perdieron el poder. E insistió ayer en que los miembros de la dirección regional del PP siguen aportando entre 50 y 75 euros mensuales.

La concejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia Maria Àngels Ramón-Llin admitió la semana pasada, antes de tener la condición de “investigada” en el marco de la Operación Taula por supuesto blanqueo de capitales, que los miembros del grupo municipal hicieron aportaciones periódicas de 60 euros y dieron otros 1.000 euros adicionales para la última campaña electoral municipal.

El juez que instruye la operación Taula considera que hay indicios de que esas aportaciones adicionales de 1.000 euros al partido fueron reintegradas por parte de la dirección del grupo municipal del PP, supuestamente, con dinero de comisiones ilegales.

 

Más información