Un crimen machista en Málaga destapa corrupción en la Guardia Civil

La reapertura del asesinato de Lucía Garrido en 2008 salpica a 12 guardias y mandos del Instituto Armado, algunos de los cuales ya han sido detenidos la semana pasada

La reapertura del caso por la muerte de Lucía Garrido en 2008 en Málaga ha llevado a la detención esta semana pasada del presunto autor material y de un ex guardia civil. El crimen, un caso de violencia machista por ser su marido el presunto inductor, ha sacado a la luz oscuras conexiones con otros asuntos: un doble crimen de dos colombianos, narcotráfico e irregularidades vinculadas al SEPRONA. En total, y hasta el momento, están investigados 12 guardias civiles. Una maraña de corrupción en torno a un solo hombre, Manuel Alonso.

El agente Ignacio Carrasco regresó de los servicios de Información de la Guardia Civil en el País Vasco a su tierra natal de Málaga en 1998. Cambiaba la persecución de etarras en el norte por un puesto en el Seprona en el sur. Diez años más tarde, a sus 47, le daban la baja por “paranoia” tras denunciar “negocios ilegales de superiores” ante otros mandos que "hicieron la vista gorda". “Me querían obligar a multar a empresarios porque no tenían un certificado que ellos se habían inventado”, cuenta. Se negó. Salió del cuerpo pero permaneció en su puesto de secretario de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de la provincia. Ahora sus investigaciones particulares empiezan a dar frutos y destapan una maraña de corrupción dentro del instituto armado ligada al asesinato de Lucía Garrido en 2008 que — de momento ha supuesto la detención del presunto autor material y de un ex guardia civil la semana pasada.

La reapertura y resolución de este crimen archivado, un caso de violencia machista puesto que el crimen fue inducido según informe policial por su marido, Manuel Alonso, ha sacado a la luz las conexiones con la doble muerte de dos colombianos, un delito de narcotráfico e irregularidades vinculadas al SEPRONA. En total están investigados hasta el momento  12 guardias civiles, entre capitanes, tenientes, cabos y guardias. Un entramado de amistades peligrosas en torno a Manuel Alonso actualmente en libertad con la obligación de personarse cada 15 días en el juzgado, con varias derivadas judiciales que ahora empiezan a ser cruzadas.

La investigación de la muerte de Lucía el 30 de abril de 2008 la llevó a cabo inicialmente el grupo de homicidios de la comandancia de policía judicial de la Guardia Civil de Málaga, a cuyo frente estaba entonces el teniente Valentín Fernández. Aunque el primer sospechoso era Manuel, el marido de Lucía, éste tenía una coartada: estaba a 90 kilómetros del lugar. El caso quedó archivado. Y parte del contenido de las escuchas correspondientes a las intervenciones telefónicas y grabaciones realizadas fueron desestimadas por haber sido calificadas por los investigadores como "sin interés policial". No se conoció su comprometido contenido hoy bajo secreto de sumario hasta 2012, cuando el juzgado numero 4 de violencia de género reabrió el caso y le encargó un informe a la policía nacional, gracias al empeño de Rosa Garrido, hermana de Lucía, y del agente Carrasco, unidos inopinadamente en una lucha "por que se haga justicia" que ha durado ocho años con el apoyo de la AUGC.

Tigres, leones y cerdos vietnamitas

P.O.D.

Manuel y Lucía tenían un negocio de animales exóticos en su finca Los Naranjos, en Alhaurín de la Torre, en cuya piscina fue hallada degollada y golpeada Lucía Garrido el 30 de abril de 2008. Antes habían criado conejos para los cotos de caza, y vendido perros, pero la ambición y el impulso emprendedor de Manuel les llevó a convivir con tigres, leones y cerdos vietnamitas. Él se preparaba, siguiendo los consejos de sus amigos del SEPRONA y según el proyecto presentado en el ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, para obtener una licencia que convirtiera su finca en punto principal de acogimiento de esa clase de animales en Andalucía.

Pero, según las declaraciones prestadas por los testigos en el juzgado, se topó con la resistencia de su mujer que, junto a la hija de ambos, compartían ese hogar-zoológico. Las denuncias de Lucía por amenazas --hasta cuatro-- en el puesto de la Guardia Civil de Alhaurín se sucedieron durante un año, sin que nadie tomase cartas en el asunto.

Un año más tarde de la muerte de Lucía, el 25 de abril de 2009, Manuel fue acusado de matar con su escopeta a dos colombianos en su propia finca, "en defensa propia". Primero imputado y luego puesto en libertad. Caso cerrado. La investigación la llevó a cabo el grupo del mismo teniente de la Guardia Civil y nadie conectó los luctuosos hechos. Al año siguiente, en 2010, ambos Manuel Alonso y el teniente Valentín  fueron detenidos, junto a otros seis miembros del instituto armado, por la policía nacional en una operación contra el tráfico de drogas desarrollada en Málaga y en Melilla. Las actuaciones de este caso se están juzgando actualmente en la audiencia provincial de Málaga y está imputado también un capitán jefe de la policía judicial, Manuel Juan Martín López.

Tres escenarios y al menos tres tipologías distintas de delito en torno a un solo hombre libre, Manuel Alonso, rodeado de guardias (civiles). Tres homicidios en su finca, los tejemanejes de compraventa de animales exóticos con miembros del Seprona -algún guardia  llegó a trabajar en su finca y el teniente jefe de ese servicio, Alonso Gómez, declaró a su favor en el juzgado-, según consta en las escuchas telefónicas que se han filtrado. Y un feo asunto de narcotráfico por el que llegó a entrar en prisión.

Sin embargo, mientras la unidad de asuntos internos del instituto armado hace su trabajo y algunos de esos delitos prescriben en distintos juzgados, Alonso sigue en libertad, el teniente del Seprona Alonso Gómez fue ascendido a capitán y destinado en Algeciras, el teniente Valentín está de baja médica o retirado del servicio, el capitán investigado es ya comandante y solo el presunto asesino y un ex guardia han sido detenidos por el asesinato de Lucía Garrido. Pero el empeño del agente Carrasco, que asegura que ha informado de los hechos hasta al Director General de la Guardia Civil mediante una carta enviada al Ministerio del Interior, continúa.

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