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Madrid paraliza la retirada de los vestigios franquistas

El Ayuntamiento desarrollará una normativa que indique el modo apropiado de aplicar la ley

El Ayuntamiento de Madrid, presidido por Manuela Carmena (Ahora Madrid), ha anunciado que suspende, "de forma temporal", la eliminación de los vestigios relacionados con el franquismo hasta que no desarrolle una normativa municipal que indique el modo apropiado de aplicar la Ley de la Memoria Histórica, aprobada en 2007. Para ello, se basará en las directrices de su servicio jurídico. Los grupos de la oposición cuestionan la gestión del Consistorio en este asunto.

La portavoz del Ayuntamiento, Rita Maestre, reiteró que no se moverán más vestigios ni se restituirán los ya retirados (a excepción de la placa de los ocho frailes carmelitas retirada “por error”) hasta el mes de abril, cuando se haya finalizado el Plan Integral de Memoria Histórica y se haya desarrollado el marco normativo necesario para cubrir el vacío que existe en la aplicación de la normativa. Su contenido lo elaborarán los servicios jurídicos municipales y la Dirección General de Patrimonio.

Un día antes de anunciar la decisión, la concejal de Cultura, Celia Mayer, había sostenido que desde ese momento, y hasta abril, se iban a retirar varias placas y monumentos relacionados con el régimen de Franco. Esos símbolos, subrayó, habían sido anunciados por el equipo de gobierno en el pleno del 22 de diciembre, cuando todos los grupos, a excepción del PP, aprobaron dotar a Madrid de un Plan Integral de Memoria Histórica.

Los partidos confirman, sin embargo, que nunca se avaló la lista de placas a retirar ni las calles cuyos nombres se debían cambiar. La edil presentó en la sesión varias propuestas basadas en un informe técnico municipal fechado en 2013 (bajo un Gobierno del PP) y en un estudio de la cátedra de Memoria Histórica de la Universidad Complutense que se hará público el 22 de abril y que ha costado al Consistorio 17.999 euros.

La polémica saltó el martes, después de que el PP denunciara que el Ayuntamiento había retirado del muro del cementerio parroquial de los carmelitas una placa en homenaje a ocho frailes asesinados durante la Guerra Civil, un elemento que no se encontraba en la relación presentada en el pleno de diciembre por Mayer. La edil de Cultura defendió ante los periodistas la legalidad de retirar la placa, porque era “de titularidad pública” y, en ese caso, no se requería una autorización. Dos horas más tarde, el Consistorio admitió su “error” y se comprometió a reponer la placa en el lugar del que había sido quitada días antes por operarios municipales. Lo hizo el miércoles.

La reposición de la insignia hizo desistir al PP en su idea de presentar una denuncia contra la alcaldesa Manuela Carmena y la edil de Cultura, Celia Mayer, por un delito de prevaricación. Consideraban que las placas se estaban quitando de “forma intencionada y a sabiendas de su injusticia”. Mayer recordó que la ley es de 2007 y corría prisa cumplirla. El PP, que gobernó la ciudad hasta 2015, no desarrolló la normativa durante ese periodo.

En la denuncia del PP también se incluía una mención a la retirada de las dos placas que tiene en Madrid José Calvo Sotelo, líder de la oposición en 1936, tal y como pretendía el Gobierno presidido por Carmena. Íñigo Henríquez de Luna, portavoz municipal del PP, entendía que se trataba de “una decisión arbitraria”, ya que Calvo Sotelo había sido asesinado días antes del inicio bélico. Todo este cúmulo de decisiones ha hecho que el PP pida la dimisión de Mayer.

Un monumento protegido

El lunes, se derribó el monolito en recuerdo del Alférez Provisional que se levantaba en el barrio de los Jerónimos, en pleno centro histórico de la ciudad. Los operarios municipales arrancaron el conjunto que recordaba a los integrantes de una categoría castrense creada en la guerra para paliar la falta de mandos medios y oficiales a los que se enfrentaba el bando nacional por las bajas.

Cuando los empleados intentaron cargar el monolito, dividido en dos partes, en el camión varios testigos lo impidieron, por lo que se optó por dejarlo tirado en la hierba, momento en el que alguien cubrió la piedra con una bandera española. Allí permaneció durante horas. Mientras, la Comunidad de Madrid anunciaba que abría una investigación previa (que puede derivar en expediente sancionador), al entender que el monumento retirado (próximo al Casón del Buen Retiro) estaba protegido al encontrarse en el eje Prado-Recoletos (declarado Bien de Interés Cultural), además de por la Ley de Patrimonio al hallarse junto a un edificio catalogado.

Polémica por un ministro de Suárez

Enrique de la Mata, ministro del primer Gobierno de Adolfo Suárez, tenía un monolito en Madrid desde 1987. Se lo concedió el entonces alcalde socialista Juan Barranco. Pero a finales de enero, el monumento (un bloque de granito de un metro y una placa de bronce) desapareció.

Se lo había llevado el Ayuntamiento de Manuela Carmena para “repararlo”. El Consistorio mantiene que dos coches chocaron contra el memorial en los últimos meses.

El PP no cree esta versión. Piensan que es una “nueva tropelía” del equipo municipal, que incumple la Ley de la Memoria Histórica al retirar piezas que nada tienen que ver con el franquismo. Enrique de la Mata fue procurador en las Cortes de Franco y presidente de la Cruz Roja internacional.

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