PP y Podemos intentan acortar el plazo para la investidura

Patxi López rechaza en la Mesa del Congreso la petición para adelantar el pleno

José Antonio Bermúdez junto con Tania Sánchez en el Congreso. U. Martín ATLAS

El PP y Podemos han coincidido este miércoles en la Mesa del Congreso en intentar acortar los plazos para el pleno de investidura al que debe someterse el socialista Pedro Sánchez. No lo consiguieron porque la potestad para convocar el pleno corresponde en exclusiva al presidente del Congreso, Patxi López, que ya anunció el martes que dará entre tres semanas y un mes para que se pueda negociar.

No obstante, López convocó para este miércoles una reunión de la Mesa para informar a sus miembros. La vicepresidenta del Congreso, Celia Villalobos (PP), pidió la palabra para solicitar que el pleno se celebre el 16 de febrero. El argumento de Villalobos es que esa era la fecha prevista en el caso de que Mariano Rajoy se hubiera sometido a la votación, la semana siguiente a la propuesta del Rey. Villalobos argumentó, además, que no se puede sostener y prolongar el vacío institucional en el Gobierno y el Congreso y esgrimió unas declaraciones de López en las que decía que el que iba a ser Pleno de investidura de Rajoy sería en breve plazo.

“Esto significa más incertidumbre, más tiempo para presentarse a una investidura sin tener en el bolsillo ni un solo voto más de los que ya tiene, lo complica todavía más. No es propio de un parlamento y de un presidente (Patxi López) que en principio tiene que ser lo mas independiente posible, cosa que ya ha demostrado que no es”, dijo luego Villalobos.

Potestad exclusiva del presidente

La convocatoria del Pleno de investidura es competencia exclusiva del presidente del Congreso. Puede, no obstante, consultar a la mesa del Congreso y a la Junta de Portavoces antes de fijar la fecha.

En concreto, el artículo 170 del Reglamento del Congreso asegura que “en cumplimiento de las previsiones establecidas en el artículo 99 de la Constitución, y una vez recibida en el Congreso la propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno, el Presidente de la Cámara convocará el Pleno”.

No hay plazo legal alguno entre que el Rey propone a un candidato a la investidura y la celebración del Pleno en el Congreso.

El artículo 99 de la Constitución se limita a asegurar que “después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno”.

En ese plazo de un mes se incluye la consulta a los militantes del PSOE que aprobó el Comité Federal de los socialistas y que, según el PP, retrasa más los plazos por culpa de la disputa interna del partido de Sánchez.

López rechazó la petición, lo que llevó al presidente del Congreso y a Villalobos a un duro enfrentamiento, el más agrio de la corta vida de esta Mesa del Congreso. El presidente de las Cortes acusó a la diputada del PP de manipular sus palabras.

La diputada de Podemos Gloria Elizo pidió la palabra para sostener que, en su opinión, el plazo debía reducirse a 15 días, es decir, que se acorte el plazo de negociación. También esta propuesta fue rechazada por López. Los representantes socialistas y los de Ciudadanos son partidarios de esperar a que culminen las negociaciones en el plazo previsto.

Patricia Reyes e Ignacio Prendes, de Cudadanos, pidieron respeto a la competencia del presidente de la Cámara. Y la socialista Micaela navarro sostiene que el plazo de un mes es “justo”, pidió que se negocie con “serenidad y tranquilidad” y también se remitió a la competencia de Patxi López para fijar la fecha.

Los socialistas aseguran que el martes informaron a Podemos de que esperarían a culminar el plazo pedido por Sánchez y, según esta versión, no escucharon objeciones del partido de Pablo Iglesias.

Podemos explica que si hay voluntad para el acuerdo basta con una semana para negociar, porque hay cuestiones que afectan a los ciudadanos que no pueden esperar.

El único precedente de negociaciones para formar Gobierno se produjo en 1996 cuando José María Aznar pactó con CiU, PNV y Coalición Canaria. En aquella ocasión, el entonces presidente del Congreso, Federico Trillo, dejó pasar más de dos semanas entre el encargo del Rey para la investidura y la convocatoria del Pleno. Ese plazo le sirvió al entonces líder del PP para cerrar el acuerdo con los partidos nacionalistas, para culminar las negociaciones del pacto de legislatura que ya había iniciado antes de la ronda de consultas del Rey con los grupos del Congreso.

Respecto al PP, el PSOE da por hecho que los populares harán todo lo posible por bombardear el acuerdo para la investidura. Sitúan en ese capítulo movimientos como la presentación en el registro del Congreso de una proposición no de ley en favor de la soberanía nacional y en contra de las consultas de autodeterminación.

Esa propuesta será debatida y votada en un pleno que Patxi López pretende celebrar antes del de investidura. En principio, el próximo martes día 9 la Mesa y la Junta de Portavoces verán el orden del día del Pleno que podría celebrarse la siguiente semana, en plenas negociaciones de Pedro Sánchez en busca de apoyos para su investidura.

El objetivo del PP es provocar división entre el PSOE y Podemos, dado que los socialistas rechazan la consulta de autodeterminación que sí defienden los de Iglesias.

En el aire la solemne apertura de las Cortes por el Rey

FERNANDO GAREA

La sesión de apertura solemne de la legislatura que preside el Rey corre el riesgo de no producirse, según fuentes del Congreso. Hay una posibilidad cierta de que, por primera vez, no se celebre. El reglamento del Congreso establece que “dentro del plazo de los quince días siguientes a la celebración de la sesión constitutiva tendrá lugar la solemne sesión de apertura de la legislatura”.

Ese plazo se cumplió el 25 de enero y en teoría debía haber tenido lugar antes de ese día, pero hay precedentes de legislaturas en las que se estiró precisamente para dar tiempo a que estuviera constituido el Gobierno tras la investidura de su presidente.

Así ocurrió, por ejemplo, en la legislatura que se inició en 1996 cuando José María Aznar tuvo que negociar con CiU, PNV y Coalición Canaria. El acto se celebró luego, cuando Aznar y sus ministros tomaron posesión.

En esta ocasión, el asunto ha sido tratado por la Mesa del Congreso, pero solo de manera informal. Fuentes de la Presidencia del Congreso aseguran que ni se plantean la posibilidad de realizar esa apertura solemne, a la espera de que tenga lugar la investidura. Si la votación resultara fallida y hubiera que dejar transcurrir los dos meses a la espera de la disolución de las Cortes para celebrar unas nuevas elecciones, esas fuentes explican que no se produciría dicha sesión.

La primera vez

Según explican esas fuentes, si llegara a haber Gobierno se plantearía con la Casa del Rey la celebración del tradicional acto. Se da la circunstancia de que este sería el primero de este tipo presidido por el Rey Felipe VI, que asumió el cargo en 2014. Su antecesor, Juan Carlos I, participó todas las legislaturas en este acto previsto en la ley.

La apertura solemne consiste en un discurso del Rey ante todos los nuevos diputados y senadores, con otro del presidente de las Cortes. Es la única ocasión regulada en la ley en la que el jefe del Estado se dirige al Parlamento, además del acto de coronación al inicio del mandato. Incluye una parada militar y la apertura de la Puerta de los Leones del palacio de la carrera de San Jerónimo.

En otras legislaturas los partidos independentistas habían declinado participar en este acto en el hemiciclo.

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