Un alcalde de Huelva dimite por el caso del fraude en la formación

El regidor de Punta Umbría dice que renuncia por los "daños" a su familia y al Ayuntamiento

La investigación del fraude en los cursos de formación para desempleados en Andalucía se ha cobrado una nueva víctima política. El alcalde de Punta Umbría (Huelva), el socialista Gonzalo Rodríguez Nevado, ha dimitido este miércoles por la “presión política”, la “utilización partidista” del caso, el “daño” a su familia y, “por encima de todo”, para evitar los “perjuicios” al Ayuntamiento de Punta Umbría, según manifestó. Rodríguez Nevado declaró ante la policía por su presunta implicación en la Operación Edu.

Los agentes investigan al alcalde por cursos en su grupo hostelero, que recibió 202.820 euros en ayudas aprobadas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en febrero de 2011 para el restaurante El Paraíso de la Dehesa. La sociedad, según la investigación, accedió a los fondos sin reunir los requisitos y las ayudas no fueron fiscalizadas.

Aunque Rodríguez Nevado no figura ya al frente de la sociedad, los agentes le atribuyen la responsabilidad de la misma. El ya exalcalde estuvo al cargo de la empresa hasta abril de 2007, cuando entregó poderes totales a su sobrino Carlos Javier Domínguez. Figuró como administrador único, sin capacidad ejecutiva, hasta que, en 2011, este cargo recayó sobre María del Carmen Rodríguez, hermana del regidor.

Solicitud de devolución

Aunque un juez ya archivó una instrucción sobre este caso y los cuatro cursos cuestionados fueron inspeccionados y calificados como sobresalientes por los técnicos de la Junta, la policía abrió la investigación tras un expediente de reintegro (solicitud de la devolución de las ayudas concedidas).

El expediente sobre los cursos cuestiona que se llevaron a cabo acciones sin supervisión. “Jamás se tomó una decisión sin contar con la aprobación de la Junta a través de sus técnicos”, alegó tras el expediente Rodríguez Nevado, quien destacó que la propia Consejería propuso continuar con la actividad, pero la empresa renunció. “Los cursos se impartieron, los monitores cobraron y se justificaron todos y cada uno de los gastos”, defendió el alcalde.

También se cuestiona la contratación en plazo de los alumnos, una condición prevista en el convenio de formación. El restaurante asegura que se hicieron cuando fue posible, dada la estacionalidad del sector turístico, y que este proceso fue autorizado y también supervisado por los técnicos de la Junta. La defensa del regidor ha pedido la revisión de la vida laboral de los alumnos para comprobar las contrataciones.