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Las incógnitas de las muertes de la playa de Tarajal, dos años después

15 personas fallecieron al intentar llegar a nado a Ceuta en medio de un despliegue policial: aún hay cuerpos sin identificar y nadie ha asumido responsabilidades

"¡Pum, pum, pum!" era la onomatopeya más repetida el 7 de febrero de 2014 en los montes que rodean Ceuta. Con los brazos extendidos y los dedos simulando pistolas, decenas de inmigrantes repetían esas tres letras y aseguraban que la Guardia Civil les había disparado pelotas de goma tras lanzarse al Mediterráneo para entrar en el enclave español. Mientras esas acusaciones se sucedían al otro lado de la valla, en España se negaban. Pese a que, al menos, 15 personas habían fallecido horas antes en la tragedia de Tarajal, el Gobierno insistía en que no se había cargado contra los sin papeles cuando estaban en el agua. Pero era falso. Aunque nadie asumió nunca responsabilidades políticas. Y dos años después de aquella madrugada del 6 de febrero tampoco existen condenas judiciales. Solo queda, según las ONG, "impunidad" y varias incógnitas.

¿Alguien es responsable de las muertes?

La instructora de la causa, María del Carmen Serván, levantó en octubre del pasado año la imputación que mantenía sobre 16 guardias civiles. La juez decidió entonces el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones abiertas por los delitos de homicidio y lesiones imprudentes. En su auto, la magistrada rechazó que la actuación de los agentes influyera en las muertes —usaron el material antidisturbios "de forma disuasoria"— y centró su argumentación en el papel que jugaron los inmigrantes: "Asumieron el riesgo de entrar ilegalmente en territorio español por el mar a nado, en avalancha y aprovechando la noche, vistiendo gran cantidad de ropa y haciendo caso omiso de las actuaciones disuasorias de las fuerzas marroquíes y la Guardia Civil".

Una versión de lo ocurrido que no comparten, desde luego, las ONG personadas en la causa, que consideran que ese escrito de la instructora "criminaliza" a los sin papeles y que han recurrido el auto en la Audiencia Provincial. Aunque aún esta pendiente de resolución. Porque los colectivos sociales creen que, detrás de aquella tragedia, hay responsables. Al menos, políticos. "El Ministerio del Interior se ha negado a asumir ningún tipo de responsabilidad ante los hechos", denuncian hasta una veintena de asociaciones, como Amnistía Internacional y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). El año pasado, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ya recalcaba: "Quedan pocas dudas de que, al menos, una parte sustantiva de la responsabilidad de aquellas muertes radica en la acción de la Guardia Civil".

¿Quiénes son los fallecidos?

Tras la tragedia, en España aparecieron cinco cadáveres. El del camerunés Roger Nana y los de otros cuatro inmigrantes que nunca han sido identificados, tal y como consta en el auto de instrucción. Sus cuerpos permanecen enterrados en el cementerio de Ceuta. Sin nombres ni apellidos. "Las autoridades españolas tampoco han atendido las necesidades de los familiares de las víctimas, que todavía siguen esperando poder identificarlas", recalcan las ONG en un comunicado emitido con motivo del segundo aniversario de los fallecimientos: "Las familias no solo reclaman verdad, justicia y reparación, sino que exigen que todos los cadáveres sean identificados".

¿Se ha actuado a tiempo?

La acusación particular lo tiene claro: no. "La juez no recabó información esencial sobre el caso, incluidas las identidades que participaron en la operación, hasta meses después de los hechos, cuando varias ONG emprendieron la causa judicial sobre su inacción", apunta. En ese sentido, hace un año la instrucción sufría un parón. No fue hasta que se cumplió el primer aniversario de la tragedia cuando se imputó por primera vez a alguien por el despliegue policial. Y la instructora no escuchó a los agentes hasta 13 meses después de los fallecimientos. "El balance del 6 de febrero fueron 14 muertes y una desaparición. Estamos preocupados por la falta de rendición de cuentas y la impunidad con la que se pretende cerrar este trágico incidente", concluyen los colectivos sociales.

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