Dos cirujanos de futbolistas, investigados por homicidio imprudente

Un juzgado de Murcia investiga la responsabilidad de los médicos en un brote de hepatitis B

Un juzgado de Murcia señala a los doctores Pedro Ripoll y Mariano de Prado —famosos por operar a muchos futbolistas— y a dos de sus colaboradores, como responsables de un posible delito de homicidio imprudente. Según un informe de la Consejería de Sanidad murciana, un brote de hepatitis B aguda originado en junio de 2013 en la Unidad de Biología Regenerativa de la clínica Ripoll y De Prado, SLP ha obligado a estudiar a más de mil personas, ha infectado al menos a seis y una mujer ha fallecido. Los investigados aseguran que es “un error”.

El auto judicial de 22 de julio de 2015 dice así: “En este órgano judicial se han recibido las actuaciones que preceden en virtud de denuncia de doña María López Saorín, por la presunta comisión de un delito de homicidio por imprudencia en la atención médica dispensada a doña Antonia Hernández López desde el día 24 de julio de 2013, que resultó fallecida, resultando imputados los representantes legales de la entidad Clínica Doctores Ripoll y De Prado SLP, y siendo responsable ésta última”. Y más adelante: “Los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la existencia de delito de homicidio por imprudencia”.

En el despacho del doctor Pedro Luis Ripoll, responsable y administrador de la clínica que lleva su nombre junto con su cuñado, el también cirujano Mariano de Prado, hay un expediente de casi una decena de carpetas y un grosor de diez centímetros. Es probablemente el más largo de los historiales que atesora este prestigioso médico asentado en Murcia, una eminencia en el mundo de la traumatología española, múltiples veces premiado, que ha operado de lesiones a grandes futbolistas españoles (Xavi Alonso, del Real Madrid, Borja Valero y Farinós —centrocampistas del Villarreal, Forlin (central de Enpanyol), Wellington (del Málaga), Pelegrín (del Elche), mantienen convenios con varios clubes, y cuyo centro fue reconocido en diciembre de 2013 como Centro de Excelencia de la FIFA, uno de los 23 que hay en todo el mundo.

Un informe con nombre y otro sin nombre

P.O.D.

La Consejería de Sanidad de Murcia, en su informe de 13 de febrero de 2014, ubica el foco de hepatitis B en la clínica Ripoll y De Prado SLP. Pero, con fecha de 17 de marzo del mismo año, existe un informe idéntico en el que desaparece el nombre de la clínica, que es sustituido en todas las ocasiones por "una clínica privada". Preguntada por ese cambio la jefa del Servicio de Epidemología, Carmen Navarro, no quiso hacer declaraciones.

El nombre de la clínica permanece, en cambio, en las notificaciones enviadas a los afectados y firmadas en julio de 2014 por el Director General de Salud Pública, Francisco José García Ruiz: "Brote de hepatitis B en investigación en la Clínica Ripoll y De Prado, SLP". En la Consejería se limitaron a responder: "No hacemos declaraciones de un caso judicializado".

Desde hace más de dos años, concretamente desde ese 24 de julio de 2013, el doctor Ripoll y su equipo de abogados vienen acumulando un arsenal de documentación, que pudo ver EL PAÍS, para enfrentarse a una imputación que consideran “un error” y que puede poner en cuestión su dilatada carrera de éxitos en el mundo de la medicina del deporte española.

El auto judicial y un amplio y pormenorizado informe interno de la Consejería de Sanidad de Murcia señalan a su clínica como el lugar en el que se produjeron en la citada fecha (y en otras dos en el mes de septiembre de ese mismo año) una serie de contagios (al menos seis, una de ellos mortal, según el Servicio de Epidemiología murciano) de hepatitis B aguda.

“No me considero imputado”, dice pese al auto y a reconocerse como responsable de su clínica y portavoz de la misma en el asunto. “Puedo probar que esta paciente no murió de hepatitis B fulminante”, como señala el informe de Sanidad y el parte de defunción. Y arguye: “Pudo morir con hepatitis B, pero no de hepatitis B, como dicen los informes de los peritos que yo he encargado”. “No fue en mi clínica”, defiende. Y argumenta, desde su consulta en el Hospital Quirón de Murcia, que por aquel entonces prestaban los servicios en una sala de “este hospital, en el antiguo sanatorio de la monjas” donde pusieron en marcha la Unidad Biológica Regenerativa (UBR), donde presuntamente se produjo el contagio y con la que “intercambiamos pacientes, en una relación de mutua confianza, pero esa unidad es fiscalmente independiente”.

Los responsables de dicha unidad (UBR), el doctor Juan Miguel Morillas y Julio Yelo, miembros del “cuadro médico” de la clínica Ripoll y De Prado —según su web—, fueron también imputados en un segundo auto del juez el pasado 2 de noviembre de 2015. “Colaboramos con ellos, intercambiamos pacientes, pero es una unidad médica totalmente independiente”, asegura Ripoll, que dice sentirse “personalmente responsable” de sus “colaboradores”.

En la actualidad la UBR, donde siguen realizando infiltraciones —a 350 euros cada una—, está dentro de su clínica, “en régimen de arriendo”, puntualiza. Los servicios de la clínica Ripoll y De Prado, SLP se trasladaron del Hospital Quirón a un nuevo edificio al lado tras la inspección de Sanidad, que comenzó a funcionar en octubre de 2014. Por eso dice Ripoll que el contagio no fue en su clínica, porque “no existía”. Existir, existía desde 2009, pero no funcionaba ahí sino en Quirón.

El sistema regional de salud se puso en marcha por un caso, “notificado a través de la Red Regional de Vigilancia Epidemiológica”, que llevó a otro y éste a otros cuatro y los técnicos sanitarios, en su investigación llevada a cabo en febrero de 2014 y recogida en el mencionado informe de la Consejería de Sanidad, concluyen que todos tienen un denominador común: “Los pacientes han estado sometidos a un tratamiento con factores de crecimiento, o plasma enriquecido, en esa clínica privada”. Se trata de una técnica cada vez más popular que ofrecen en la clínica Ripoll y De Prado SLP desde 2012 con fines analgésicos contra la osteoartritis, y que consiste en extraer sangre del paciente y centrifugarla para después reinyectarle su propio plasma enriquecido en plaquetas con un objetivo esencialmente reparador de tejidos.

El informe de la Consejería de Sanidad

El informe de Sanidad es contundente: “Se revisaron todos los casos de hepatitis B aguda notificados en la región desde el 1 de enero de 2013, encontrándose otro caso con el mismo antecedente de riesgo y una relación témporo-espacial con el caso investigado”. Y continúa: “A lo largo de la investigación se identificaron varios casos más de hepatitis aguda, diagnosticados en 2014, con antecedentes de infiltraciones de factores de crecimiento plaquetario en la misma clínica de Murcia entre enero de 2013 y febrero de 2014. Las personas expuestas a dicha técnica procedían de varias comunidades autónomas, pudiendo tratarse de un potencial brote supracomunitario”.

En total, y siempre según el informe oficial, eran “1012 los pacientes que habían recibido tratamiento (675 de Murcia, 180 de Andalucía, 129 de Valencia…) en ese periodo en la clínica hasta en 3.484 ocasiones” (el tratamiento recomienda un mínimo de tres infiltraciones a cada paciente). “Se identificaron seis casos de hepatitis B aguda, cinco sintomáticos, con antecedentes de infiltraciones en la clínica investigada, y uno asintomático”. Uno de ellos [Antonia Hernández], “falleció por hepatitis B fulminante”, señala el informe.

“El único factor de riesgo común para todos era el tratamiento con plaquetas de crecimiento en la clínica privada”. Y, el informe, valora ese riesgo de este modo: “Es 182 veces superior al de la población de la región de Murcia de igual rango que no estuvo expuesta a dicho tratamiento en esta clínica, es decir, el 99,5% de la incidencia de la enfermedad en los tratados con factores de crecimiento se habría evitado si no se hubiera producido la exposición al tratamiento en dicha clínica”.

Analizando la curva epidémica, señala tres fechas de máxima probabilidad de contagio: el 24 de julio de 2013, y el 10 y el 24 de septiembre de ese mismo año. Y apunta “la posibilidad de que algunos de los casos detectados con serología B pasada no identificados como agudos, pudieran haber sido casos del brote y que en el momento de realizar la analítica no se detectara el marcador de infección aguda por haber pasado más de seis meses”, tiempo en el que el virus está activo. Es decir, apunta a la existencia de más casos. Y añade: “No se descarta que haya podido haber más casos incidentes agudos que no se han podido diagnosticar por el tiempo transcurrido entre la fecha de la infección y la realización de los análisis serológicos”, los que se realizan para identificar posibles enfermedades infecciosas. También refleja que “no se tiene constancia de que en ninguno de los casos se realizase una serología previa al inicio del tratamiento con factores de crecimiento”, es decir, la clínica en cuestión no realizó esas analíticas a sus pacientes antes de tratarles.

El 19 de febrero de 2014 el servicio de Inspección sanitario “suspendió de manera preventiva las infiltraciones de factores de crecimiento en la clínica investigada”, aunque se reanudó semanas más tarde. Hubo inspección pero no sanción.

Se produjeron reuniones con el Ministerio de Sanidad, con el Servicio Nacional de Epidemiología, con el Centro Nacional de Microbiología y con el Centro de Coordinación de Alertas (CCAES) en abril de 2014, recoge el informe. “Se contactó con las personas atendidas en la clínica investigada entre el 1 de enero de 2013 y el 19 de febrero de 2014 —“teniendo en cuenta el periodo de incubación de seis meses del primer caso de hepatitis aguda detectado, que comenzó con sintomatología en julio de 2013”— para informarles de la conveniencia de realizarse serología en relación con este estudio”. Se detectó “un caso de infección crónica en ese periodo”.

"Hepatitis fulminante"

El doctor Ripoll, erigido en representante y portavoz de “este asunto” y armado con su dossier de peritajes que él mismo ha encargado a otros prestigiosos médicos, niega la mayor. Entiende que Antonia Hernández, una mujer de Cieza de 83 años, no murió de hepatitis B, pese a que así lo indica el informe de su defunción de 14 de enero de 2014 al que tuvo acceso este periódico y también el informe de la Consejería murciana, que dice que murió de “hepatitis fulminante”. “Fue a la clínica porque le dolía la planta del pie al andar y quería seguir viajando, le dijeron que era la mejor y murió en seis meses”, señala una familiar. “Mis peritos dicen que, con los datos analíticos que da el informe de éxitus, no se puede afirmar que esta mujer muriera de Hepatitis B. Pudo morir con Hepatitis B, pero no de hepatitis fulminante”.

Además, Ripoll dice poder probar con los documentos de sus peritos que el estudio Sanidad “está mal hecho” porque se basa en “probabilidades” y no en datos filogenéticos, es decir, en el genotipo (como el ADN) del virus analizado, que son los que podrían demostrar el contagio sin ningún género de dudas. No obstante, el informe señala: “El análisis del genotipo del virus de hepatitis B ha podido realizarse en cuatro pacientes, los únicos que presentaban aún en el momento del estudio suficiente carga viral para realizar este análisis”. Y detecta dos casos en el que el genotipo es el mismo: “Ambos coincidieron en la clínica investigada el 24 de septiembre de 2013”.

Tampoco entiende el doctor Ripoll que el brote de esa enfermedad contagiosa se produjera en su clínica, como recogió la Consejería de Sanidad en el informe de 13 de febrero de 2014. Existe un informe idéntico de la misma Consejería con fecha posterior, 17 de marzo del mismo año, en el que desaparece misteriosamente el nombre de la clínica, que es sustituido en todas las ocasiones por “una clínica privada”. También se omite en el informe "el anexo 2", que supuestamente apunta las razones por las que se pudo producir el contagio. Preguntada la jefa del Servicio de Epidemiología y responsable del informe, Carmen Navarro, no quiso responder al respecto. “Lo defenderé en los tribunales”, dijo y aludió a su prestigio y a su currículum. Preguntados al respecto en la Consejería de Sanidad, respondieron: “No hacemos declaraciones sobre un caso judicializado”.

No obstante, el nombre de la clínica permanece en la notificación enviada a algunos de los afectados y firmada el 14 de julio de 2014 por el director general de Salud Pública de Murcia, Francisco José García Ruiz: “Le comunico que doña Antonia Hernández es una de las pacientes incluida como caso de hepatitis B en el brote de hepatitis B en investigación en relación con el tratamiento de factores plaquetarios en la Clínica Ripoll y De Prado, SLP”.

En estos momentos, y a la espera del estudio forense encargado por el juez, el procedimiento judicial continúa en el juzgado número 9 de Murcia.

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