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Pegamento para olvidar las calles

Cerca de medio centenar de niños viven al raso en Melilla, donde intentan cruzar a la Península como polizones

J. J. Gálvez
Tres chicos, que viven en la calle, observan los barcos del puerto de Melilla.
Tres chicos, que viven en la calle, observan los barcos del puerto de Melilla.Antonio Ruiz

La última exhalación hincha tanto la bolsa de plástico que la pequeña cabeza de Allal desaparece tras ella. Entonces, con ansia, el chaval de 11 años inhala de golpe el contenido. El pegamento inicia el camino hasta sus pulmones, pasa a la sangre y se distribuye por todo su cuerpo. En solo unos segundos, ya nota los efectos. Comienzan los balbuceos. Los ojos se le abren como platos. Grita. Y aparece una mirada perdida que comparte con la mayoría de la veintena de niños y adolescentes que observan, apostados de noche en la muralla de Melilla, los barcos que salen del puerto. Todos desean subirse a uno, llegar a la Península como polizón y empezar otra vida. Una que los aleje de estas calles, donde huyen de la policía, consumen drogas, sufren abusos y duermen al raso durante años: hasta que cruzan o son devueltos a Marruecos.

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Más de medio millar de menores magrebíes, que atravesaron solos la frontera, viven actualmente en el enclave español. La tutela corre a cargo del Gobierno municipal, que cuenta con tres centros para alojarlos. Pero están completos. Y la instalación más grande, La Purísima, arrastra desde hace lustros una saturación constante —actualmente tiene a 340 chavales, pese a su capacidad para 180— y denuncias por malos tratos de las ONG. "No reúne las características para ser considerado un recurso residencial de larga duración", sentenció el Defensor del Pueblo en un informe.

Dos factores que, según cuentan los propios jóvenes, empujan a medio centenar de ellos a la calle. Prefieren deambular por la ciudad todo el día, mendigar, recibir palizas en las cercanías del Rastro y dormir al raso o en edificios abandonados. Siempre, sin perder de vista el puerto. "En el centro no quiero estar. Nos tratan mal", repite Huese, vestido con pantalones y chaqueta militar, con un pañuelo de camuflaje en la cabeza, mientras otea la Plaza del Bote. Le acaban de avisar de que una pareja de policías la ronda, así que este adolescente —asegura que tiene 17 años— se escabulle entre las intrincadas calles de la ciudadela. Pero vuelve a los pocos segundos. Falsa alarma.

"El problema se acentuó en 2013. Desde entonces, las autoridades quitan la residencia y la documentación a quienes cumplen 18 años. Los dejan en la calle con lo puesto", relata José Palazón, de la ONG Prodein, que explica que entonces se les detiene y expulsa a Marruecos. "No se está aplicando ninguna política más allá de medidas policiales. El Gobierno de Melilla está primando la seguridad ciudadana frente a los derechos de los menores", denuncia Antonio Zapata, miembro de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía, que recuerda la redada que la delegación del Gobierno organizó en agosto, cuando desplegó de madrugada un dispositivo policial —incluido helicópteros— para perseguir e interceptar a 87 chicos que vivían en las calles.

El consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura (PP), defiende la labor desarrollada en la ciudad. Entre otras medidas, afirma que crearon equipos de educadores para "convencer a los chicos de que entren en La Purísima". "Pero hay un grupo de ellos que no quiere normas", apostilla el representante público, que añade que muchos se dedican a robar —"empleando la violencia, incluso"—. Ventura considera la situación “un problema de Estado” y ha pedido a Interior que hable con Marruecos: "Reclamamos un techo de 500 menores. No podemos tener más. Es insostenible"

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Chaperos y sueños

Pero estos argumentos del Gobierno local no convencen al Defensor del Pueblo, que emitió el pasado 16 de enero un duro dictamen. Instó a Melilla a "adoptar medidas asistenciales y educativas", "visto que las medidas coactivas no se han demostrado efectivas": "Las dificultades encontradas por los menores, como la discriminación en su escolarización, desincentivan su permanencia en los centros y suponen un acicate para que quieran dirigirse a la Península".

En la calle se han sucedido los casos de abusos sexuales. Y las ONG denuncian que muchos chicos se prostituyen. Pero de "cómo me gano la vida", Huese no quiere hablar. Tampoco Simo, Hasiel, de 17 años ambos. Ni Abdielh, de 15. Los cuatro llegaron de Fez. Entraron en la ciudad tras colarse a la carrera por los pasos fronterizos. Tienen a sus familias en Marruecos. "Hablé con mi madre hace una semana", relata Huese, el tercero de cinco hermanos. Sueña con ser peluquero. Si consigue vivir al otro lado del Mediterráneo.

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Sobre la firma

J. J. Gálvez
Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.

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