El juez Castro autoriza a Urdangarin la venta de dos pisos en Palma

Los inmuebles del esposo de la Infanta serán ofrecidos en 250.000 euros

El juez  del caso Nóos, José Castro, ha autorizado a Iñaki Urdangarin a vender por 250.000 euros dos pisos con plazas de garaje y trasteros que tiene en Palma a nombre de Aizoon, la empresa que comparte al 50 % con su esposa, la infanta Cristina. 

La decisión de ordenar el levantamiento del embargo de los pisos se produce días después de que Urdangarin presentara un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma en el que advertía del "peligro" de que los interesados en los inmuebles pudieran haber abandonado su interés" en adquirirlos, alegando no haber recibido ninguna nueva notificación judicial de cara a serle autorizada la venta de los inmuebles, valorados en 317.000 euros."El precio de 250.000 euros, aunque ciertamente escaso, representa una oferta seria que en las condiciones actuales es aceptable, tanto más cuando absolutamente ninguna de las partes acusadoras ha manifestado lo contrario tras que se diera traslado del informe de tasación", indica el juez en su escrito.

Los dos apartamentos, de 65 metros cuadrados cada uno, están ubicados en un edificio moderno de segunda línea del paseo Marítimo, una de las zonas más caras de Palma, a menos de un kilómetro del Palacio de Marivent. La compra de los inmuebles ocurrió una década atrás.

El año pasado, el juez Castro autorizó a la Infanta y su esposo a vender su palacete de Barcelona por 6,9 millones de euros, trabado con una hipoteca de 4,4 millones. El inmueble de mil metros cuadrados y llamado palacete de Pedralbes había sido comprado por la pareja en 2004.

El juicio del caso Nóos, que arrancó el 11 de enero con una sesión íntegramente dedicada a las cuestiones previas en la que la infanta Cristina se sentó en el banquillo junto a los otros 17 acusados, se reiniciará el 9 de febrero. Antes, el tribunal de la Audiencia de Palma que enjuicia la presunta trama de corrupción en torno al Instituto Nóos, deberá resolver sobre la petición de la defensa de la infanta de que se levanten las imputaciones de delito fiscal que pesan sobre ella por la falta de legitimación de la acusación popular de Manos Limpias para ejercer esa función en solitario

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