La Comisión Europea bloquea las subvenciones a proyectos de Acuamed

Las desaladoras españolas han recibido 821 millones de euros en fondos públicos de la UE

La obra que implica a altos cargos del Gobierno, Bajo Almanzora, recibió 22,7 millones

La Comisión Europea ha bloqueado todos los pagos de subvenciones con fondos europeos a proyectos gestionados por Acuamed, la empresa pública investigada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco por fraude en distintas obras hidrológicas (desaladoras, conducciones de agua...) en la costa mediterránea. Bruselas ha ordenado suspender todos los expedientes de obras subvencionadas que aún tienen importes pendientes de pago y ha pedido explicaciones a España sobre el caso, según confirman a EL PAÍS fuentes comunitarias.

Las desaladoras españolas han recibido más de 821 millones de euros en fondos públicos de la UE entre 2000 y 2013. El dinero europeo ha permitido construir seis de estas infraestructuras en Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares, Cataluña, Andalucía y Melilla dentro del periodo 2000-2006 y otras seis entre 2007 y 2013 en Andalucía y la Comunidad Valenciana, según datos de la Comisión Europea.

Algunas de estas obras han llegado a entrar en la lista de “grandes proyectos” de los fondos Feder (Fondo Europeo de Desarrollo Regional). Son los Estados miembros los que escogen qué infraestructuras reciben subvenciones europeas en función de su importancia para el desarrollo del país.

Dinero europeo para la obra sospechosa

Uno de estos proyectos es precisamente la desaladora de Bajo Almanzora, gestionada por Acuamed y bajo la lupa del juez Velasco por haber generado la "compensación indebida" de 40 millones de euros que, según el juez, implica a altos cargos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. El Gobierno escogió este proyecto para presentarlo a los Fondos FEDER, de los que finalmente obtuvo 22,7 millones de euros, según documentación de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.

El auto que el juez Velasco escribió el miércoles por la noche tras tomar declaración a los 13 detenidos en la trama --de los que cinco permanecen en prisión sin fianza-- describe cómo Acuamed pactó con FCC una "compensación indebida" de 40 millones de euros después de que en 2012 una riada inundara y dejara inutilizada la desaladora de Bajo Almanzora. Un acuerdo en el que participaron "cargos de alto nivel en el Ministerio" de Agricultura y llegó a consignarse en una partida en los Presupuestos Generales del Estado de 2015.

Uno de esos altos cargos es el entonces secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, que es actualmente el subsecretario del Ministerio de la Presidencia bajo las órdenes de Soraya Sáenz de Santamaría, según fuentes de la investigación.

La compensación a FCC quedó reflejada en los presupuestos generales del Estado de 2015, tal y como señala el auto, pero no llegó a pagarse "al conocer la denuncia que ha originado la presente causa en Fiscalía", añade el juez. Ese pago vuelve a aparecer en los presupuestos de 2016, aunque en menor cuantía.

La Comisión Europea todavía no sabe si el fraude afecta a los proyectos que subvencionó ni en qué grado, pero, ante las noticias sobre la posibilidad de que así sea, ha decidido asegurarse de que el Gobierno español no transfiere más fondos europeos a Acuamed. También ha pedido explicaciones a la “autoridad de gestión”, que en este caso es una dirección general del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. La gestión de estos importes es compartida entre la Comisión y los Estados miembros. Y son los Gobiernos los responsables de detectar el fraude, deslizan las fuentes comunitarias.

La escollera que no existió

Otra de las obras bajo la lupa de Anticorrupción, Laminación y mejora del drenaje de la cuenca de la Rambla Gallinera, en Valencia, también recibió una cantidad importante de los proyectos Feder de 2007-2013. La ayuda programada, según documentación oficial, es de 25,5 millones de euros. Esta obra fue adjudicada a las empresas Sogeosa y Torrecámara. "Discutiendo la validez del proyecto inicial se realizaron sondeos, estudios y proyectos diferentes sin realizar el proyecto contratado, llegando a certificar por dos millones de euros unidades de obra que no están en el contrato, en concreto una escollera que no existió", asegura el juez Velasco en el auto.

La obra falsamente acabada

La planta desaladora de Torrevieja (Alicante), que fue registrada por la Guardia Civil el lunes pasado, también se benefició de fondos europeos: 29,5 millones. Acuamed se la adjudicó a Acciona (una de las constructoras investigadas). "Con la pretensión de pretender cobrar fondos europeos se dejó libertad de ejecución a la contratista con tal descontrol en la obra que se llegó a afirmar por algunos de los técnicos conniventes que esta estaba acabada cuando no era así", describe el magistrado. La liquidación que pretendía cobrar la empresa, continúa, "implicaba causar a la Administración tres millones de euros de perjuicio".

Adjudicación amañada

La Operación Frontino también se ha fijado en las actuaciones de desalación y obras complementarias para la Marina Baja - Alicante (Campello y Mutxamel), donde directamente "la adjudicación se amaña", afirma el juez. Las obras se adjudican a Altec (actualmente llamada Altyum), cuyo presidente y consejero delegado, Nicolás Steegmann, es uno de los cinco detenidos a los que el magistrado envió a prisión el miércoles sin posibilidad de fianza. Esta empresa quedó mal posicionada en el informe técnico para hacerse con la adjudicación, pese a lo cual resultó ganadora. Este proyecto entró en los "grandes proyectos" de los Fondos FEDER (2007-2013) con 19 millones de euros.

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