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Las falsas certificaciones de obras de Acuamed rondan los 25 millones

El director general, uno de los arrestados, será destituido el martes, según Agricultura

El juez Velasco citará en los próximos días como investigadas a otras 35 personas

El juez Eloy Velasco desplegó este lunes una redada anticorrupción por un fraude millonario en la empresa Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), dependiente del Ministerio de Agricultura, que hasta el momento se ha saldado con 13 detenidos y 16 registros efectuados en domicilios de los implicados y en las sedes de esta firma en Madrid, Valencia y Murcia. Entre los detenidos está el director general, que será destituido este martes, y nueve empresarios. Solo en certificaciones falsas de remates de obras el fraude se acerca a los 25 millones de euros, según fuentes jurídicas.

La Operación Frontino, en manos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, está abierta desde hace algo más de un año. El juez Velasco (el mismo que instruye la trama Púnica)investiga contratos públicos inflados para obras hídricas y medioambientales. Aparte de los 13 detenidos, el juez imputa a una treintena de personas, entre funcionarios y empresarios que recibieron contratas a dedo, troceadas o infladas, de esta firma estatal. Se investigan delitos de malversación, cohecho y fraude contra la Administración.

El Gobierno destituye al director general de Acuamed

Arcadio Mateo del Puerto, director general de Acuamed y por tanto su máximo responsable, será destituido este martes, según confirmaron ayer fuentes del Ministerio de Agricultura. El presidente del consejo de Administración de Acuamed, Pablo Saavedra, ha convocado una reunión extraordinaria del consejo con el único objeto de “acordar el cese del director general”, añadieron.

Mateo del Puerto, ingeniero industrial procedente de empresas como Accenture, Acciona y Banco Santander, fue nombrado en febrero de 2012. El grueso del consejo de Acuamed está formado por altos cargos de los ministerios de Agricultura y de Hacienda.

Acuamed tenía a finales de 2014 una plantilla de 90 personas, con cinco altos directivos y 12 subdirectores. Los gastos de personal ascendieron ese año a 6,4 millones de euros.

Una de las variantes del fraude es la siguiente: el adjudicatario fingía utilizar determinados materiales de calidad en obras y Acuamed, conocedora de la falsedad, le abonaba la certificación. Solo en este aspecto, el fraude puede alcanzar los 25 millones, según fuentes jurídicas. A cambio de validar las mendaces certificaciones, funcionarios y altos cargos de Acuamed recibían todo tipo de prebendas. Las contratas investigadas suman cientos de millones de euros. Uno de los contratos bajo la lupa de Anticorrupción es la descontaminación del embalse de Flix (Tarragona), adjudicada a FCC por 155 millones de euros en 2008.

La firma estatal Acuamed dispone de un patrimonio de casi 2.400 millones de euros y este año, por ejemplo, cuenta con 207,5 millones de euros para realizar inversiones públicas a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. Además, ha recibido un préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y cuantiosas subvenciones de la Unión Europea.

Por orden de la Fiscalía Anticorrupción y del juez Velasco, agentes de la UCO registraron por la mañana la sede madrileña de Acuamed y se llevaron detenidos al director general, Arcadio Mateo del Puerto (nombrado febrero de 2012 bajo el mandato en Agricultura del exministro y hoy comisario europeo Miguel Arias Cañete), y a la directora de Ingeniería y Construcción, María Gabriela Mañueco Pfeiffer, apuntaron fuentes jurídicas. Y en los próximos días está previsto citar en calidad de investigados (la antigua imputación) a otras 35 personas.

Certificaciones falsas

El juez Velasco indaga la presunta adjudicación fraudulenta de obras así como la supuesta falsificación de certificaciones, facturas y liquidaciones para aumentar significativamente las cantidades a abonar a las adjudicatarias. Fuentes jurídicas de la investigación señalan que aún es pronto para determinar el monto total del fraude.

El motivo de los registros efectuados este lunes es la búsqueda de numerosos contratos de los años 2007 a 2014 para el desarrollo de obras públicas en la cuenca mediterránea. Las obras bajo investigación están relacionadas, según explicó la Guardia Civil en un comunicado, “con la creación de conducciones acuíferas terrestres, acondicionamientos de cuencas de ríos y contención de embalses, construcciones de desaladoras y tratamientos químicos para la descontaminación de embalses”.

Las detenciones se realizaron en Madrid (ocho), Barcelona (tres), Valencia (una) y Alicante (una) y los registros se efectuaron en sedes sociales de empresas y domicilios particulares de esas mismas ciudades más otros dos en Murcia y Tarragona.

Acuamed depende funcionalmente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, pero en realidad el 100% de su capital está en manos de Patrimonio del Estado, que depende a su vez del Ministerio de Hacienda. Esta empresa pública de inversión ha manejado en los últimos años cientos de millones de euros en contratos. A 31 de diciembre de 2014 (última memoria publicada), los contratos vigentes que gestionaba eran 58. Acuamed cerró 2014 con un beneficio de 9,8 millones de euros. El año anterior fueron 3,8 millones y en 2011, de 1,4.

Aviso del Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas ya advirtió a finales de 2014 de los problemas de Acuamed para llevar a cabo sus atribuciones. En un informe de fiscalización sobre las sociedades estatales de aguas en 2010 y 2011, llegó a recomendar que se replanteara su existencia.

“Sería recomendable que se valorara la necesidad de seguir manteniendo esta modalidad de instrumentos de gestión, en particular si se tiene en cuenta que estas sociedades se encuentran sometidas en un grado significativamente menor que la Administración General del Estado a las normas del derecho presupuestario y administrativo”, concluyó el órgano fiscalizador de las cuentas públicas.

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