La Audiencia cierra la investigación de los abusos en Guantánamo

La Sala de lo Penal sostiene que la jurisdicción universal no es "absoluta"

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La Audiencia Nacional da por cerrada la investigación de las torturas en la cárcel de Guantánamo. La Sala de lo Penal ha confirmado el archivo propuesto por el juez José de la Mata, que en un auto dictado en julio pasado concluyó que la última reforma de la justicia universal le impedía seguir instruyendo los abusos supuestamente cometidos en la base norteamericana contra cuatro islamistas, uno de ellos conocido como el talibán español.

En un auto dictado este lunes, la sección tercera de la Sala de lo Penal concluye que los abusos investigados en la base norteamericana de Guantánamo (Cuba), que se produjeron entre los años 2002 y 2005, no encajan en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que regula el principio de jurisdicción universal de los tribunales españoles. La Audiencia rechaza los recursos presentados por algunas de las acusaciones, que consideran que algunos tratados internacionales firmados por España chocan con la reforma de la justicia universal.  "De los tratados que configuran el Derecho Penal Internacional no se deriva con carácter imperativo la necesidad de establecer en cada Estado firmante un modelo de Jurisdicción Universal absoluta e incondicionada", señala el auto de la Sala de lo Penal.

Aunque una de las víctimas, el ceutí Hamed Abderramán Ahmed, tiene nacionalidad española, la Audiencia cree que ya solo podría investigar Guantánamo si alguna de las personas contra las que se dirige el procedimiento se encontrara en España, algo que no ocurre en este momento. El tribunal, presidido por Alfonso Guevara, lamenta que en el que la investigación ni siquiera ha podido concretar "nominativamente" la identidad de los investigados por la falta de colaboración de las autoridades de Estados Unidos, que no respondieron a las comisiones rogatorias cursadas desde la Audiencia Nacional.

Cuando propuso cerrar el caso, el juez de la Mata fue muy crítico las restricciones que la reforma de la justicia universal ha impuesto a los jueces para perseguir delitos y de la interpretación que ha hecho el Tribunal Supremo de algunos aspectos de la norma que podían haber salvado causas abiertas en España. La sección tercera de la Audiencia ha apoyado su decisión, pero aunque admite que el nuevo modelo de jurisdicción universal es “restrictivo”, da a entender que el Gobierno se ha visto a poner coto a la “actividad jurisdiccional expansiva” de algunos jueces de la Audiencia Nacional. Según la Sala de lo Penal, España se había convertido en “polo de atracción para procedimientos” en los que los autores no estaban en el país ni existían “criterios relevantes” de conexión entre esos delitos y España, “lo que provocó una doble reacción legislativa para establecer un criterio cada vez más restrictivo”

La querella se dirigía contra cinco miembros de la Administración del expresidente estadounidense George W. Bush, que en 2002 creó en Guantánamo una prisión al margen de las leyes nacionales e internacionales. Los querellados eran, además de Bush, el exvicepresidente Dick Cheney; el exsecretario de Defensa Donald Rumsfeld; el general Michael Lehner, jefe militar de Guantánamo; y el general Geoffrey Miller, jefe de operaciones de detención e inteligencia de la base.

La querella la interpusieron Hamed Abderraman Ahmed, conocido con los alias de Hamido y el talibán español; el marroquí Lahcen Ikassrien, con residencia y arraigo en España cuando se abrió la investigación; el palestino Jamil Adullatif El Banna y el libio Omar Deghayes. Todos fueron entregados a España, después de pasar por Guantánamo. A la querella se unieron también otros colectivos como la Asociación Libre de Abogados (ALA), el Centro por los Derechos Constitucionales y la Asociación Pro Dignidad de los Presos y Presas de España.

La investigación de los abusos en Guantánamo la inició Baltasar Garzón en 2009 y la reactivó en 2012 Pablo Ruz. Una vez aprobada la reforma de la justicia universal, Ruz consideró que la ley colisionaba con tratados internacionales suscritos por España y decidió proseguir con la investigación. Pero la sentencia dictada en mayo sobre el genocidio del Tíbet ha cerrado definitivamente el camino al sustituto de Ruz.

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