Julián Muñoz asume tres delitos por la operación de la parcela de Connery
El exalcalde de Marbella es juzgado por el caso de la recalificación urbanística de la parcela de Sean Connery y de un supuesto fraude fiscal en la venta de apartamentos
El exalcalde de Marbella Julián Muñoz ha asumido este lunes los tres delitos de los que está acusado en el conocido como caso Goldfinger, que gira alrededor de la recalificación urbanística de la parcela en la que estaba la casa de Sean Connery en Marbella (de nombre Malibú) y un supuesto fraude fiscal en la venta de los 72 apartamentos que se construyeron en ese suelo. El expolítico, con una salud muy delicada, ha vuelto este lunes al banquillo de los acusados, apenas tres semanas después de ser condenado a dos años y tres meses de prisión por otro procedimiento vinculado a su etapa en el Ayuntamiento de la localidad malagueña (Fergocon).
Muñoz, que se apoya en muletas para caminar, está acusado en Goldfinger de dos delitos contra la ordenación del territorio y uno de fraude. Gracias a un antiguo acuerdo con la fiscalía, el exregidor se puede beneficiar en el tema urbanístico si asume las irregularidades, algo que ha hecho ante la sección octava de la Audiencia de Málaga y que implicaría una condena de un año de cárcel. En cuanto al delito de fraude, que también ha reconocido, se desconoce si Anticorrupción admitirá que se solvente con esa pena o requeriría alguna condena extra. Inicialmente, se expone a una petición fiscal total de cuatro años de cárcel.
Como ha ocurrido en juicios anteriores, el exregidor ha vuelto a pedir perdón por sus delitos. "Me mantengo", ha dicho ante los magistrados. "No solo me conformo (con los hechos), sino que me arrepiento de los hechos cometidos en lo que me ha afecta", ha añadido Muñoz, vestido con un pantalón de chándal y abrigado con un anorak verde. El exregidor se sienta en el banquillo junto a otras 17 personas, incluido Juan Antonio Roca, exasesor de Urbanismo de Marbella y cerebro del caso Malaya, en el que está condenado a 17 años de prisión en una sentencia firme. Roca lleva casi una década en prisión.
Hay otros seis exconcejales de Marbella que, igual que Muñoz, han reconocido los hechos y se benefician del acuerdo con la fiscalía. Según el caso, son condenados a 15 meses de cárcel (Javier Lendínez); un año (Rafael González y Marisa Alcalá); y nueve meses de prisión (José Luis Fernández Garrosa, Alberto García Muñoz y Tomás Reñnes). El caso Goldfinger continuará este martes tras las cuestiones previas planteadas por los abogados, y está previsto que la vista oral se prolongue durante un mes. Entre los principales acusados están los abogados del despacho que llevaba los intereses de los Connery en Marbella.
Anticorrupción reclama en total más de 150 años de prisión en este proceso. Además de la parte urbanística, con sendos convenios que permitieron construir 72 viviendas de lujo en una parcela donde inicialmente solo se podían levantar seis casas, el caso se centra en los "mecanismos" presuntamente ideados para evitar el pago de impuestos por la venta de los apartamentos y derivar el dinero hacia el extranjero. Existe una pieza separada de este sumario que afecta a lady Micheline Connery (esposa de Sean Connery), que se enfrenta a una petición de condena de dos años y seis meses de cárcel por un supuesto delito fiscal. El juez instructor de Marbella decretó recientemente la apertura de juicio oral contra ella, auto que debe notificarse a las autoridades de Bahamas, donde el matrimonio Connery se estableció tras vender su mansión de Marbella.
Roca se queja de la falta de permisos tras una década en la cárcel
Juan Antonio Roca, exasesor de Urbanismo de Marbella y cerebro de la trama de corrupción de Malaya, está acusado en el caso Goldfinger de ser inductor de dos delitos contra la ordenación del territorio (por los acuerdos municipales que permitieron levantar 72 apartamentos de lujo en el suelo donde estaba el chalé marbellí de los Connery) y de cohecho pasivo (recibir sobornos). La Fiscalía Anticorrupción reclama para él ocho años de cárcel, petición que en el caso del Ayuntamiento (acusación particular) se eleva a 12 años.
Hace casi una década que Roca ingresó en prisión. Los 10 años se cumplirán el próximo 29 de marzo, aniversario del día que estalló Malaya, y el antaño hombre fuerte del fallecido Jesús Gil no ha pisado la calle, excepto para sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional o de algún tribunal malagueño. Acumula condenas firmes por los casos Saqueo 1, Minutas y Malaya, que está a punto de ejecutarse y supone para él otros 17 años de reclusión. Saqueo 2 (seis años de cárcel por malversación) no es firme.
Su abogada, Rocío Amigo, ha aprovechado este lunes la fase de cuestiones previas del juicio por Goldfinger para quejarse de que su cliente no ha disfrutado en todo este tiempo de un permiso penitenciario, tras lo que ha pedido amparo a la Sección Octava de la Audiencia de Málaga para que “restablezca” su derecho a la libertad. “Se vulnera este derecho (…) Se han pedido permisos y siempre se deniegan porque la fiscalía se opone sistemáticamente alegando la multitud de causas pendientes. Y también se opone sistemáticamente a aunar causas”, ha subrayado la letrada.
Porque su tesis es que los hechos que se juzgan en el caso Goldfinger, ya se han investigado en otros sumarios. El delito de cohecho del que está acusado Roca se centra en que supuestamente recibió dos apartamentos del complejo Malibú como dádiva por los favores urbanísticos. Según la letrada, los jueces instructores de Saqueo 1 y Malaya no apreciaron irregularidades en estas propiedades. El de Goldfinger sí vio indicios de delito, aunque Amigo asegura que no investigó porque ni siquiera interrogó sobre el supuesto soborno a los dueños de la promoción. “Es el tercer enjuiciamiento sobre los mismo hechos”, ha insistido la letrada.
