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La fiscalía denuncia a la Xunta por restringir fármacos de la hepatitis C

Un colectivo médico asegura que varios pacientes murieron mientras el Gobierno gallego retrasaba sus tratamientos

La fiscalía ve indicios de delito en las restricciones impuestas por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo a los nuevos y costosos fármacos recetados a enfermos de hepatitis C en el último año. El ministerio público ha presentado denuncia contra el Servizo Galego de Saúde (Sergas) en los juzgados de Santiago de Compostela después de investigar durante varios meses la querella presentada por un colectivo médico que asegura que varios enfermos han muerto en Galicia mientras esperaban a que la Xunta autorizase los medicamentos que le habían sido prescritos por su facultativo especialista. El juzgado de instrucción número 3 de la capital gallega será el encargado de investigar los hechos.

La Asociación Batas Blancas presentó su denuncia ante la fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia  en marzo de 2015, cuando arreciaban las protestas contra el Sergas de facultativos y afectados por la hepatitis C indignados con los retrasos y denegaciones de medicamentos de nuevo cuño como el Sovaldi que multiplican la esperanza de curación de estos enfermos. La Xunta de Feijóo, que siempre ha presumido de ser pionera y diligente en la aplicación de criterios de austeridad presupuestaria, impuso por entonces un laberinto burocrático para dar el visto bueno definitivo a la dispensación de estas medicinas. Después de ser recetadas por el médico, las prescripciones tenían que ser aprobadas no solo por la comisión de farmacia del hospital sino también por la Comisión Autonómica y Central de Farmacia y Terapéutica. Según los médicos denunciantes, este órgano asesor formado por tres farmacéuticos y siete médicos nombrados por el director general de Asistencia Sanitaria del Sergas no tiene entre sus funciones la “anulación o confirmación de un tratamiento si no es de uso compasivo”.

La Asociación Batas Blancas, cuyo vicepresidente es Evaristo Varo, a la postre presidente-fundador de la Sociedad Española de Trasplante Hepático, sostiene que en esta cadena de controles creada por la Xunta para prescribir los nuevos fármacos contra el virus de la hepatitis C se retrasaron “deliberadamente” las resoluciones (incluso con el extravío de expedientes) y se denegaron tratamientos a pacientes que cumplían los requisitos establecidos por el Ministerio de Sanidad.

El colectivo médico denunciante cita el caso de una mujer de A Coruña que falleció tras esperar seis meses por el dictamen de la comisión de la Xunta. Durante ese tiempo, el paciente no tiene garantías de un plazo máximo ni información sobre su expediente, subraya Batas Blancas. “Lo más grave, en muchos de los casos, es que pasa el tiempo y no hay contestación. El silencio administrativo es la respuesta. Este caso se da en pacientes en los que no hay ninguna duda de que se cumple sobradamente el protocolo”, señala la asociación en el escrito que ha dado pie a la denuncia de la fiscalía.