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El Gobierno actuará aunque esté en funciones contra Puigdemont

La reforma de la Ley del Tribunal Constitucional permite actuar si avanza a la independencia aunque no haya investidura

El Gobierno de Mariano Rajoy tiene capacidad para actuar penalmente contra Carles Puigdemont y así lo hará si avanza hacia la independencia, aunque se encuentre en funciones.

El pasado mes de septiembre, el PP aprobó una reforma de la Ley del Tribunal Constitucional en la que introdujo una referencia a la capacidad de actuar del Gobierno en funciones. En concreto, el preámbulo señala que en caso de incumplimiento de sus resoluciones, el Tribunal "podrá imponer multas coercitivas, acordar la suspensión de las autoridades o empleados públicos responsables del incumplimiento, o encomendar al Gobierno de la Nación, aun en funciones, la ejecución sustitutoria".

Esa actuación del Constitucional se pondría en marcha si el nuevo Gobierno de la Generalitat o el Parlamento catalán pusieran en marcha leyes o iniciativas que tuvieran origen en la resolución independentista que fue anulada por el tribunal en diciembre.

La reforma legal aprobada por el PP permite al Tribunal garantizar el cumplimiento de sus resoluciones, en este caso, que no puedan aprobarse iniciativas que partan de la resolución anulada. Se establece un procedimiento que permite a iniciativa del Gobierno "acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento, durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del Tribunal".

Añade que es el Gobierno el que puede ejecutar esa suspensión y el Tribunal puede deducir testimonio para que la Justicia actúe contra los responsables de la Generalitat que incumplan la suspensión, en este caso, el nuevo presidente.

Según el Ejecutivo, la ley del Gobierno también permite la actuación aunque esté en funciones para poner en marcha el artículo 155 que suspende competencias autonómicas. Esa aplicación debe ser votada en el nuevo Senado que se constituye el miércoles y donde el PP tiene mayoría absoluta.

Esa ley asegura que el Ejecutivo en funciones “facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas". En esos "casos de urgencia" entraría la aplicación del 155 para hacer frente al independentismo.

La advertencia de que el Gobierno de Rajoy actuará si es necesario estaba incluida en el comunicado que La Moncloa hizo público el sábado tras conocerse el acuerdo para investir a Carles Puigdemont.

En la Audiencia Nacional ya hay actuaciones penales contra ayuntamientos catalanes que tomaron decisiones que eran consecuencia de la resolición anulada. Es decir, lo mismo que haría el nuevo Gobierno si promueve proyectos de ley consecuencia del texto independentista.