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Costa negocia día a día el pacto con la izquierda que le permite gobernar

El Partido Socialista portugués firmó tres acuerdos diferentes con los comunistas, los verdes y los bloquistas para así desbancar del poder a la coalición de centro derecha

El acuerdo del Partido Socialista (PS) portugués con las fuerzas políticas a su izquierda es tan sui géneris que ni se llama así. Tampoco hubo una fotografía conjunta de todas las fuerzas para refrendar el día histórico. Y ese pacto tampoco impide que los comunistas presenten en el Parlamento sus propias propuestas, aunque sean rechazadas por sus mismos socios del Gobierno. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, viaja este jueves a Portugal para conocer de primera mano cómo gobierna una coalición de izquierdas en ese país. Ciudadanos ya ha adelantado que rechaza un pacto a la portuguesa, que el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ve deseable.

Al contrario que en Portugal, en España la agregación de las izquierdas no da mayoría absoluta. La suma de PSOE (90 diputados), Podemos y sus marcas territoriales (69) e IU (dos) da 161 diputados, lejos de los 176 que marca la mayoría absoluta. Para llegar, necesitaría a los independentistas de izquierda de ERC (9) y Bildu (2), lo que dificulta el pacto hasta el extremo. En Portugal, para alcanzar la mayoría parlamentaria de 116 votos la izquierda tenía que sumar los 86 diputados del Partido Socialista, los 19 de Bloco de Esquerda y los 17 del PC.

La hoja de ruta de António Costa para lograr ser primer ministro y aunar a toda la izquierda portuguesa se basó en el olvido de las rencillas anteriores, sobre todo en la campaña electoral, y en conseguir el objetivo final olvidándose de los obstáculos intermedios. Solo para comprender la dificultad de las negociaciones a tres bandas basta decir que jamás hubo una reunión conjunta, ni una foto pública, ni una declaración conjunta pública. El acuerdo del PS, firmado separadamente con el Partido Comunista (PC), los Verdes y Bloco lleva el intrincado nombre de Posición conjunta sobre situación política, y en sus páginas jamás aparecen las palabras acuerdo o pacto.

En este tiempo de Gobierno minoritario socialista, con apoyo parlamentario de PC y Bloco, no ha habido conflictos en los temas sociales. Se revocó la reforma de ley del aborto aprobada en la última sesión de la anterior legislatura, se ha aprobado la adopción de niños por matrimonios homosexuales, se han eliminado exámenes a alumnos y profesores o se han repuesto cuatro fiestas (dos laicas y dos religiosas).

Las fricciones aparecen con los recortes salariales o de impuestos. Mientras los socialistas se daban un plazo de dos años, el PC y Bloco querían que en 2016 se eliminara una sobretasa sobre el IRPF. Al final, se elimina a las rentas más bajas y al resto se escalona la reducción. Lo mismo ocurrió con el aumento del salario mínimo: el PC quiere que salte ya de los actuales 405 euros a los 600, pero el PS ya lo tiene aprobado a 530 euros para este año, aunque promete subirlo a 600 al final de legislatura.

Las diferencias en el gasto público se dirimen en reuniones técnicas bilaterales, dentro y fuera del Parlamento, con el fin de que no se plasmen en iniciativas legislativas, que darían lugar a votaciones contradictorias de cada uno de los firmantes del pacto.

El problema del cuatripartido salta cuando surge un imprevisto, algo que no se contemplaba en los programas electorales respectivos. Pese a que el nuevo Ejecutivo portugués lleva menos de dos meses en el tajo, ya le ha surgido uno (y bien gordo): la intervención en un banco.

El 1 de enero entraban en vigor nuevas normas europeas sobre la responsabilidad de accionistas y depositantes en el caso de bancos en dificultades. El Estado tenía el 61% del Banif, un banco que ya se sabía que estaba en dificultades hasta el punto de que se habían presentado hasta seis planes de restructuración sin que ninguno de ellos saliera adelante. Con la fecha límite próxima, el Gobierno decidió venderle al Santander el Banif por 150 millones de euros, además de inyectar en el saneamiento del banco más de 3.000 millones.

La solución dada por el Gobierno socialista fue llevada a votación en el Parlamento. Sus socios comunistas y bloquistas votaron en contra, pero el Gobierno salvó la venta gracias al apoyo de los diputados de centroderecha del PSD.

En el aire flotan otros futuros problemas, como la venta del Novo Banco, y la máxima del PC, que no ha variado pese al acuerdo con el PS: "Si no hay dinero para rescatar a las personas, menos debe haberlo para rescatar bancos".

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