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Tres mujeres para juzgar a la Infanta y Urdangarin en el ‘caso Nóos’

El lunes 11 de enero comienza la causa que afecta a doña Cristina, a su esposo, Iñaki Urdangarin, al expresidente balear Jaume Matas y a otras 15 persona

Tres mujeres que suman más de 32 años de experiencia judicial estarán al frente de la Audiencia Provincial de Baleares, que el 11 de enero comienza a enjuiciar la causa que afecta a la infanta Cristina, a su esposo, Iñaki Urdangarin, al expresidente balear Jaume Matas y a otras 15 personas. Samantha Romero Adán, Eleonor Moyà Roselló y Rocío Martín Hernández son las tres magistradas que forman el tribunal.

Romero, profesional de talante moderado

Samantha Romero Adán (Palma, 1972) será la ponente que redactará la sentencia y presidirá el tribunal durante el juicio. Es la más antigua en la carrera judicial de las tres y considerada una profesional de talante moderado. Tomó posesión como magistrada de la Audiencia Provincial de Baleares, en la sección primera, el 30 de abril de 2015. Procedía de la Audiencia de Tarragona, donde formó parte del tribunal penal de la sección segunda durante casi nueve años. Llegó a Tarragona en 2006, procedente de Vilanova i la Geltrú, donde tuvo su primer destino como juez en 2002. Romero Adán cursó Derecho en la Universidad de las Islas Baleares (UIB) y aprobó en 2000 las oposiciones a la judicatura y la fiscal, carrera en la que está en situación de excedencia.

La juez Rocío Martín en una imagen de archivo en la Audiencia de Palma de septiembre de 2014. EFE

Martín Hernández, 14 años en la carrera judicial 

Rocío Martín Hernández ha sido la última en incorporarse al tribunal. Es la sustituta del juez Juan Pedro Yllanes, que el pasado 16 de noviembre fichó por Podemos como número uno de su candidatura al Congreso por las islas y consiguió un escaño en las elecciones del 20-D. Esta magistrada ingresó en la carrera judicial en 2002 por oposición. Su primer destino fue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Carlet (Valencia) y es magistrada de la sección primera de la Audiencia de Palma desde septiembre de 2010.

Fue la ponente que redactó la sentencia del caso Scala, que juzgó a una trama que cobró comisiones y falseó contratos para saquear millones de euros de fondos públicos a través del Consorcio para el Desarrollo Económico de Baleares (Cedeib) en la legislatura 2003-2007. La sentencia, confirmada por el Tribunal Supremo y por la que hubo 16 condenados, supuso la mayor condena hasta la fecha a un político por corrupción, con una pena de 16 años de prisión para el exconseller balear del PP de Comercio, Industria y Energía Josep Juan Cardona.

Moyà, la ponente del auto por la muerte a palos de un caballo

Otra componente del tribunal es Eleonor Moyà, que cuando conoció su designación planteó por escrito su abstención para juzgar el caso, una petición que fue rechazada por la Audiencia de Palma. La propuso para "garantizar la imparcialidad objetiva" ante la duda de si su relación como concuñada del abogado Juan Piña (que defiende a uno de los acusados, el ex director general de Deportes, José Luis Pepote Ballester), podía ser motivo de abstención.

Eleonor Moyà Rosselló (Palma) es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Derecho de la Unión Europea por la Universidad Carlos III de Madrid. Ejerció la abogacía en los ámbitos civil y penal entre 1994 y 2010 y accedió a la carrera judicial en 2011. Como jueza ha estado destinada en el juzgado número 5 del Prat de Llobregat, antes de acceder a la Audiencia de Palma en 2013.

Tras un año en comisión de servicios, pertenece a la sección primera de lo Penal de la Audiencia de Palma desde abril de 2014, donde presidió un juicio del llamado caso Mapau, en el que fueron condenados tres funcionarios por la contratación irregular de una traductora para el Govern.

Entre sus decisiones recientes, fue ponente del auto por el que la sección primera de la Audiencia (en un tribunal que también presidió Samantha Romero) ordenó la excarcelación de un hombre condenado a ocho meses de prisión por matar a palos a un caballo en Manacor en 2012, que fue la primera persona en ingresar en prisión en España por un delito de maltrato animal.

El tribunal suspendió la pena privativa de libertad durante tres años del responsable de la muerte del caballo de carreras Sorky Das Pont a condición de que el condenado siguiera un programa de protección de animales.