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El Gobierno no paga la residencia a los dependientes leves atendidos en ellas

Las comunidades lo abonan en su totalidad porque este servicio solo está recogido en la ley para las personas con discapacidad severa y grave

Las personas a las que se les diagnostica una dependencia moderada no tienen derecho a una plaza residencial, un servicio reservado, en un decreto del Gobierno del PP de diciembre de 2013, a los de mayor gravedad. Pero miles de ellos están atendidos en estos establecimientos porque aunque tengan habilidad para desempeñar las actividades básicas, otras características los convierten en incapaces de gestionar su vida. Las comunidades están pagando este servicio sin el concurso del Gobierno y esperan que esta laguna legal se resuelva pronto.

En el Imserso, dependiente del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales,  aseguran que conocen este problema y que la ley, efectivamente, no reconoce este servicio para los dependientes moderados, pero están dispuestos a discutirlo en futuras reuniones con las comunidades y a buscar una solución.

Las personas calificadas con dependencia leve o moderada entraron en el sistema de ayudas públicas el mes de julio y la ley no prevé la opción a una plaza residencial para ellas. El examen que pasan antes de recibir una prestación evalúa, sobre todo, capacidades físicas: si pueden comer solos, vestirse, asearse, caminar. Pero hay muchas personas que pasan crisis mentales durante las cuales no comerían, o saldrían a la calle en bañador en pleno invierno si no cuentan con el apoyo de un tercero.

Los responsables de la gestión de la dependencia en las comunidades citan también perfiles de soledad o de personas muy aisladas en el entorno rural, o un alcohólico que vive en la calle. Cientos de casos que durante estos años han tenido apoyo social en las comunidades, en algunos casos, ingresándolos en residencias. Los que así estaban antes de 2010 pueden permanecer aunque pasen al sistema de la dependencia, pero no los declarados dependientes moderados en fechas posteriores. Las comunidades sufragan esta ayuda, la más cara.

Están atrapadas en la ley y algunas pedirán al Gobierno que la modifique. “Creo que las plazas residenciales deben ser para quien más las necesite, también para los dependientes moderados, aunque la prioridad con ellos sea la prevención y la promoción de su autonomía y servicios de proximidad”, dice el director gerente de la Agencia de Servicios Sociales de la Dependencia de Andalucía, Manuel Martínez.

1.600 euros de media

En la Comunidad Valenciana hay 1.002 personas de grado I (moderados) en residencias y otros tantos sin grado adjudicado aún. Una plaza de residencia cuesta unos 1.600 euros mensuales de media. “¿Y qué hacemos con ellos? Nuestra obligación es atenderlos. Si los dejáramos fuera de la residencia no tardarían mucho en aumentar la gravedad de su dependencia y entonces sí tendrían acceso a una ayuda residencial”, explica Mercè Martínez Llopis, directora general de Servicios Sociales de la Generalitat Valenciana. “Las atenciones sociales ya existían, pero ahora la ley obliga a evaluar a todos de su dependencia y si están en residencias porque lo necesitan el Gobierno debería pagar por ello. En realidad esas personas están atendidas por los servicios sociales de las comunidades”, dice.

Castilla y León tiene 1.886 dependientes de grado I en residencias. Perciben por cada uno 44,33 euros mensuales, como si tuvieran la ayuda de un centro de día. Así figura en el papel, pero la comunidad les ingresa en residencias cuando lo necesitan pagando de su presupuesto el dinero extra. Pero todos pasan por tener una ayuda oficial, legal, la atención en un centro de día. Así lo explica Jesús Fuertes, secretario general de la Consejería de Familia.

Cada comunidad busca cómo solucionar este problema. “No es el que más acucia en Aragón relacionado con la dependencia”, reconoce Joaquín Santos, director gerente del Instituto de Servicios Sociales de la región. Pero reconoce que es una laguna a revisar. “Esto pone de manifiesto que hay que cambiar la forma de financiar la Ley de Dependencia. Además, el baremo con el que se evalúa ahora se ha endurecido y muchos que obtienen un grado leve tienen necesidad de una plaza de residencia. No sabemos cómo vamos a abordar este asunto, aunque numéricamente no nos agobia. Trataremos de hacerlo con los que ya están, pero las comunidades no tienen dinero como para actuar así con todos cuando el Gobierno no paga por ese servicio. Por otro lado, la obligación de los servicios sociales es atenderlos como merecen”, dice Santos.

Las comunidades están atrapadas. “Lo que pasa es que los servicios sociales ya existían pero la dependencia los está aplastando como un rodillo”, asegura Mercè Martínez Llopis. Se refiere a ayudas sociales que existían y han sido fagocitadas por el sistema de dependencia. Por ejemplo, una madre soltera que recibía unas horas de ayuda a domicilio al día para levantar a sus hijos y llevarlos al colegio mientras ella trabajaba. No es una mujer dependiente, pero necesita apoyo. La falta de recursos económicos ha clausurado muchas de estas ayudas.

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