La turbia fortuna del Pastelero

La policía lleva una década detrás de Óscar Rial, al que considera el dirigente de una de las mayores redes de tráfico de droga

La policía antidroga lleva casi una década detrás de Óscar Rial, más conocido como El Pastelero, considerado como una de las jóvenes promesas del narcotráfico gallego que tomó el relevo cuando las cárceles empezaron a llenarse de históricos capos desde finales de los años noventa. Sin antecedentes y dos detenciones que le llevaron ante un tribunal, todavía no se ha podido probar su vinculación con grandes transportes de droga que aparentemente le sitúan en el primer escalón del tráfico de cocaína en España.

Rial Iglesias acaba de recuperar su chalé situado en una urbanización de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), valorado en casi un millón de euros. Lo que en principio iba a ser un gran proceso al estilo Al Capone en el que fue detenido junto a otras siete personas, supuestos testaferros, El Pastelero acaba de llegar a un arreglo con la Fiscalía y Hacienda por el que ha asumido una multa de casi 600.000 euros por delito fiscal para poder regresar a su casa, justo un año después de producirse la redada. Todo lo demás sobre una presunta trama de blanqueo de dinero del narcotráfico no se ha podido probar y ha sido archivado.

Un transporte de película

E. Lois

Esta es la segunda operación fallida contra el considerado jefe de una de las organizaciones más potentes que, según la policía, llegó a mover hasta 2009 un promedio de 10 toneladas anuales de cocaína. La sorpresa fue que uno de estos cargamentos de 3.500 kilos acabó destapando al denominado clan de Los pasteleros en medio de un relato de película.

En la madrugada del 1 de junio de 2008, un radar de Aduanas detectó un pesquero venezolano a la deriva y, al salir en su auxilio, se encontró con una nave sobrecargada con 12 tripulantes hambrientos, una vía de agua en el casco y cientos de fardos en cubierta. Mientras no llegaba la orden de detención del barco que había que cursar a las autoridades de Venezuela, los agentes tuvieron que auxiliar a los marineros con agua y comida.

El San Miguel, con ocho tripulantes sudamericanos, había salido casi un mes antes del puerto de Pampatar solo para avituallar de combustible a la lanzadera Delfín, ocupaba por otros cuatro marineros de la misma nacionalidad, que había recogido los fardos de cocaína que le bombardearon desde un avión para continuar viaje hasta unas 1.500 millas de Galicia donde le estaban esperando tres tripulantes en una planeadora para llevar el alijo a tierra.

Pero tanto la lanzadera como la planeadora sufrieron una avería en los motores que obligó al San Miguel a ir al encuentro de los náufragos y hundir las dos embarcaciones para no levantar sospechas. El plan era avisar a la organización para que acudiese al rescate de los marineros y salvase el alijo valorado en más de 120 millones de euros, pero no hubo tiempo.

Un año después, uno de los tripulantes de la planeadora acabó enterrando la discreta carrera de El Pastelero, cuando decidió contar pelos y señales de su presunto jefe y de toda la organización. Entonces se abrió un gran proceso judicial en el que se embargaron propiedades, empresas y cuentas bancarias valoradas en más de 100 millones de euros. Pero el juicio terminó en un fiasco cuando el testigo de cargo consiguió despistar a los dos policías que le escoltaban día y noche, después de hacer una declaración ante notario donde afirmó que todo lo que había contado eran mentiras y le pedía perdón a Óscar Rial.

El arrepentido José Luis Fernández Tubío, un marinero de Boiro (A Coruña), fue detenido año y medio después en un control policial en Zamora con documentación falsa. Al final, solo fueron condenados él y los tripulantes de los barcos mientras al tribunal de la Audiencia Nacional invalidó las acusaciones y archivó el proceso después de cinco años de instrucción.

Sin pruebas de que los bienes intervenidos fueran de él o de que el dinero destinado para comprar el chalé tuviera su origen en el tráfico de drogas, Hacienda abrió una pista tras un repaso de su declaración de la renta. Detectó en el ejercicio 2011 que el perseguido jefe narco presentó una base liquidable de 985,27 euros y una cuota de cero euros, cuentas que no cuadraban con las de los inspectores.

Para Hacienda, la base liquidable correspondiente era de 872.985,27 euros y la cuota defraudada a pagar sería entonces de 381.553,44 euros. Y no hubo reclamaciones. Rial aceptó las cuentas de Hacienda, consignó inmediatamente las cantidades defraudadas y la multa antes de firmar el acuerdo de conformidad por el que también asumió una condena de seis meses de prisión de la que ya cumplió como preventivo casi la mitad cuando fue detenido en las navidades pasadas. Salió de la cárcel tras pagar una fianza de 200.000 euros.

Óscar Rial, de 42 años, que un día decidió colgar el delantal y dejar los hornos del negocio familiar para intentar otras conquistas, consiguió quedarse con el chalé (que construyó Sito Miñanco antes de que fuera detenido por primera vez en 1991) aunque pagando una elevada multa. “Lo comido por lo servido”, comentaron con cierta satisfacción fuentes judiciales de cara al juicio de trámite que se celebrará en Pontevedra en las próximas semanas y que al menos servirá para demostrar que El Pastelero no se ha ido de rositas. El acuerdo incluye el archivo de la causa por blanqueo también para el resto de los imputados.

El último intento de implicarle con dinero negro se fraguó a principios de 2014 con una enorme investigación financiera de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la policía, ahora aparcada, que permitió descubrir un entramado de al menos 30 empresas en varios países como Brasil o Uruguay con negocios inmobiliarios. Entre los detenidos como presunto cerebro de esta red estaba el abogado Juan Ramón García Crespo, que operaba desde Madrid, además de tres jubilados que supuestamente utilizó como testaferros al frente de las sociedades.

Al mismo tiempo se pudo detectar una sospechosa transferencia bancaria de un millón y medio de euros para comprar una mina de cobre en la República del Congo. La compra de este yacimiento, sin embargo, sigue su curso judicial porque también se ha detectado un supuesto fraude al fisco. Un matrimonio de la localidad pontevedresa de Caldas de Reis que quedó libre de cargos en la causa de blanqueo actuó supuestamente como testaferro de alguien del entorno de la organización. Aunque la pareja ha asumido la operación de compra, no ha podido demostrar todavía de dónde procede una parte del dinero que transfirieron al país africano, mientras declararon que la otra eran ahorros del banco.

Pero la policía también apuntó en la investigación a José Constante Piñeiro Búa, Costiñas, otro personaje que sale en todos los asuntos de El Pastelero como su presunto socio y que ha estado en muchos escenarios del narcotráfico, detenido y juzgado pero que tampoco tiene antecedentes. Costiñas, sin embargo, todavía es investigado por blanqueo en otro asunto judicial abierto, en el que constan varias operaciones sospechosas de compra de hierro a empresas portuguesas en torno a una sociedad propietaria de una nave industrial en el puerto de Cambados. El fiscal cree que las facturas son falsas para supuestamente encubrir la financiación de la nave con dinero negro y ha presentado querella.

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