JOSÉ MANUEL SIEIRA Expresidente y magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo

“Es doloroso que en Cataluña no se cumplan las sentencias”

El hasta julio número 1 de la Sala de los Contencioso del Supremo arremete contra la forma de elección de los miembros del Poder Judicial y no acierta a entender su relevo

José Manuel Sieira, de 68 años, llega a la entrevista con EL PAÍS con el recuerdo de lo que sucedió el pasado julio. Con preguntas en su mente que, indica, “merecerían una explicación”. Hasta julio fue el presidente de la todopoderosa Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, la que puede (y de hecho tumba) decretos del Gobierno. Y también la que desde hace años ve con impotencia como sentencias que dicta sobre Cataluña (en materia educativa, por ejemplo) muchas veces son incumplidas: “Es francamente doloroso. Nos preocupa y claro que produce desencanto”.

Pregunta. ¿No tiene medios el Supremo para hacer cumplir las sentencias?

Respuesta. Una vez que el Supremo dice esto es blanco y la Administración sigue diciendo que es negro, estamos ante una resolución manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico. Quien tiene que hacer cumplir las sentencias es el Ejecutivo, que es el que tiene los medios.

Sieira fue abogado del Estado antes de llegar al Supremo. En 2010 accedió a la presidencia de la Sala Tercera. La encontró con un fortísimo atraso: más de 11.000 recursos aletargados en sus estanterías y a cuatro años vista de ser resueltos. Recuerda que el exministro socialista de Justicia Francisco Caamaño puso dinero para agilizar las causas y que él diseñó un plan de trabajo que solo tres años después redujo las esperas a entre 12 y 14 meses. Y, de camino, liberó varios miles de millones congelados por pleitos para las arcas públicas y el mercado. El exministro Alberto Ruiz-Gallardón, del PP, retiró después el dinero del plan y la Sala vive ahora de la inercia de aquel esfuerzo. Pero están llegando muchas y nuevas causas que, si no se pone remedio, amenazan con “colapsar” la Sala. Por ejemplo, ya han entrado unos 800 recursos relacionados con el denominado céntimo sanitario que anuló Bruselas. Y se esperan varios miles más.

Sieira ama su trabajo, pero está molesto con lo sucedió en julio, cuando el Consejo del Poder Judicial decidió sustituirle por Luis María Díez-Picazo, un hombre de la cuerda del presidente del Supremo y del Consejo del Poder Judicial Carlos Lesmes. No acierta a entender las razones. “Me hubiera gustado que me lo hubieran explicado”, indica.

En fuentes jurídicas se atisba como una de las causas el que Sieira fuese presidente de la Sala cuando esta, por mayoría, anuló el indultó que dio el Gobierno a un kamikaze de Alicante. Lesmes, propuesto por Ruiz-Gallardón para ocupar el primer sillón de la justicia, elaboró entonces una ponencia a favor de ese indulto, solicitado por un bufete en el que trabajaba un hijo del exministro. La Sala que analiza los recursos sobre las decisiones Consejo es la Tercera, en la que Sieira continúa como magistrado.

P. Muchas veces trascienden los nombres de los jueces que van a ser ascendidos antes incluso de que los aspirantes realicen la preceptiva entrevista, una especie de examen que impuso el anterior Consejo.

R. Me parecen bien las entrevistas, los vídeos están en internet, pero no valen para nada... Eso, y cómo se hacen los nombramientos de los vocales, provoca desconfianza ciudadana en la justicia.

Ruiz-Gallardón modificó la norma por el que se rige el actual Consejo del Poder Judicial y otorgó un poder enorme al presidente (ahora Lesmes), quien también lo es del Tribunal Supremo. Las vocales progresistas del Poder Judicial no dan crédito (y han presentado recursos) a lo que está pasando con la nueva normativa del Consejo, que Lesmes (todos dicen que participó en su elaboración) aplica con rigor y que relega a un papel secundario a dos tercios de los vocales.

La ley permite que, por ejemplo, las denuncias contra jueces ni siquiera lleguen a la comisión disciplinaria si el llamado promotor disciplinario la archiva. Lesmes y sus colegas vocales conservadores suman mayoría de votos en el pleno, y también en la elitista y deseada Comisión Permanente. Estar en ella es cobrar unos 6.000 euros netos y disponer de coche oficial. Es ahí donde se acumula el verdadero poder en materia de nombramientos y disciplina de los jueces. “Las cosas no han cambiado desgraciadamente mucho en el Consejo. Antes había un grupo conservador y otro progresista y negociaban entre ellos. Ahora se negocia más dentro de la Permanente, donde hay una mayoría clara del sector conservador, que indica a su grupo afín en el pleno lo que hay que votar”.

No comparte Sieira el actual sistema de nombramientos. Cree que al Consejo deben de ir personas con “el máximo prestigio y auctoritas” en la carrera y que no se deben poner “a un coronel a mandar generales, no es razonable”, matiza. En este aspecto no se refiere a Lesmes.

Los vocales los eligen las Cortes y suelen reproducir las cuotas de poder de los partidos en ambas Cámaras. “La primera perversión del sistema fue cuando se computaron los 15 años de jurista a una persona a la que hubo que sumar los cinco años de carrera”. Prefiere no dar el nombre de esa persona.

P. En el Consejo molesta que la Sala Tercera revoque muchas decisiones suyas y se la tilda de corporativista por anular muchas sanciones disciplinarias.

R. La Sala hace lo que tiene que hacer. Anula decretos del Gobierno y nadie se rasga las vestiduras, pero si lo hace con un acuerdo del Consejo parece que es un drama. Eso a veces genera rencillas. La Sala Tercera controla a todos los órganos del Estado, y el Consejo es uno más. Además, también está sujeto al principio de legalidad, y tiene seis meses para resolver los expedientes disciplinarios. Si se pasa el plazo, se pasa. La Sala no tiene culpa de que haya prescrito.

P. Vocales del Consejo han puesto un recurso ante la negativa de Lesmes a renovar cada año a los miembros de la Comisión Permanente

R. La Permanente la vota el pleno, donde tiene mayoría un sector [el conservado]. El recurso está pendiente y no puedo hablar sobre ese tema.

Sieira sostiene que, para garantizar la independencia judicial (y no ya en materia jurisdiccional, que los jueces la tienen) hay que dar autonomía económica al Poder Judicial, que son los tribunales. “El Poder Judicial debería tener su propia partida presupuestaria y que se rindiesen cuentas ante el Parlamento. No habría ningún problema en hacerlo”.

Otra cuestión que piensa afecta a la independencia es la actual subordinación de los secretarios judiciales (ahora letrados de la Administración de justicia) al Ministerio. “La carrera profesional de los secretarios depende del Ministerio. En lo contencioso el Gobierno es parte en los procesos. Y nos encontramos con que una de las partes es la que controla los medios materiales y personales de quien tiene que decidir: eso es una aberración”, indica.

P. La gente se queja de que la justicia es muy lenta

R. La solución no es crear juzgados y más juzgados. Los jueces no se improvisan. A veces se crean juzgados sin tener jueces o funcionarios adecuados y hay que nombrar interinos. Yo he tenido en el Supremo una peluquera como interina… Eso no puede ser. La solución no es incrementar los juzgados, sino implementar un cambio en la organización y modelo de trabajo, al modo de los que hicimos en la Sala Tercera para reducir los atrasos.

P. Aparte del céntimo sanitario, qué otros temas importantes están pendientes en la Sala

R. El tema de las eléctricas, los cambios normativos habidos en la financiación de las fotovoltaicas con subvenciones a empresas de energía solar... Otro tema importante es el plan de urbanismo de Marbella de la época de Jesús Gil. El Ayuntamiento ha aprobado un plan que trata de legalizar lo que hay. Pero su idea es que los particulares, dueños de viviendas y edificios, paguen por los gastos de urbanización, a lo que ellos se oponen. Es un tema muy importante: o se legaliza o se cae todo.

P. El Tribunal de Cuentas está plagado de familiares. ¿Existe corrupción administrativa?

R. No. Hay asuntos puntuales. Acabamos de anular el nombramiento de un familiar de un cargo del Tribunal de Cuentas.