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El Gobierno recurre la ley navarra de víctimas de violencia policial

El Ejecutivo cree que la norma para reparar a los afectados por agresiones de grupos de extrema derecha o funcionarios públicos establece una "justicia paralela"

El Gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional la ley aprobada por el Parlamento de Navarra en marzo pasado para el reconocimiento y la reparación de víctimas de actos violentos de motivación política provocados por “grupos de extrema derecha o funcionarios públicos”. A efectos de “compensaciones, justicia y memoria”, la norma equipara a las víctimas de violencia ejercida por grupos ultras, policías y guardias civiles con las víctimas del terrorismo, lo que, según el Gobierno, implica establecer “una especie de justicia paralela” que no cabe en la Constitución.

La ley foral, impulsada por Izquierda-Ezkerra y apoyada por todos los grupos políticos, menos UPN y el PP, pretende reconocer y reparar a las víctimas de esta violencia afectados por hechos ocurridos entre el 1 de enero de 1951 y la actualidad. La declaración como víctima implica el reconocimiento de indemnizaciones económicas por daños “físicos, psicológicos o materiales”. La encargada de estudiar cada caso es la llamada Comisión de Reconocimiento y Reparación, cuyas resoluciones son vinculantes.

El Gobierno, según la nota difundida ayer tras el Consejo de Ministros, no cuestiona el reconocimiento y la reparación de la víctima cuando exista una sentencia que la acredite como tal. Pero el Ejecutivo sí rechaza que se extienda este reconocimiento a los casos que no hayan pasado por los tribunales o que hayan sido rechazados por estos.

“La ley foral atribuye a la Comisión de Reconocimiento y Reparación funciones relativas a la investigación de atentados, agresiones, torturas o cualquier otra vulneración de derechos humanos que la Constitución reserva a los jueces y tribunales”, advierte el Ejecutivo. Este estima que la labor de esta comisión puede vulnerar “las garantías esenciales del Estado de derecho”, como la tutela judicial efectiva y la presunción de inocencia.

La norma foral levantó polémica desde su origen. Cuando arrancó el debate sobre la proposición de ley, el diputado de Izquierda-Ezkerra Txema Mauleón aludió al “inmenso dolor con el que han cargado” los familiares de esas víctimas no reconocidas y aclaró que el objetivo de su partido no era “equiparar la violencia de la banda terrorista ETA y la de las fuerzas de seguridad”. Finalmente, la ley salió adelante con los votos de Izquierda-Ezkerra, el PSOE navarro, Bildu, Aralar-NaBai y Geroa Bai.

El Ejecutivo critica también que la norma “omita” la tramitación de un procedimiento administrativo, ya que el Gobierno navarro no participa directamente en la resolución del reconocimiento de la víctima. “Es la comisión la que investiga los hechos y se pronuncia de forma vinculante” sobre si se acepta o desestima la solicitud, señala el Gobierno, que cree que la Administración regional “prescinde del ejercicio de sus funciones de elaborar y decidir en un procedimiento administrativo”. Este procedimiento, añade, no respeta los derechos constitucionales de las personas que resulten señaladas por estos hechos, ni la presunción de inocencia, ni su derecho a un juicio justo.