Presentada una demanda en la justicia europea contra la ‘ley mordaza’

Una demanda intenta frenar con urgencia la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como la ley mordaza, en vigor desde el pasado verano. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) examinará en breve la denuncia que una plataforma de juristas y periodistas ha presentado para tumbar esta norma aprobada por el Gobierno del PP, por su ataque al derecho a la información, protegido por la Convención Europea de Derechos Humanos.

En junio la oposición acusó al Ejecutivo de crear un “Estado policial” al limitar el derecho de manifestación y permitir que las fuerzas de seguridad sancionen ciertas conductas, potestad que antes ostentaban los jueces, con multas de hasta 600.000 euros, Y tras numerosas protestas en las calles contra la polémica norma, todos los partidos prometieron derogarla si desbancaban al PP. Ahora, la plataforma Defender a quien defiende ha presentado una triple demanda ante el Tribunal de Estrasburgo para anular la ley, sin esperar a los resultados de las elecciones generales.

Para que el alto tribunal estime una demanda, lo habitual es que una víctima directa agote la jurisprudencia de cada país. Sin embargo, hay un cauce alternativo para evitar el retraso de años que implica llegar al Tribunal Supremo y que mientras una ley pueda desarrollarse pese a contravenir la Convención Europea de Derechos Humanos: las víctimas indirectas o potenciales. Y los periodistas y fotógrafos reclamantes consideran que la ley mordaza les ubica en esta última categoría, dado que que coarta su derecho a difundir y recibir información, al prohibir a los fotógrafos captar imágenes de agentes en las calles. Estos profesionales “del sector del periodismo y audiovisual son un colectivo especialmente afectado por esta disposición, ya que pone en peligro su función principal: informar sobre hechos de relevancia pública”, argumenta la demanda.

Los fotógrafos han captado en manifestaciones de los últimos años abusos policiales, y sus imágenes han servido como prueba para la condena de algunos agentes. Desde el pasado julio, estas fotos están muy limitadas, tal y como denuncia Amnistía Internacional.

La plataforma denunciante considera ahora que la ley mordaza actúa en contra de tratados internacionales firmados y ratificados por España, así como el Convenio Europeo de Derechos Humanos o el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos.

“El objetivo de la ley es intentar acabar con testigos incómodos, teniendo un mayor control de aquello que se publica tanto en las redes sociales como en el resto de medios de comunicación. Una limitación como la contenida en la ley resulta absolutamente desproporcionada, no tiene una finalidad legítima, es innecesaria en una sociedad democrática y por lo tanto vulnera el Convenio Europeo de Derechos Humanos”, denuncian los periodistas que pertenecen a los medios de comunicación Diagonal, La Directa y Ahötsa, ubicados en Madrid, Barcelona y Navarra.

Los fotoperiodistas se ven “compelidos por los agentes a dejar de grabar o fotografiar actuaciones policiales por el riesgo a ser sancionados”, situaciones que limitan el derecho a la información, según la demanda. El escrito ejemplifica la restricción que impone la ley con un oficio de la Delegada del Gobierno en Navarra, Carmen Alba, que hace dos meses acordó “advertir expresamente” a la asociación Ahötsa por utilizar “imágenes tomadas sin consentimiento de los actuantes [policías]” en una intervención, lo que podría acarrear una multa de entre 601 y 30.000 euros para la web que subió las imágenes por una infracción grave.

Premeditación

El momento elegido no es casual. La plataforma Defender a quien defiende define la demanda como un “litigio estratégico”, que busca situar la controversia “en el centro del debate electoral” y que los partidos se mojen. El objetivo es lograr la protección y defensa de las libertades de expresión, opinión, información, manifestación y reunión, “vulneradas” por parte del Gobierno. La ley mordaza “supone un punto de inflexión muy grave por lo que a los derechos humanos –en especial civiles y políticos- se refiere”, consideran los demandantes.

El TEDH es muy restrictivo con la admisión de demandas, y, más aún, con casos basados en víctimas potenciales. Sin embargo, a pesar de que las opciones de los periodistas y juristas son escasas, existen precedentes: el caso Dudgeon vio la demanda de un hombre homosexual contra leyes que en Irlanda del Norte tipificaban como delito “comportamientos homosexuales entre varones adultos”, y su mera existencia vulneraba derechos de este ciudadano y la Corte reconoció su condición de víctima. Mientras, en Alemania un grupo de jueces y abogados demandaron al Gobierno por su ley de escuchas telefónicas, al vulnerar su derecho a una vida privada y a su libertad de correspondencia. A pesar de que las leyes británicas no se tradujeron en condenas y las comunicaciones de esos ciudadanos alemanes no fueron interceptadas, el tribunal consideró a los demandantes como víctimas potenciales.