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Condena de 23 años al hombre que raptó y asesinó a un bebé en Fiñana

La niña, hija de su expareja, estuvo secuestrada cuatro días en un cortijo del municipo almeriense

Agentes de la Guardia Civil en las inmediaciones del cortijo del municipio almeriense de Abrucena, el pasado 2012.
Agentes de la Guardia Civil en las inmediaciones del cortijo del municipio almeriense de Abrucena, el pasado 2012.efe

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a 23 años y siete meses de cárcel a Jonathan Moya, de 28 años y con antecedentes penales, por el rapto y asesinato de la hija de su expareja, de 16 meses de edad. Los hechos, que se produjeron en diciembre de 2012 en Almería, fueron enjuiciados por un jurado popular, que dictaminó la culpabilidad del acusado. El presidente del tribunal ha fijado una indemnización para la madre de la niña de 300.000 euros.

El fatal desenlace se desencadenó el 20 de diciembre de 2012, aunque Moya ya había empezado a desarrollar “un plan preconcebido”, resalta el veredicto. Había convencido a Gema C., con la que había mantenido una fugaz relación sentimental tras conocerse por Internet, para que viajara a la provincia de Almería y así poder hacerle un regalo (un traje de bautizo) a la pequeña Miriam. Ese día, sobre la una de la tarde, el condenado abandonó en un paraje deshabitado del municipio de Nacimiento a la que había sido su pareja, natural de Huelva, y se llevó a la niña en contra de la voluntad de la madre.

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La sentencia establece que la pequeña estuvo retenida hasta las últimas horas del día 24 o las primeras de la jornada del 25 en un cortijo de la localidad cercana de Fiñana. Entonces la golpeó varias veces “con fuerza” en la cabeza con un objeto plano y contundente y cuando estaba gravemente herida e inconsciente, la envolvió en un plástico transparente que provocó su asfixia. El cadáver de la niña, que según los forenses presentaba 22 signos de violencia externa, fue encontrado en una balsa de riego, a donde fue arrojado atado a unas piedras para que quedara completamente sumergido.

La Guardia Civil detectó las huellas del condenado en varios enseres del cortijo donde estuvo secuestrada la niña y sus restos biológicos se hallaron en la ropa y la cara de la pequeña. El jurado dictaminó que el crimen fue cometido por “un único autor”, frente a los intentos de Jonathan de trasladar la autoría a una tercera persona.

El magistrado destaca “la frialdad de ánimo” con la que actuó el condenado y el hecho de que al tratarse de un plan preconcebido, “intensifica el dolo y, con él, la culpabilidad”. El paraje deshabitado en el que abandonó a la madre, a la que previamente estuvo despistando al circular en coche por carreteras secundarias tras recogerla junto a la niña en la estación de tren de Guadix (Granada), provocó que la mujer tuviera que “caminar durante horas” antes de localizar a alguien y poder denunciar lo que había ocurrido. Todo esto “agrava la acción”, igual que el tiempo del secuestro de la pequeña, que superó los cuatro días.

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La menor estuvo en “unas pésimas condiciones higiénicas y de alimentación” durante su rapto, como admitió el propio condenado y ratificaron las imágenes tomadas por la Guardia Civil durante la inspección ocular del inmueble. El cortijo carecía incluso de cuarto de baño. Jonathan, durante la fase de instrucción del caso, tuvo una “actitud obstaculizadora” al ofrecer varias versiones que tuvieron que ser comprobadas, con lo cual hubo “retraso” en la tramitación del sumario.

El juez, además, valora “en su justa medida” que el condenado pidiera perdón a la familia de la niña asesinada, ya que este gesto “no fue acompañado de un reconocimiento sincero de los hechos”.

La sentencia, ante la “gravedad” del suceso, ordena que Jonathan Moya no pueda ser clasificado en tercer grado penitenciario por lo menos hasta que haya cumplido la mitad de la condena. A Gema C. no podrá acercarse a menos de 500 metros, ni a su domicilio ni a su lugar de trabajo, en 28 años. Se le imponen 18 años de prisión por un delito de asesinato y otros cinco años y siete meses por detención ilegal. La indemnización a la madre se ha fijado en 300.000 euros.

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