IU quiere garantizar el trabajo en una nueva Constitución

Izquierda Unida concurre al 20-D con una propuesta de nueva Constitución que incluiría el derecho al “trabajo garantizado” y a una renta mínima, y que establecería que los derechos sociales fueran exigibles en los tribunales. La coalición de izquierdas plantea una Ley Fundamental que consagrara un Estado federal “republicano” y “plurinacional” al que los territorios se adherirían mediante referéndum, según el texto al que ha tenido acceso EL PAÍS. La formación es la única que defiende un proceso constituyente después del paso atrás de Podemos.

Una nueva Constitución de marcado carácter social y en un Estado federal fruto de un proceso constituyente. Es la propuesta de la coalición que encabeza Alberto Garzón, que defiende que operar cambios de tanto calado en la Ley Fundamental como los que están planteando los partidos —sobre el modelo de Estado, la ley electoral, los derechos sociales...— sin unas Cortes constituyentes supondría un auténtico “fraude constitucional”, en palabras de la responsable del programa del partido, Marga Ferré, que ha coordinado esta propuesta junto al jurista de la Universidad Carlos III de Madrid Rafael Escudero. “Vamos a una reforma por la puerta de atrás realizada por las élites de los partidos”, alertan.

La formación subraya así que su propuesta es “coherente”: “Planteamos cambios tan profundos que exigen el procedimiento de reforma del artículo 168, lo que significa poner en marcha un proceso constituyente”, incide el texto de IU. Esa vía requiere la disolución de las Cortes, que el nuevo texto constitucional sea aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras y sometido a referéndum, frente a la vía del 167, que no exige referéndum ni disolución de las Cámaras. “Estamos siguiendo el propio proceso de la Constitución, no es nada revolucionario”, reivindican en IU, que se comprometieron con el proceso constituyente —que ahora defienden en solitario, tras abandonarlo Podemos— sobre todo a partir del 15-M. La coalición subraya que la Constitución del 78 fue "útil para un momento concreto", pero "para una España que ya no existe". "Hoy tenemos un pueblo sin miedo, que ha demostrado sobradamente su madurez democrática", señalan.

En la nueva Constitución que propone la coalición de izquierdas existiría una sola categoría de derechos con la misma protección. Así, los derechos sociales —la educación, la sanidad, la dependencia o la vivienda— pasarían a estar “en el mayor nivel de protección jurídica, igualándose con los derechos clásicos liberales” (como son el derecho a la vida o la libertad de expresión). Ello implicaría derogar el artículo 53 de la Constitución, que establece esta jerarquía de derechos, así como añadir una cláusula que dijera que “todos los derechos son directamente aplicables y gozarán de los mismos mecanismos de garantía y justiciabilidad”. De esta forma, todos podrían ser alegados y demandados ante los tribunales (ahora esta posibilidad no existe para los derechos sociales).

La nueva Ley Fundamental que diseña IU incluiría además una cláusula que asegure “un trabajo garantizado o una renta mínima para que ninguno de sus ciudadanos o ciudadanas se queden sin recursos para vivir”, dice el texto de la propuesta. El trabajo sería así un “derecho subjetivo” como los demás y “podría exigirse ante los tribunales su cumplimiento efectivo”, explica Rafael Escudero, el asesor jurídico de IU para la reforma constitucional. Eso implica que “el Estado sea el empleador subsidiario”, indica el jurista. La formación se compromete en su programa electoral en una primera experiencia parcial de cumplimiento de ese “trabajo garantizado” a partir de la creación de un millón de empleos públicos a los que accederían prioritariamente los parados.

Dos cláusulas más garantizarían la plena protección de los derechos sociales: una que contemple el “derecho constitucional al gasto público”, también exigible en los tribunales, y otra que prohíba “la regresividad de los derechos” ya garantizados, esto es, que prohíba al poder Ejecutivo y legislativo adoptar reformas a la baja de derechos ya garantizados.

La formación pretende también que la renovada Ley Fundamental consagre una reforma electoral y un Estado federal. Un modelo de Estado que “se basa en el protagonismo de la voluntad popular expresada mediante referéndum y, por tanto, libre y voluntaria adhesión a la forma política resultante de la creación del Estado federal”. Esto es, en la que los territorios asuman integrarse a través de consultas.

IU plantea además incluir una cláusula que reconozca la igualdad de género (que serviría de base, sostienen, para adoptar medidas tendentes a alcanzar esa igualdad de sexos como acciones positivas o cuotas electorales) y medidas para avanzar en la democracia participativa, como que los ciudadanos puedan elegir y revocar de forma directa a parte de los magistrados del Tribunal Constitucional.