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La marihuana entra en campaña

Podemos, Ciudadanos e IU apoyan regular el consumo, al que se opone el PP

Una asociación de consumo de cánnabis en la que ya no se puede dispensar marihuana por una sentencia del Tribunal Supremo.

Marihuana sí, marihuana no. El debate sobre la legalización del cánnabis ha aterrizado en España en vísperas de las elecciones. Solo unas semanas después del fallo de la Corte Suprema de México, que amparó a cuatro ciudadanos de ese país en su derecho a cultivar y consumir marihuana con fines recreativos, medio centenar de organizaciones españolas aglutinadas en la plataforma Regulación Responsable han emplazado a los partidos políticos a abrir un debate nacional sobre el tema coincidiendo con el inicio de la campaña electoral. "Nuestro propósito es incluir el asunto en la agenda política y que la discusión llegue al Congreso el año próximo. El objetivo es que en 2017 podamos tener una legislación que regule de modo integral el cultivo, distribución y uso del cánnabis con fines terapéuticos y recreativos", explica el abogado Bernardo Soriano, miembro de la plataforma procannábica, que este jueves lanzó su primera campaña de propaganda en Madrid. Ciudadanos, Podemos e Izquierda Unida están a favor de la regulación, mientras el PSOE se declara dispuesto a abrir el debate y la actitud del Partido Popular y del Plan Nacional sobre Drogas (PAD) es de rechazo frontal.

En España, un 9% de la población consume cánnabis de forma habitual —la proporción llega al 17 % en los jóvenes de entre 15 y 34 años

En España un 9% de la población consume cánnabis de forma habitual —la proporción llega al 17 % en los jóvenes de entre 15 y 34 años, según el PAD—. Aunque no es delito fumar marihuana o hachís en un espacio privado, la tenencia y el tráfico sí son sancionables. "Llevar un porro en el bolsillo y ser sorprendido en la calle puede suponer una multa de 600 euros; y aunque no es ilegal vender semillas de marihuana sí lo es ponerlas a germinar, aunque el cultivo para autoconsumo tampoco es sancionable", explica Pedro Pérez, fundador La Santa Le Club, una de las 800 asociaciones cannábicas que existen en España. Pérez expone las contradicciones de la legislación española para mostrar la "urgente necesidad" de una regulación integral. "Hoy le das 50 euros a un menor y te trae antes una bolsa de yerba que una botella de whisky ¿Por qué? Porque mientras la venta de alcohol está regulada, el cánnabis lo compras en la calle sin control".

Las asociaciones cannábicas como La Santa Le Club comenzaron a florecer hace 15 años amparadas en la doctrina del consumo compartido, que ahora el Tribunal Supremo ha puesto en entredicho al condenar el pasado mes de julio a un club de Bilbao. Dicho fallo, que contradice numerosas resoluciones judiciales anteriores que reconocían el consumo compartido, ha provocado el cierre preventivo de muchos de estos clubes. "Nosotros mismos hemos dejado de despachar marihuana", afirma Pérez, señalando que el falló "cierra la vía judicial".

La sentencia del Supremo hace un llamamiento implícito al Poder Legislativo para regular una cuestión social controvertida incapaz de canalizarse por cauces jurisprudenciales"

Abogado de clubes de cánnabis

"La sentencia del Supremo hace un llamamiento implícito al Poder Legislativo para regular una cuestión social controvertida incapaz de canalizarse por cauces jurisprudenciales", señala Soriano, que representa legalmente a más de un centenar de clubes. "Las políticas prohibicionistas cada vez son más cuestionadas, pero mientras el mundo avanza en la dirección de la regulación, España va en dirección contraria", señala Jorge Moruno, del Consejo Ciudadano Nacional de Podemos. "El 52% de la población española es partidaria de permitir la venta controlada y el consumo privado de cánnabis a los adultos, según una investigación de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Otro motivo más para legislar con valentía y madurez", asegura Moruno. Fran Hervías, secretario de organización de Ciudadanos, comparte posición con IU y Podemos a favor de que se ordene el cultivo y uso del cánnabis tanto con fines terapéuticos como lúdicos, aunque, aclara, "no se trata de dar barra libre" a las drogas blandas.

Para José Ignacio Echániz, secretario ejecutivo de Sanidad del Partido Popular, todo este tipo de "ofertas electorales" parten de una "falta total de responsabilidad". "No hay que regular nada porque ya está regulado. La liberalización afecta a toda la sociedad, no solo a los adultos que consumen cánnabis. En esta materia debe predominar el bien común sobre lo demás", asegura, en línea con el actual responsable del PAD, Francisco Babín, que ve en la sociedad una banalización del cánnabis, que, asegura, "ya es la principal causa de acceso de los adolescentes a los servicios de urgencias por cuadros psicológicos".

Después de defender durante 20 años las políticas de represión, su antecesora en el cargo, Araceli Manjón-Cabeza, apuesta por la regularización. "Es preferible que sustancias como el cánnabis las suministre el Estado y no el Chapo Guzmán", afirmó este jueves, tras manifestar su apoyo a la iniciativa de la plataforma Regulación Responsable, cuya propuesta se basa en cinco pilares: regulación del autocultivo, tenencia y autoconsumo; distribución a través de los clubes cannábicos; comercialización con licencia; políticas de prevención y reducción de riesgos basadas en la educación; y acceso al cánnabis medicinal en el sistema sanitario. El debate ya está en la campaña electoral. El 20 de diciembre proveerá.

Un negocio floreciente

En España funcionan legalmente más de 900 grow shops (tiendas que vendan semillas de marihuana y diversos insumos para su cultivo), que mueven decenas de millones de dólares al año. "La venta de semillas para coleccionismo es legal, pero no lo es  ponerlas a germinar, por eso advertimos a nuestros clientes que si lo hacen incurren en un delito y es su responsabilidad", explica Alejandro Mateos, el dueño de Growshop.es, una de las mayores tiendas de este tipo que existe en Europa, con una facturación superiror a 1.500.000 euros  anuales, el 80% de ese volumen en semillas. Existen más de 1.000 variedades, cuyo precio oscila entre 3 y 90 dólares la unidad, dependiendo del tipo de semilla.  El comercio growshop está en continua expansión, y suenan cada vez más altas las voces defienden que la regulación es la mejor vía para ordenar un fenómeno que ha desbordado las políticas prohibicionistas.

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