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Los españoles perciben un deterioro grave del Estado de Derecho

Un 81% de los entrevistados cree que los Gobiernos han tenido más interés en controlar a la justicia que en dotarla de medios

Los ciudadanos españoles perciben una llamativa y grave erosión en la calidad de la democracia. Según el Barómetro Externo de la Abogacía 2015, un 60% de los ciudadanos considera que el Estado de Derecho está en una situación “peor” en España que en el conjunto de países más avanzados. Esta cifra de ciudadanos insatisfechos con las leyes e instituciones es el doble de la registrada en el año 2008, cuando un 30% consideraba que el sistema español iba peor que el resto de países de su entorno. El grupo que piensa que España está más o menos igual que otros Estados avanzados desciende significativamente: del 51% en 2008 al 33% de la última encuesta, elaborada por Metroscopia para el Consejo General de la Abogacía Española.

José Juan Toharia, presidente de Metroscopia, atribuye esta erosión en la imagen del Estado de Derecho entre los ciudadanos a un reflejo de lo que “los medios de comunicación y los propios abogados” han denunciado a lo largo de la última legislatura: las reformas institucionales del Gobierno han resultado “contraproducentes” para mejorar la calidad y el funcionamiento de la democracia.

El Barómetro, para el que se han realizado 1.000 entrevistas, analiza la imagen de la Administración de Justicia y de los abogados en la sociedad y la experiencia de los españoles con el mundo jurídico. Señala que el 81% de los encuestados cree que los sucesivos gobiernos de todos los partidos “han tenido más interés en controlar a la Justicia que por dotarla de los medios suficientes para que pueda funcionar mejor”. También es mayoritario (53%) el grupo de quienes creen que la Justicia en España en conjunto funciona mal frente al 44% de hace diez años.

El diagnóstico negativo general de la Administración de Justicia se nutre de diversas percepciones básicas. El 82% ve “excesivamente complicados” el lenguaje y los procedimientos de los juzgados. Un porcentaje similar (80%) cree que los tribunales siguen sin estar organizados y una proporción parecida (77%) piensa que su forma de funcionar impide investigar y castigar eficazmente los casos de corrupción.

El desfase organizativo de la Justicia contrasta con la relativa buena imagen que proyectan los jueces y magistrados. Un 69% los considera “tan buenos” como los de cualquier otro país de la Unión Europea, y en general —un 50% lo cree así— “no están predispuestos de entrada a favor o en contra de ninguna de las partes implicadas” en un litigio.

Los encuestados, casi de forma unánime (94%), piden una reforma “urgente y a fondo” de la Justicia y reclaman a los partidos un pacto de Estado sobre esta materia. En este sentido, las reivindicaciones ciudadanas coinciden con las del Consejo General de la Abogacía. El presidente de este organismo, Carlos Carnicer, ha reclamado este acuerdo entre los distintos grupos, así como mejorar el sistema de asistencia jurídica gratuita, un sistema de estadísticas “fiables y reales” de los datos de la Justicia, una ley orgánica que regule el derecho de defensa y que la futura ley de servicios y colegios profesionales se redacte de forma negociada con estos.

Respecto a la imagen de la abogacía entre los ciudadanos, esta goza de relativa buena salud, según la encuesta de Metroscopia. Los letrados ocupan el primer lugar entre todas las instituciones jurídicas, por encima de jueces y tribunales. Un 56% de los encuestados ha acudido al despacho de un abogado en alguna ocasión. Este grupo puntúa con un 7,9 sobre diez la atención y el trato recibido y con 7,3 puntos la preparación técnica del jurista. Respecto a los honorarios, quienes han sido clientes los evalúan con un 6,5 sobre diez. Toharia explica que los clientes ven las minutas razonables en términos de coste y beneficio.

Tasas judiciales: indefensión y justicia para privilegiados

Según la encuesta de Metroscopia para el Consejo General de la Abogacía, los españoles consideran mayoritariamente (85%) que la introducción de tasas judiciales ha implicado que muchas personas hayan tenido que renunciar a defender sus derechos ante un juez con la consiguiente indefensión.

Según un porcentaje similar (84%), las tasas han creado una justicia de ricos y pobres. Seis de cada diez encuestados afirman que las tasas no han servido para mejorar la dotación económica de la justicia gratuita, como prometió el Gobierno que se haría cuando las introdujo en 2011.

El único elemento positivo que conceden los encuestados –un 55% de ellos lo cree así– es que las tasas han podido servir para desanimar a quienes solo recurren a los tribunales para dilatar sus casos.

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