IU quiere que los bancos respondan por los delitos de blanqueo

Ante un Gobierno del PP “complaciente con la corrupción” y cuyas medidas contra estos delitos han sido “puro maquillaje”, en palabras de Alberto Garzón, la coalición Izquierda Unida-Unidad Popular, que él encabeza, plantea 45 medidas entre las que proponen nuevos delitos y endurecimiento de las penas. Y que apuntan también a los bancos: quieren que las entidades financieras sean “responsables económicas subsidiarias” cuando su “colaboración sea precisa para operaciones de blanqueo de capitales”, y establecer la prohibición de que tengan filiales o sucursales en paraísos fiscales.

El plan anticorrupción que IU incluye en su programa electoral propone una nueva ley integral contra la corrupción que incorpore el delito de enriquecimiento ilícito y medidas como que se pueda cesar cautelarmente de su cargo a los políticos imputados durante el proceso. Mediante ley, también, se ordenaría la posibilidad de expropiar los bienes adquiridos con prácticas corruptas.

“La corrupción es la mezcla explosiva de desregulación e impunidad”, subrayó este martes Enrique Santiago, número tres de la lista de Alberto Garzón por Madrid y abogado de la acusación popular en el caso Bárcenas. Por este motivo, la formación propone una reforma del Código Penal para que los delitos de corrupción no prescriban nunca y que los cargos públicos condenados queden inhabilitados durante 30 años (ahora, como máximo, lo son diez años).

La coalición que encabeza Alberto Garzón incluye también la derogación de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal del PP, que limita el plazo de instrucción a seis meses, prorrogables a 18 meses a petición del fiscal. "Es inaudito, una comisión rogatoria a Suiza tarda más de seis meses en resolverse", apunta el texto.

En todo caso, los ciudadanos siempre tendrían reservada la posibilidad de revocar a los cargos públicos de sus puestos, sean corruptos o no. IU quiere que se incluya en la Constitución este procedimiento de revocatorio "o moción de censura ciudadana del presidente del Gobierno, de los presidentes de las Comunidades Autónomas y alcaldes y de los diputados y senadores", adaptándolo a los diferentes procedimientos de elección de cada uno de estos cargos. El procedimiento de revocación se podría poner en marcha transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el cargo público con al menos el 20% de las firmas de los electores o electoras de la circunscripción. Después se sometería a votación popular la propuesta de revocación.

Los salarios de los cargos electos no podrán "exceder al del funcionario de rango más alto de la administración en la que ejerce su labor", subraya también el programa de IU, que aboga por eliminar todos los complementos por cargo, como los planes de pensiones privados u otro tipo de prestaciones.

La formación incluye una propuesta con la que apuntalar la lucha contra la corrupción urbanística: la creación de un registro público de recalificaciones de suelo, de forma que los Ayuntamientos incorporen en los expedientes urbanísticos la historia registral de las transacciones que sobre los suelos afectados se hayan realizado en los diez años anteriores.

En cuanto a la penalización del transfuguismo, IU plantea establecer por ley de la obligación de los diputados tránsfugas de devolver su escaño a la candidatura en cuya representación fueron elegidos.