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De los Cobos: “El Constitucional no puede realizar juicios políticos”

El presidente del alto tribunal afirma que este organismo no puede asumir el papel de los jueces y de los políticos

Fernando J. Pérez
El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos (centro), en la Universidad de Valladolid.
El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos (centro), en la Universidad de Valladolid.R. García (EFE)

El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, ha afirmado este jueves que a este organismo “no le corresponde ni identificar la solución política más conveniente o constitucional, ni tampoco cuando se trata de un caso judicial, la solución correcta para el caso concreto”. “El Tribunal Constitucional no puede realizar juicios de oportunidad o políticos, tiene que limitarse a realizar el juicio técnico jurídico que le es propio”, ha advertido.

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De los Cobos ha impartido una conferencia titulada “La interpretación de la Constitución” en el paraninfo de la Universidad de Valladolid. Ante un auditorio abarrotado de estudiantes, la mayoría de Derecho, De los Cobos ha recordado que “lo único y exclusivo” que corresponde al organismo que preside es “delimitar el espacio constitucionalmente legítimo en el que operarán la Administración, el legislador o el órgano judicial”.

De los Cobos ha pronunciado su charla un día después de que el Tribunal Constitucional suspendiera la resolución del Parlamento de Cataluña que inicia los pasos para la independencia de esta comunidad autónoma tras admitir a trámite un recurso del Gobierno contra ese acuerdo. En la conferencia sobre los distintos cánones de interpretación de la norma fundamental, de carácter muy técnico, De los Cobos ha evitado cualquier referencia a la situación catalana o otros asuntos concretos.

Sin embargo, en su disertación, tras la que no ha admitido preguntas ni de los estudiantes ni de la prensa, De los Cobos ha lanzado –sin vincularlas expresamente– algunas ideas que se pueden aplicar al momento actual. En el ambiente flotaba la reforma del Gobierno del PP que otorga carácter ejecutivo a las resoluciones del Constitucional y que permite a este órgano sancionar a quienes las incumplan.

“La interpretación de la Constitución que el Tribunal Constitucional realiza está necesariamente restringida por la idea de autocontención, de la identificación de aquellas decisiones jurídicas y políticas constitucionalmente intolerables, pero solo eso”, ha explicado. “Nuestra forma de operar no es la de la subsunción [del papel de los políticos y de los jueces], practicamos juicios de razonabilidad que dejan amplios márgenes a la apreciación y la decisión en favor de otros operadores”.

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“Si el Tribunal Constitucional sucumbiera a una tentación que le es propia que es la de servirse del canon de razonabilidad para cubrir el mero decisionismo, menoscabaría el rol que constitucionalmente corresponde a otros poderes del Estado y, lo que es más grave, se menoscabaría a sí mismo”, ha alertado. “Es fundamental no perder nunca de vista el papel institucional que nos es propio y ejercerlo con máxima prudencia”, ha dicho, antes de asegurar que ese es “el compromiso” que asumen los 12 magistrados intérpretes de la Carta Magna.

De los Cobos ha afirmado que el Constitucional no puede actuar solo por criterios de oportunidad y de estricto coste y beneficio. Si este criterio no se usa con cuidado “puede terminar llevando al tribunal a una posición que no le es propia, la de legislador ideal”, ha afirmado.

En el preámbulo de su disertación, De los Cobos ha lamentado las “carencias” de muchos juristas y políticos españoles en materia constitucional, lo que explica la “conflictividad gratuita” que, en su opinión, padece España.

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Sobre la firma

Fernando J. Pérez
Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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