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La reapertura de Garoña quiebra el Consejo de Seguridad Nuclear

Narbona se opone a ampliar la vida de las centrales hasta los 60 años y pide debatirlo

Dos consejeros del PP acusan a su compañera de "menoscabar" la credibilidad del CSN

Cristina Narbona y Fernando Marti, en 2012.

El proceso para reabrir la central de Garoña (Burgos), que ya ha cumplido los 40 años de vida, ha quebrado el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que en estos momentos está formado por tres miembros del PP y dos del PSOE. Las actas de la reunión del pleno del 4 de noviembre reflejan la tensión que vive este órgano, encargado de velar por la seguridad de las centrales en España.

En esa reunión se aprobó, con cuatro votos a favor y uno en contra, una modificación sobre las curvas de presión de la vasija del reactor de Garoña. Este paso es necesario si esta central quiere prolongar la vida hasta los 60 años y, por lo tanto, reabrir. Pero no es el definitivo, ya que el CSN sigue estudiando la petición de autorización global para volver a funcionar presentada por esta central, propiedad de Nuclenor, controlada a partes iguales por Iberdrola y Endesa.

Tras aprobarse este cambio técnico, la consejera del CSN Cristina Narbona (exministra socialista de Medio Ambiente) presentó un voto particular en el que explica las razones por las que se opone. El pleno, sostiene Narbona, "sigue sin aclarar ni debatir técnica y jurídicamente las implicaciones de la solicitud cursada por Nuclenor, a pesar de que se trata de una circunstancia inédita en la historia del CSN".

"Es la primera vez en la historia de la seguridad nuclear española que un titular ha solicitado operar un reactor nuclear hasta los 60 años de explotación comercial, con el consiguiente incremento de residuos nucleares que ello conllevaría", expone la consejera socialista. Narbona considera también "anómala" la solicitud de la central de operar hasta 2031, lo que supondría un permiso para 17 años. Hasta ahora, la renovación de las autorizaciones se concedía en el CSN cada diez. Y ninguna central ha sobrepasado los 40 años de vida útil. Narbona considera "inadecuado proseguir con el proceso de evaluación de la central nuclear" hasta que no se aclaren "las implicaciones técnicas derivadas de operar" un reactor hasta los 60 años.

La respuesta del presidente del CSN, Fernando Marti Scharfhausen (exsecretario de Estado de Energía con el PP), fue acusar a Narbona, a través de otro voto particular, de menoscabar "la credibilidad de este organismo regulador". "La reiteración de argumentos, opiniones y juicios de valor no introduce elemento novedoso alguno desde el punto de vista de la seguridad nuclear", argumenta el presidente del CSN.

Otro miembro del pleno, Fernando Castelló Boronat (también del PP), emitió otro voto particular en el mismo sentido. Al igual que su compañero, acusó a Narbona de "menoscabar la credibilidad del regulador nuclear". "No parece oportuno ni conveniente que se aproveche cada ocasión que se incluye en el orden del día un asunto relativo a una instalación determinada, en este caso Santa María de Garoña, el argumento ya manifestado de la necesidad previa de un debate técnico y jurídico sobre la propia solicitud cursada por el titular", apunta en su voto. Además, recuerda que la necesidad de ese debate en su día fue rechazada por el consejo. "El pleno como órgano colegiado adopta las decisiones por mayoría y, en este caso, la reiteración de los argumentos ya expuestos y conocidos por la consejera Narbona (...) y fundamentados en el error conceptual de confundir los mecanismos de evaluación de una revisión periódica de seguridad, sobre los diez años pasados, con los de la evaluación para su continuidad para operar en el futuro, no pueden utilizarse de forma reiterada, en contra de la amplia mayoría de los miembros del pleno, ya que pueden confundir a la opinión pública y menoscabar la credibilidad del regulador nuclear", concluye Castelló.

Paz rota

La paz dentro del pleno del CSN se rompió hace meses. Ya hubo duros enfrentamientos cuando se abordó la autorización previa para el almacén de residuos nucleares que el Gobierno central quiere construir en Villar de Cañas (Cuenca). Hay otra consejera del PSOE, Rosario Velasco García, pero esta se ha posicionado en contra de su compañera cuando ha tenido que votar. También, en los temas relativos a Garoña. El PSOE, al igual que Podemos y Ciudadanos, rechaza que esta central pueda reabrir y tampoco acepta que las nucleares puedan funcionar más allá de los 40 años. 

Pero la tensión no solo se vive entre los consejeros. También existe un duro enfrentamiento entre un grupo de técnicos del CSN y la dirección. La Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica (Astecsn) arremetió esta semana, a través de un comunicado, contra la dirección, a la que acusó de "presiones inadmisibles". Por ejemplo, "cuando los tiempos asignados a las tareas del cuerpo técnico no se fijan en función del rigor técnico necesario, sino de plazos marcados por intereses ajenos, elecciones, opinión pública y otras variables políticas". Esta asociación, además, acusa a los responsables del CSN de "paralizar propuestas de expedientes sancionadores" y de privar "a los técnicos de los medios necesarios para exigir en tiempo y forma la información" requerida a los titulares de las centrales. La dirección del CSN, sin embargo, sostiene que estas críticas vienen solo de un pequeño grupo de técnicos descontentos.

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