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Cataluña ve a Kosovo como modelo de reconocimiento internacional

Cataluña planea pedir el ingreso en la UNESCO ante la dificultad de entrar en la ONU

Diada de Barcelona para pedir la independencia Ampliar foto
Barcelona en la Diada, el 11 de septiembre.

El Gobierno de Artur Mas mira a Kosovo como modelo para obtener el reconocimiento internacional del nuevo Estado catalán. Ante la dificultad de conseguir su admisión en la ONU, la alternativa consiste en pedir el ingreso en la UNESCO y colarse por la puerta trasera en el sistema de Naciones Unidas. Así consta en un exhaustivo estudio encargado por la Generalitat a un equipo de expertos en Derecho internacional. La UNESCO tiene previsto votar este lunes el ingreso de Kosovo, que declaró la independencia unilateral de Serbia en 2008.

El ingreso de un nuevo país en la ONU requiere el informe favorable del Consejo de Seguridad; lo que exige, además de tener mayoría de votos —ocho de 15—, que ninguno de los cinco miembros permanentes se oponga.  En cambio, en la UNESCO —la organización de Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura— no existe derecho de veto y es por eso que la exprovincia serbia de Kosovo, como ya hizo Palestina en 2011, ha recurrido a esta puerta trasera para colarse en el sistema de Naciones Unidas.

Tabla rasa de un millar de tratados

El Convenio de Viena <MC>sobre sucesión de Estados en materia de tratados (1978) dispone que los nuevos Estados no están sujetos a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado predecesor, lo que supone que, en una Cataluña independiente, dejarían de aplicarse un millar de tratados suscritos por España, lo que produciría un enorme vacío legal.

Para evitarlo, el informe encargado por la Generalitat prevé los mecanismos para que Cataluña se adhiera cuanto antes al 95% de los mismos, aunque omite la posibilidad de que España la vetara.

Pese a la oposición de países como Rusia y España, el Comité Ejecutivo de la UNESCO aprobó el pasado día 22 proponer el ingreso de Kosovo y, si Serbia no logra evitarlo, —está maniobrando hasta última hora para aplazar la votación—, su Asamblea General, que reúne a 195 países, ratificará hoy la decisión, lo que requiere mayoría de dos tercios.

No sorprende, por tanto, que el Informe sobre procedimientos e instrumentos para manifestar la voluntad o no de continuidad del Estado sucesor en relación con los tratados de los que es parte el Estado predecesor —un nombre tan farragoso y extenso como lo es el propio documento—, proponga seguir el modelo de Kosovo para obtener, si no el reconocimiento diplomático, sí al menos un cierto reconocimiento implícito del nuevo Estado como sujeto de derecho internacional.

El informe, pormenorizado y exhaustivo, tras el que se adivina la mano de un despacho jurídico especializado y una ingente cantidad de horas de trabajo, analiza uno por uno el millar de tratados internacionales suscritos por España, incluso los que aún no han entrado en vigor, así como las reservas presentadas por España, y valora cuáles deben ser aceptados o no.

En más del 95% de los casos, aboga porque sean asumidos por la autoproclamada república catalana e incorporados a su legislación interna. Se trata de evitar un vacío legal y que, como vaticinó el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, el nuevo Estado quedara condenado a “vagar por el espacio” sin asidero internacional.

Sin aval para la "ampliación interna" de la UE

M. G. / P. R.

El informe encargado por la Generalitat no avala la tesis de la “ampliación interna” de la UE, esgrimida por los independentistas catalanes, según la cual el nuevo Estado seguiría siendo miembro de la Unión Europea, sin necesidad de pedir el ingreso, porque Cataluña ya forma parte de la misma.

El estudio, de carácter técnico y no político, no se molesta en rebatir esta tesis. Simplemente la ignora y da por sentado que el nuevo Estado tendría que pedir el ingreso en todas aquellas organizaciones multilaterales de las que forma parte España: de la ONU a la OTAN, pasando por la UE, el FMI o el Banco Mundial.

En los tratados bilaterales, se trataría de remitir una nota verbal al otro país manifestando el deseo de formar parte de los mismos; y en los tratados internacionales que no estén ligados a una organización, como acuerdos en materia de derechos humanos, se informaría al depositario de los tratados de la voluntad del nuevo Estado de adherirse a los mismos y asumir sus compromisos. Ignora que solo los Estados reconocidos como tales están legitimados para hacerlo.

El informe apuesta por la llamada sucesión de estados, en virtud de la cual un nuevo Estado se considera sucesor de otro en la representación de las relaciones internacionales de un territorio. La elección de esta fórmula tiene calado político: las repúblicas bálticas, por ejemplo, no se consideraron sucesoras de la Unión Soviética cuando accedieron a la independencia, con el argumento de que habían sido ocupadas por el Ejército rojo. A la inversa, el nuevo Estado catalán, al declararse sucesor del español, admitiría implícitamente que no se considera ocupado por España. Y la ocupación extranjera es uno de los motivos que acepta la ONU para reconocer el derecho de autodeterminación.

Pero la declaración de Estado sucesor —conforme al convenio de Viena de 1978, que apenas dos decenas de países han suscrito— no supone, sin embargo, la aplicación de un mecanismo automático por el cual Cataluña sería parte de todos los tratados y organizaciones internacionales a los que pertenece España.

El hecho de que el Consejo de Europa aceptara la “continuidad autómática” de Montenegro, cuando se separó de Yugoslavia, podría servir como ejemplo, “pero no estamos delante de un precedente claro, sino que posiblemente se trate de una excepción”, advierte el estudio.

Es decir, da por sentado que Cataluña haría tabla rasa de sus compromisos internacionales tras la declaración de independencia y se quedaría fuera de la comunidad internacional; por lo que anticipa los pasos que habría que dar cuanto antes para retornar a ella. Para adelantar tarea, incluye modelos de las cartas a remitir a Gobiernos extranjeros y organizaciones internacionales.

El informe incluye igualmente el borrador de un proyecto de ley de adaptación provisional de la Ley de Tratados española, que entró en vigor en noviembre pasado, para facultar al Gobierno catalán para suscribir tratados.

Sospechosamente, el informe pone alguna reserva a la adhesión al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, principal órgano judicial de Naciones Unidas, que resuelve mediante sentencias o dictámenes consultivos los litigios entre estados; quizá porque sus autores no están seguros de que el procedimiento seguido para acceder a la independencia sea conforme al derecho internacional. En esto se aparta del modelo de Kosovo, que en 2010 obtuvo un dictamen de La Haya favorable a sus tesis.

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