La izquierda recupera la protección del catalán en Baleares
El idioma volverá a ser un requisito para acceder a las plazas de funcionario
La izquierda balear se ha propuesto borrar la herencia política de José Ramón Bauzá (PP). El conocimiento del catalán volverá a ser un requisito indispensable para acceder a las plazas de funcionario y, para ello, se cambiará —de nuevo— la Ley de la Función Pública y se recuperará la Ley de Normalización Lingüística. Así lo ha aprobado el Parlamento balear este martes, con 35 votos a favor y los 21 votos en contra del PP y Ciudadanos.
El PSOE, Més, Podemos, con mayoría en la Cámara balear desde las elecciones del pasado 24 de mayo, han decidido retomar la versión original de la Ley de Normalización Lingüística. El PP y Ciudadanos votaron contra esta opción de rescate que ha propuesto una minoría ajena al bloque de poder, el PI, un partido autonomista conformado por exdirigentes del PP y Unió Mallorquina, que cuenta con tres diputados.
El portavoz del PI, Josep Melià, ha explicado su propuesta: "Hay que dar al catalán un valor añadido de protección, que sea la lengua normal y habitual de las administraciones". Bauzá, hoy senador tras renunciar al liderazgo del PP al perder el Gobierno balear, había hecho bandera política "contra la imposición" del catalán. Bauzá retiró la exigencia del conocimiento de la lengua entre los empleados públicos y potenció el uso del castellano —su lengua materna— en toda la Administración y en la televisión pública.
El uso de señeras
En la anterior legislatura, el PP creó una ley para multar con hasta 10.000 euros el uso en escuelas o ayuntamientos de las señeras de cuatro franjas. En Baleares, la bandera de la Corona de Aragón es un símbolo reivindicativo del uso del catalán y fue un icono de resistencia contra la política del PP. La llamada Ley de Símbolos quedó anulada por una nueva ley de la izquierda.
La acción de Bauzá sobre la lengua, la escuela y los símbolos movilizó a un bloque de oposición social. El nuevo Gobierno se siente deudor de aquella protesta. La reforma en la enseñanza, los recortes en la administración y la reforma lingüística suscitaron un movimiento de rechazo y respuesta al PP. La marea verde llegó a movilizar a 100.000 personas en las calles de las capitales de las islas, en septiembre de 2013, y desarrolló una huelga de semanas en la enseñanza.
La nueva mayoría desactivó el controvertido modelo educativo de trilingüismo (inglés, castellano y catalán, como parte del TIL, el Tratamiento Integrado de Lenguas), parcialmente desplegado en un curso, y recuperó el plan anterior de enseñanza bilingüe (castellano y catalán).
La portavoz del PP, Marga Prohens, aseguró que se debe "defender el derecho de todos los ciudadanos a poder dirigirse y ser atendidos en las dos lenguas propias cuando se relaciona con la administración". El PP planteó que las leyes de Bauzá que se modifican tienen el aval de sentencia del Tribunal Constitucional.
Laura Camargo, de Podemos, censuró el papel del expresidente del PP como "artífice de la contrarreforma". Xavier Pericay, de Ciudadanos, destacó que el uso social del catalán retroceda y que "alguna cosa hacen mal los normalizadores". Joana Campomar, de Més per Mallorca, vindicó el consenso de las normas que se fracturó en el pasado.
Silvia Tur, de Gente per Formentera, celebró, desde su condición de políglota, la "felicidad" que le motivaba tratar esta cuestión importante tras épocas "vergonzantes". Nel Martí, de Més per Menorca, atacó al PP y "al régimen Bauzá" por sus "decretos de nueva planta" y sus dogmatismos, que equiparó a los de Felipe V. Elena Baquero, del PSOE, se remitió a la Constitución para garantizar el uso legal de la lengua propia y la oficial del Estado.
