_
_
_
_
_

Las ONG exigen a los partidos una reforma de la Constitución

La Plataforma del Tercer Sector, que aglutina a colectivos como Cruz Roja y Cáritas, apuesta por modificar la Carta Magna para garantizar en el texto la asistencia social a los "excluidos"

J. J. Gálvez
Economato de ayuda de Cáritas Diocesana.
Economato de ayuda de Cáritas Diocesana. HEINO KALIS (REUTERS)

El debate electoral ya ha hecho esta semana su primera parada: la reforma constitucional. Todos los grandes partidos han abordado la cuestión en los últimos días. Y todos, excepto el PP, han anunciado iniciativas que implican cambiar la Ley Fundamental. A esta opción se suman ahora las ONG. La Plataforma del Tercer Sector, que aglutina a cerca de 29.000 colectivos sociales —como Cruz Roja, la ONCE y Caritas— ha presentado este miércoles un decálogo de propuestas que incluye modificar la Constitución para garantizar en el texto la asistencia social a los "excluidos".

Más información
El PSOE propone incluir el derecho a una renta mínima en la Constitución
Rivera compara el fin de la legislatura con una segunda transición en España
Propuesta para la reforma constitucional, partido a partido

Esta declaración de intenciones colisiona frontalmente con la posición defendida por los populares, que han descartado introducir en su programa una reforma del texto aprobado en 1978. Durante una entrevista en TVE el pasado lunes, Rajoy argumentó que no existe una demanda social en este sentido. Los representantes de las ONG difieren. "Es una cuestión de realidad. La sociedad de este país ha cambiado y tiene que haber también un cambio de la Constitución", ha apuntado Luciano Poyato, presidente de la Plataforma del Tercer Sector.

El decálogo presentado este miércoles, que se trasladará a los diferentes partidos en los próximos días, destaca como primer punto un cambio en la Ley Fundamental para "convertir los derechos sociales, culturales y económicos en derechos fundamentales". Esta medida se traduce, según recalca Poyato, en obligar a que las administraciones tengan que actuar para que todas las personas tengan garantizados estos derechos. "Lo que implica crear mecanismos plenos de protección y tutela, incluida la judicial", subraya la Plataforma del Tercer Sector.

Es una cuestión de realidad. La sociedad ha cambiado y tiene que cambiar la Constitución Luciano Poyato, presidente de la Plataforma del Tercer Sector

La propuesta de reforma constitucional no se queda ahí. El colectivo también pide a las formaciones que se reconozca en el texto el papel de la sociedad civil organizada a través de este tipo de organizaciones. "Promoviendo así su participación e interlocución en la vida política", apostilla el documento, que también exige modificar el título octavo de la Ley Fundamental para que el Gobierno central comparta con las comunidades el desarrollo de las políticas de asistencia social.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

"No se trata de cargarnos las competencias autonómicas", ha recalcado Elena Rodríguez, directora de la Plataforma. "Consiste en dotar a la administración general del Estado de una parte de la competencia para que pueda complementar los desequilibrios territoriales", ha remachado Poyato.

Impulsar una Ley de Rentas Mínimas

El documento difundido este miércoles también apuesta por elaborar una Ley Estatal de Rentas Mínimas. "Esta norma debe reconocer el acceso a esta prestación como un derecho ciudadano para alcanzar la inclusión social", recalca la Plataforma del Tercer Sector, que ha asegurado que la cuantía de la ayuda debe asemejarse al Salario Mínimo Interprofesional. Una propuesta que ya han recogido algunos partidos, como IU, Podemos y PSOE. Los socialistas, además, han anunciado que pretenden incluirla como un derecho en la Constitución.

Entre otras medidas, la Plataforma también ha pedido a los partidos que se garanticen las mismas prestaciones sociales con independencia del punto del país de residencia del ciudadano; así como sellar un pacto contra la pobreza y crear una estrategia de inclusión laboral. Paralelamente, el colectivo ha exigido que se derogue la normativa aprobada por el PP que sacó a los inmigrantes irregulares del sistema universal de salud.  Y que los ingresos que se obtengan una de tasa sobre las transacciones financieras se destinen a la lucha contra la pobreza y la exclusión.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Sobre la firma

J. J. Gálvez
Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_