500 euros a la semana, el precio de la protección policial en Palma
El juez manda a la cárcel a cinco agentes por "chantaje, la coacción, la intimidación y el uso torticero y arbitrario del poder"
El juez de Instrucción Manuel Penalva ha identificado a supuestas bandas mafiosas formadas por agentes y mandos del cuerpo de la Policía Local de Palma, que "han utilizado sistemáticamente el chantaje, la coacción, la intimidación y el uso torticero y arbitrario del poder en beneficio propio". En algunos casos la organización criminal exigía el pago de 500 euros semanales a los locales de ocio a los que "protegían" y "extorsionaban", que se abonaban mediante sobres. El magistrado ordenó en la noche de este martes el ingreso en prisión sin fianza de cinco policías locales supuestamente implicados en estas bandas criminales.
Este miércoles, otros cuatro agentes sospechosos declaran. En las diligencias constan los relatos de unos 20 empresarios de negocios de ocio nocturno, de discotecas y de bares de alterne, que sostienen que eran extorsionados por los policías detenidos para que pagasen los 500 euros semanales. Mujeres que trabajaban en los locales han identificado —como testigos protegidos— a unos quince agentes. Algunos detenidos no abonaban la bebida ni el precio convenido para los contactos sexuales. En algunas ocasiones ejercieron, supuestamente, la agresión sexual. También hay indicios de que se apropiaban de la droga intervenida para su posterior consumo y tráfico.
Los dueños de las empresas daban la dádiva a cambio de no ver sus negocios cerrados, por denuncias o por quedar sometidos al cerco de las patrullas contra el ruido. Un policía "arrepentido" afirma que el precio de protección, en algunos casos, ascendía a mil euros semanales. Algunos de los empresarios que no se plegaron al chantaje y a la extorsión, se vieron abocados a cerrar sus negocios.
La decisión del encarcelamiento de los cinco policías fue adoptada por el juez a petición de la Fiscalía, tras la toma de declaraciones de este martes. Varios de los implicados se negaron a contestar al interrogatorio. La causa judicial está bajo secreto de sumario y solo los letrados de cada compareciente pueden asistir a su declaración para evitar filtraciones.
Hasta 25 agentes y mandos de la Policía Local de Palma están imputados en diferentes causas penales en instrucción
En total, hasta 25 agentes y mandos de la Policía Local de Palma —que tiene 900 integrantes— están imputados en diferentes causas penales en instrucción. Además, se está indagando la manipulación de ascensos y oposiciones, en las que están acusados un exconcejal, el ex director de seguridad y el exintendente del cuerpo. También han caído imputados cuatro comisarios que ocuparon, sucesivamente, la jefatura de la Policía Local de Palma, aunque dos de ellos en causas penales de menor importancia.
El juez instructor, tras las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción y la unidad de Blanqueo de la Policía Nacional, ha reprochado a la cúpula policial y a las autoridades políticas del Ayuntamiento de Palma que no actuase ante las denuncias internas. Manuel Penalva afirma que se protegió a los protagonistas de las tramas y que fueron castigados los agentes que ofrecieron datos y nombres que desvelaban los escándalos internos. Incluso se ascendió, supuestamente, a corruptos.
El exjefe de la Patrulla Verde, Gabriel Torres, uno de los detenidos, ha sido identificado como el supuesto capo de una de las bandas organizadas bajo el amparo del jefe de la Policía Local.
La investigación comenzó hace más de un año y ha implicado a las brigadas y unidades que operan en las zonas turísticas. Las diligencias de investigación de la Fiscalía Anticorrupción han sido desarrolladas por los fiscales Miguel Ángel Subirán y Juan Carrau.
Un amplio abanico de hechos delictivos
El abanico de delitos que se investigan es muy amplio, según el auto del juez. A cada policía bajo sospecha se le atribuye una distinta implicación penal con una larga relación de hechos. El magistrado instructor recoge en su auto delitos de cohecho, agresión sexual, amenazas, extorsión, coacciones y pertenencia a organización criminal, información privilegiada, solicitud de favores sexuales, asociación ilícita, falsedad, negociaciones prohibidas a funcionarios, omisión del deber de perseguir delitos y encubrimiento.
La aparente reiteración de las actividades ilegales —durante años— y las interconexiones de los grupos policiales en sus negocios han motivado que varios de los imputados hayan sido detenidos en más de una ocasión. Además de las confesiones de los empresarios que se avenían al pago por favores policiales, en el juzgado constan los relatos de agentes arrepentidos. Alguno de ellos ha sido amenazado, supuestamente, por sus compañeros aludidos por sus descripciones. Uno de los imputados fue encarcelado con anterioridad por romper una orden de alejamiento.
Las dádivas de los empresarios las percibían también a través de contratos que tramitaban para empresas a nombre de sus familiares, con negocios paralelos de seguridad, equipos de vigilancia con cámaras, servicios de limpieza, equipos de decoración de locales, trámite de seguros de empleados y control de máquinas expendedoras.
Las tramas tienen más ramificaciones, en otros negocios de ocio del municipio vecino de Calvià, con escándalos que afectan también a su cuerpo policial local. Un caso se destapó por la supuesta colocación de droga en locales no sometidos a los chantajes y por la grabación de un episodio de estos montajes criminales. Los jefes de Policía Local de Calvià y Marratxí, ciudad cercana a Palma, cayeron el año pasado al destaparse que estaban vinculados a empresas de servicios a negocios turísticos.
