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El fiscal pide cuatro años de cárcel para el maquinista del Alvia

El ministerio público pide casi 43 millones de euros como indemnización para las víctimas del accidente de tren

Familiares de las víctimas del accidente observan el paso del Alvia en Angrois
Familiares de las víctimas del accidente observan el paso del Alvia en AngroisÓscar Corral

El Ministerio Fiscal pide una pena de cuatro años de cárcel y la inhabilitación especial durante seis años para el ejercicio de la profesión al maquinista del Alvia Francisco José Garzón Amo que el 24 de julio de 2013 conducía el tren que se estrelló en la curva de Angrois, en Santiago de Compostela, provocando la muerte de 80 personas y causando heridas a casi 150. En el escrito de acusación registrado este martes por la mañana ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, el fiscal pide la apertura de juicio oral contra Garzón al que considera autor de 80 delitos de homicidio "por imprudencia grave profesional" y 144 delitos de lesiones.

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La fiscalía atribuye la responsabilidad civil directa a la compañía aseguradora QBE Insurance, subsidiaria a Renfe, y reclama una indemnización total de 42,8 millones de euros para las víctimas. El importe de la indemnización supera en más del doble la cantidad estimada el año pasado por las aseguradoras. Las víctimas acusaron recientemente a fiscal de querer "callarnos la boca con dinero".

El titular del juzgado número 3 de Santiago concluyó la investigación con Garzón como único imputado por el descarrilamiento del tren. El instructor desatendió las peticiones de los abogados del maquinista y de las asociaciones de víctimas para sentar además en el banquillo a cargos ferroviarios del Ministerio de Fomento, responsables de la seguridad en ese tramo.

El fiscal ha hecho público su escrito de acusación el mismo día en que se estrena, en la Seminci de Valladolid, el documental Frankenstein 01455 que incluye el testimonio de las víctimas y sus recelos hacia la labor del Ministerio Fiscal y de los presidentes de las salas de audiencias provinciales que, sostienen, "dependen directamente del Gobierno".

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