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CASO MERCASEVILLA

La fiscalía pide imputar a un diputado andaluz por cobrar sin trabajar

El fiscal estima que el parlamentario del PSOE Carmelo Gómez firmó contratos "simulados"

Javier Martín-Arroyo
Carmelo Gómez, diputado andaluz del PSOE.
Carmelo Gómez, diputado andaluz del PSOE.

La Fiscalía de Sevilla ha pedido la imputación del diputado andaluz del PSOE y miembro de la ejecutiva regional del partido socialista Carmelo Gómez por firmar "contratos simulados" para cobrar sin trabajar a través de una trama societaria vinculada al caso Mercasevilla. El ministerio público ve irregulares los pagos que percibió Gómez desde la lonja sevillana gracias a Juan Lanzas, el conseguidor clave del caso de los ERE e imputado, asimismo, en el caso Mercasevilla, que analiza las irregularidades de la empresa pública del Ayuntamiento andaluz.

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El fiscal censura que Gómez, secretario de Formación y Nuevos Afiliados de la ejecutiva regional del PSOE andaluz, se beneficiara del "sistema de facturas falsas" que se instauró en Mercasevilla, junto al exconcejal del PSOE José Antonio García y María del Carmen Rodríguez, nuera del exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas. Las nóminas de los tres, que sumaron 70.000 euros, "fueron pagadas indebidamente con fondos públicos".

Gómez alega que desarrolló "todas las tareas" por las que fue contratado, en este caso "estudios e informes" para Lanzas, por los que cobró una nómina "como cualquier trabajador por cuenta ajena", informa Europa Press. El diputado asegura tener toda la información relevante sobre estos encargos, que en su día entregará al juzgado. "Si hubiera conocido irregularidades las hubiera denunciado de manera inmediata", ha dicho. De momento, el PSOE rechaza aclarar el futuro próximo de su diputado y si tomará medidas al respecto. 

El fiscal discrepa del parlamentario: "Los tres contratos pudieron ser simulados, no respondiendo a actividad laboral real alguna". Dado que Gómez es aforado como diputado, el fiscal pidió hace un mes y medio a la juez instructora María Núñez que elevara la investigación al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tras obtener la confirmación de su condición de diputado. Para ello, la magistrada dictó una providencia dirigida al Parlamento andaluz para que confirme su aforamiento.

En este mismo escrito la fiscalía reclama a las supuestas empresas pantalla Al andalus Mass Media Channel, Magina Solutions y Consulting Social Siemur que aporten las justificaciones para el pago de dietas realizados a sus tres supuestos empleados. En estos pagos "simulados" el fiscal entiende que estuvieron concertados el exdirector de Mercasevilla Fernando Mellet junto a Lanzas y su cuñado Ismael Sierra. Además, reclama al Servicio Andaluz de Empleo que aporte los contratos de trabajo realizados a Gómez, García y Rodríguez, así como a la Tesorería General de la Seguridad Social para que aporte la vida laboral de los tres.

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Gómez trabajó entre 2003 y 2007 para Lanzas en una firma de su entramado societario según la Guardia Civil, mientras que Gómez redujo el periodo a "unos meses". En su escrito elevado al Juzgado 6 de Instrucción de Sevilla, el ministerio público solicita que, "en caso afirmativo, dado el fuero, se eleve atenta exposición razonada al TSJA por considerar que el de instrucción penal de los hechos en los que ha participado el diputado autonómico Carmelo Gómez corresponde a su sala de lo Penal, siendo perfectamente escindibles del resto de las actuaciones".

El fiscal especifica que una vez examinadas las actuaciones "habría en la causa indicios" de que el ex director general de Mercasevilla, Fernando Mellet, "mediante el abono de facturas simuladas, satisfizo la nómina" de Carmelo Gómez, del exconcejal José Antonio García (PSOE) y de María del Carmen Rodríguez Borrego, nuera del exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas, todo ello "durante el tiempo en que los tres estuvieron dados de alta en diversas empresas vinculadas al entramado societario" del conseguidor de los ERE, Juan Lanzas. La investigación estima que este intermediario facturó alrededor de 800.000 euros mediante facturas falsas.

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo
Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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