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Las empresas investigadas extienden la sombra del 3% por toda Cataluña

La operación iniciada hace dos años destapa un complejo entramado construido por CDC

La nueva fase de la Operación Petrum contra la financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) es el último e importante salto de las investigaciones iniciadas hace dos años en Torredembarra (Tarragona), donde el exalcalde convergente Daniel Masagué fue detenido en junio de 2014 por haber recibido más de 1,4 millones de la constructora Teyco. El avance de las pesquisas condujo el pasado mes de julio a la detención del consejero delegado de la constructora, Jordi Sumarroca, en cuyo poder la Guardia Civil halló un documento en el que se calculaba el 3% de varias adjudicaciones hechas por cinco ayuntamientos gobernados por el partido. Esta pista clave fue la que llevó el pasado 28 de agosto al registro de las sedes de CDC y las dos fundaciones del partido, CatDem y Barcelona Fòrum.

Lo que empezó siendo una investigación local ha acabado así por golpear al corazón de las finanzas del mayor partido catalán y extenderse por todo su poder territorial. De Torredembarra, y siguiendo la pista de adjudicaciones y donaciones, los investigadores llegaron a los municipios de Sant Cugat, Figueres, Lloret de Mar y Sant Celoni. Los nombres no son casuales. Se trata de varios de los grandes ayuntamientos gobernados por CDC entre 2007 y 2011, cuando el partido estaba fuera del Gobierno de la Generalitat y los municipios eran sus reductos de poder. Ahora, la mancha se extiende aún más ya que las constructoras bajo el foco de la Fiscalía Anticorrupción son actores de primer orden en el ecosistema del sector de la construcción en Cataluña, con cientos de adjudicaciones en todas las administraciones.

Como ha publicado EL PAÍS en las últimas semanas, los indicios apuntan a que Convergència y sus dos fundaciones formaban de facto un todo en el que, en un primer paso, el partido utilizaba las administraciones que gobernaba para adjudicar obra pública a las constructoras. Posteriormente, las empresas hacían cuantiosas donaciones a las dos fundaciones de CDC. El círculo se cerraba con el traspaso de buena parte de estos fondos desde las entidades al partido por supuestos trabajos ficticios.

Entre 2008 y 2013, las dos fundaciones de Convergència recibieron un total de 10,4 millones de euros en forma de donaciones, en su mayor parte procedentes de empresas adjudicatarias de grandes contratos públicos. El uso que CatDem y Barcelona Fòrum dieron a estos fondos va mucho más allá de lo que recogen sus fines fundacionales, especialmente en el caso de la segunda, cuya actividad era mínima. En esos mismos años, las dos entidades transfirieron al partido más de 3,7 millones por supuestos trabajos que el Tribunal de Cuentas considera que no están justificados.

El Grupo Agbar, con 1,6 millones, ha sido el mayor donante a CDC entre 2008 y 2013 (895.000 euros a CatDem y 695.000 a Barcelona Fòrum). La corporación, centrada en los servicios de abastecimiento de agua y con contratos millonarios en casi toda Cataluña, ha utilizado siete filiales (algunas con actividad en otras comunidades, como Murcia) para vehicular los pagos a las fundaciones de CDC. Una de ellas, Aquagest, ya está siendo investigada por la Audiencia Nacional a raíz del caso Pokémon por sus actividades en el resto de España, que golpean al PP. La juez del caso, Pilar Lara, calificó en un auto a esta sociedad de “verdadera asociación ilícita”.

El segundo mayor donante es la constructora catalana Copisa, con 1,06 millones en total. Como el resto de grandes donantes al partido, Copisa dividió los pagos entre las dos fundaciones de CDC (580.000 a CatDem y 480.000 a Barcelona Fòrum) y, como Agbar, se ha visto implicada en otro caso de corrupción, el que afecta a la familia Pujol. Según el juez José de la Mata, de la Audiencia Nacional, Copisa pagó 3,6 millones a Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente catalán, en “comisiones y pagos ilegales” por obras ajudicadas por las administraciones catalanas.

La siguiente mayor constructora de la lista es el Grupo Soler, con sede en la zona industrial de Manresa, que aportó a las fundaciones de CDC un total de 590.000 euros. El Grupo Soler controlaba la unión temporal de empresas (UTE) que en 2009 pagó exactamente el 3% de una obra de 1,14 millones de euros para construir un centro cívico en el municipio de Sant Fruitós. La donación, de 34.000 euros, pudo ser pagada por la UTE gracias a un sobrecoste por ese mismo importe aprobado por el ayuntamiento de la localidad.

Este no es el único caso en el que ha quedado acreditado el pago de donaciones por exactamente el 3% de una obra adjudicada. Además de los investigados por Anticorrupción en varios municipios por la empresa Teyco, este diario avanzó que otra UTE hizo lo mismo por un polideportivo en Sant Cugat.

Entre el resto de las constructoras que realizaron donaciones a las fundaciones de CDC destacan el Grupo Ortiz (400.000 euros), la fundación de la constructora ACS (390.000), Comsa Emte (395.000), Teyco (329.000), TAU Ingeniería y Construcciones Especiales (228.000), Construcciones Deco (210.000), FCC (175.000), Certis (135.000) y Urcotex (116.000).

Fuera del sector de la construcción, los mayores donantes al partido son el grupo farmacéutico Esteve (672.500 euros), la empresa de juego Cirsa (500.000) y el Grupo Pronovias (120.000).

En total, una decena de los grandes donantes de las dos fundaciones de Convergència se han visto implicados en los últimos años en investigaciones por casos de corrupción.

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