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La semana más difícil de Rodrigo Rato

La investigación por corrupción contra el exvicepresidente se acelera tras su declaración

Fernando J. Pérez
Rodrigo Rato abandona los Juzgados de Plaza Castilla tras prestar declaración.
Rodrigo Rato abandona los Juzgados de Plaza Castilla tras prestar declaración.Kike Para

Si la administración de Justicia fuera un partido de tenis, se podría decir que Rodrigo Rato salvó el pasado martes una complicada pelota de set. El exvicepresidente del Gobierno declaró por primera vez como imputado ante el juez de Madrid Antonio Serrano-Arnal, que le investiga por delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. Los avances en la investigación de las semanas anteriores hacían presagiar que el expresidente de Bankia pudiera acabar en la cárcel.

Durante tres horas, Rato contestó a las preguntas del juez y de la fiscal anticorrupción Elena Lorente sobre el origen de su patrimonio personal, sobre los ingresos de 6,5 millones de euros recibidos en su sociedad Kradonara, y supuestamente ocultados al fisco, y sobre la supuesta comisión de 835.000 euros cobrada a cambio de adjudicar un contrato de publicidad de Bankia, entidad que presidió entre enero de 2010 y mayo de 2012.

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Mientras Rato, uno de los funcionarios internacionales de mayor categoría que ha tenido España –director gerente del FMI, con rango de jefe de Estado– declaraba en una sala de vistas de la octava planta de los juzgados de la Plaza de Castilla, aislada por guardias de seguridad que impedían acercarse a menos de 30 metros, por los pasillos deambulaban los usuarios habituales del edificio: imputados por delitos de tráfico, abogados de oficio y guardias civiles custodiando a detenidos por trapicheos de droga.

La incertidumbre era máxima desde que el viernes anterior Rato fue citado a declarar por una vía poco habitual: una llamada telefónica del juzgado. Las especulaciones sobre un posible ingreso en prisión de Rato tras su paso por el juzgado eran cada vez más insistentes. La víspera, en la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos (Madrid), el expresidente de Bankia había contestado durante cuatro horas las preguntas de la Unidad Central Operativa (UCO), mientras su secretaria de toda la vida, Teresa Arellano y su supuesto testaferro Miguel Ángel Montero pasaban dos días en los calabozos del instituto armado antes de pasar, el viernes, a disposición del juez Serrano-Arnal, que los dejó en libertad.

El hecho de que el empresario Alberto Portuondo, intermediario en el pago de la supuesta mordida de 835.000 euros por los contratos de publicidad, hubiera sido encarcelado en agosto cuando trataba de viajar a México, su país de residencia, reforzaba la teoría de que los tres años de caída acelerada de Rato desde su salida de Bankia pudieran acabar en una celda.

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Finalmente –y aquí es donde Rato salvó uno de los días más difíciles de su vida–, la fiscal Lorente, única acusación presente en el interrogatorio ya que la causa está secreta, pidió para el expolítico del PP medidas cautelares mucho menos lesivas que la prisión. El ministerio público pidió al juez que retirara el pasaporte a Rato y que le obligara a comparecer una vez al mes en el juzgado para asegurarse de que no se pone fuera del alcance de la justicia. El juez Serrano-Arnal acordó estas medidas, que permitirán al exministro de Economía viajar, si lo desea, por la Unión Europea y los países de la zona Schengen, entre los que figuran Suiza y Liechtenstein. Fuentes judiciales recalcaron, tras acabar la declaración de Rato, que la ley impide al juez imponer medidas más drásticas que las solicitadas por las acusaciones. El expresidente de Bankia, con aspecto cansado, abandonó la sede judicial con sus guardaespaldas.

Por la tarde, Rato envió un comunicado a los medios en el que afirmaba que “todos los bienes en el extranjero a los que se refiere la denuncia tienen origen familiar y están declarados al fisco” y que los contratos publicitarios de Bankia “fueron objeto de un concurso competitivo en que se valoró a las empresas conforme a baremos objetivos por una Comisión” en la que él “no participaba”.

La instrucción del caso Rato, que acumula once imputados, se divide en dos partes. La primera tiene que ver con los delitos contra la Hacienda Pública del ex director gerente del FMI y sobre ella se ha levantado el secreto del sumario. Por estos delitos Rato fue detenido el pasado 16 de abril y puesto en libertad pasadas seis horas. La documentación incautada en el caso ha permitido poner en marcha la segunda fase, relativa a las comisiones por los contratos de publicidad de Bankia.

La investigación ha cogido velocidad en las últimas semanas pese a que todavía no está claro qué tribunal es competente para investigar la causa. Aquí también se puede aplicar el símil del tenis: Serrano-Arnal y la Fiscalía Anticorrupción consideran que el caso Rato corresponde a la Audiencia Nacional al entender que los delitos de blanqueo se cometieron en el extranjero. Por su parte el juez central Fernando Andreu rechaza asumir la causa y la ha devuelto a los juzgaos ordinarios de Madrid con el argumento de que la trama para introducir las ganancias ilícitas en el circuito legal se centra en esta provincia.

Hasta que el Tribunal Supremo no dilucide este conflicto competencial, el juez Serrano-Arnal, primer instructor, mantiene el caso. Sin embargo, avanza con el freno de mano echado porque no quiere arriesgarse a invadir zonas de la investigación que puedan escapar de su jurisdicción. Esta semana está previsto que el juzgado desprecinte alguna de las cajas con documentación incautada que todavía no se ha analizado.

En las últimas semanas, pese a todo, el caso Rato ha cobrado envergadura. El juez ha tomado declaración a un total de 24 personas además de al expolítico. Todas ellas están vinculadas a la trama de los contratos de publicidad otorgados por Bankia a las centrales de medios Publicis y Zenith, valorados en 46 millones de euros y que dieron pie a las supuestas mordidas. Hay un total de 11 imputados: Rato, el intermediario en los pagos Portuondo; una empleada de este Beatriz Colomer; el abogado Domingo Plazas, gestor de la empresa Kradonara, clave del entramado patrimonial de Rato; la secretaria Teresa Arellanos; el testaferro Miguel Ángel Montero; el exdirector de comunicación de Bankia Miguel Robledo; la directora general de Zenith, Candi Rodríguez; el consejero delegado de Publicis, Xabier Olazábal; y otros dos directivos de estas últimas sociedades cuya identidad no ha trascendido.

En las próximas semanas, el juez Serrano-Arnal, seguirá llamando a su despacho a nuevos testigos. La semana pasada, aunque Rato salvó el escenario peor, el de un posible ingreso en prisión, estuvo cargada de reveses para él. La Audiencia Provincial de Madrid rechazó el recurso del abogado Domingo Plazas, administrador de Kradonara, de que se invalidara el registro policial en la sede de su bufete en Sotogrande (Cádiz), donde la empresa clave del entramado de Rato tenía su sede social hasta diciembre y mantiene su domicilio fiscal.

La justicia también ha validado el embargo de los bienes personales del expolítico hasta cubrir una fianza de 18 millones de euros, y aunque ha levantado el bloqueo de sus sociedades como personas jurídicas, Rato no podrá intervenir en ellas porque tiene las acciones a su nombre embargadas.

El último contratiempo para Rato, cuya repercusión es difícil de calibrar por el momento, es la probable entrada en el procedimiento de una acusación popular, la de la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (Adade). Esta agrupación fue la que, en junio de 2013, pidió por primera vez la prisión para el extesorero del PP Luis Bárcenas.

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Sobre la firma

Fernando J. Pérez
Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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