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El debate sobre la eutanasia busca un hueco en la agenda política

PSOE y Ciudadanos no han decidido qué harían ante una posible propuesta para legalizar la práctica

Una enfermera de la Unidad de Paliativos del Hospital Virgen Macarena de Sevilla en 2009.
Una enfermera de la Unidad de Paliativos del Hospital Virgen Macarena de Sevilla en 2009.

Los defensores de legalizar la eutanasia y el suicidio asistido, dos prácticas castigadas en España por el Código Penal, intentan poner el asunto en la agenda política. La Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), que dirige Luis Montes, el médico falsamente acusado de eutanasias en el hospital de Leganés, es una de las que quiere abrir el melón. Para ello, el martes organizó un debate al que invitó a los principales partidos. El resultado fue que PP, PNV y CiU declinaron participar –alegaron problemas de agenda, informó Montes–; IU, Podemos y Equo-Compromís son partidarios de regular estas prácticas, y PSOE y Ciudadanos, según expresaron sus representantes, José Manuel Freire y Daniel Álvarez, aún no tienen una postura definida al respecto. 

La posición más incómoda fue la de Freire. En 2004, el PSOE planteaba en su programa electoral abrir un debate sobre las prácticas al final de la vida, pero, pese a la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero, no se hizo. El asunto desapareció de los siguientes programas. El portavoz de Sanidad del PSOE, José Martínez Olmos, ha afirmado que defiende una ley de muerte digna estatal, a imagen de las que ya hay en Andalucía, Aragón y Navarra, pero estas normas autonómicas no incluyen –porque no pueden– modificar el Código penal. Freire, quien se declaró partidario de regularizar estas prácticas, se comprometió "a empujar" para que su partido retome el asunto. No tiene buenos antecedentes. En 2012, Ricardo Sixto, de IU, presente en el debate, lideró una propuesta en el Congreso de los Diputados para despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido, y el PSOE votó con el PP en contra.

El PSOE tiene otro lastre al respecto. Como recordaron Ana Castaño (Podemos), Juvenal García (Equo-Compromís) y Sixto, el Código Penal, que castiga la ayuda necesaria al suicidio en el artículo 143, es obra de un ministro de Justicia socialista, Juan Alberto Belloch. "Abolirlo es una cuestión de derechos humanos", afirmó García. María Luisa Cuerda, del Grupo de Estudios de Política Criminal, coincidió en que debería revisarse.

En el debate no hubo solo representantes políticos. Ignacio Sánchez Cuenca, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, recordó los datos de la encuesta 2803 de 2009 del CIS –la última que ha incluido preguntas sobre el asunto-. En ella, por ejemplo, el 82,6% estaba bastante o totalmente de acuerdo con "administrarle la medicación necesaria para aliviar su sufrimiento aunque acelere su muerte" a un enfermo en fase terminal. Esta definición corresponde a la sedación paliativa, y es legal y se considera una buena práctica médica, como recordó Ana Castaño.

Pero otros comportamientos actualmente penados también tienen un amplio apoyo en esa encuesta, por ejemplo, en el mismo caso de enfermedad terminal, el 64,5% está de acuerdo en "ayudarle a morir para evitar su sufrimiento", lo que podría ser una definición de eutanasia o, si el paciente es capaz de tomar los medicamentos por sí mismo, de suicidio asistido.

En la misma línea, a la pregunta: "Cuando una persona tiene una enfermedad en fase terminal, que le causa grandes sufrimientos y que le causará la muerte en poco tiempo, ¿cree usted que la ley debería permitir que los médicos pudieran poner fin a su vida y a sus sufrimientos, si esta persona lo solicita libremente?", el 63,3% contesta que sí "con toda seguridad", y otro 17,2% cree que sí, aunque no está "totalmente seguro".

Sánchez Cuenca destacó, además, que estos resultados eran mayoritarios en todos los grupos de votantes de la época, incluidos los del PP. Por eso afirmó que no entendía el recelo de los partidos a la hora de abordar un asunto que los ponentes definieron como "el último derecho humano a conquistar" (Freire), "una demanda social compartida" (Sixto) o la "disposición del propio cuerpo" (Juvenal García).

A falta de ponentes contrarios a la regularización de la muerte digna (o la vida digna hasta el final, como dijeron varios ponentes), el especialista en cuidados paliativos Antonio Sacristán quiso desmontar el mito de que esta atención es una especie de protección ante la eutanasia. "En mi experiencia la pide gente bien tratada", dijo. También coincidió con Francisco Delgado, de Europa Laica, y Ana Castaño en que la denominada "pendiente peligrosa" (la teoría que dice que una vez se abre la puerta a la eutanasia la sociedad abusa de ella sobre todo con los más débiles) se ha demostrado que es falsa en países como Holanda y Bélgica y Estados como Vermont y Washington donde estas prácticas son legales). El bioético Javier Barbero dijo al respecto que de lo que se trata es de "empujar las garantías legales" para defender a quien puede sentir esa presión.

Ante los datos y las opiniones vertidas, Carlos Barra, médico jubilado y miembro de DMD, recalcó que "en España se muere mal", y que "lo que falta es voluntad política" para abordar el asunto. Y pidió a los representantes de los partidos que tomaran nota. Freire y Álvarez, los de partidos más tibios al respecto, se comprometieron a ello.

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