La fiscalía pide que se tome de nuevo declaración a cuatro exconsejeros

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la juez del caso de los ERE fraudulentos de Andalucía, María Núñez, que cite a declarar como imputados a los exconsejeros andaluces Antonio Ávila, Manuel Recio, Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo, tras perder su condición de aforados al constituirse el nuevo Parlamento andaluz. Los ex altos cargos de la Junta ya declararon en abril ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que asumió parte de la causa a principios de año y que remitió sus diligencias al juzgado de Sevilla cuando estos perdieron su fuero. 

Los fiscales piden a la magistrada que cite "a la mayor brevedad" a los cuatro exconsejeros, no solo para que vuelvan a declarar, sino también para que conozcan el contenido de la causa y "los indicios que pesan sobre ellos". Con ello, los fiscales buscan "velar por el respeto de las garantías procesales de los imputados y por la protección de los derechos de la víctima y de los perjudicados por el delito". Así, Anticorrupción considera necesario este paso "para evitar que en cualquier momento procesal posterior, las defensas de los ahora y en el futuro inculpados puedan alegar, en defensa de sus legítimos intereses, la prescripción o cualquier tipo de indefensión derivada de no poder articular de manera eficiente sus medios de defensa".

El TSJA abrió el pasado marzo causa para investigar el papel de los cuatro exdiputados autonómicos después de que Alaya le enviara en enero su exposición razonada con indicios penales contra ellos. La juez se inhibió el pasado verano del caso a favor del Tribunal Supremo, al encontrar indicios contra los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y siete exconsejeros. En su escrito, Alaya acusa a la anterior cúpula del Gobierno andaluz porque considera que diseñó el fondo para conceder ayudas sociolaborales en los ERE y subvenciones directas a empresarios de manera arbitraria. Tras asumir el Supremo la parte de los aforados del Congreso y el Senado, Alaya remitió la exposición razonada al TSJA sobre Ávila, Recio, Vallejo y Martínez Aguayo. 

En dicho escrito, los fiscales también se muestran conformes a la orden de la Audiencia de Sevilla de que la juez incorpore a la causa las agendas desde 2001 hasta 2010 de varios ex altos cargos implicados en el caso —entre los que destaca la exministra y exconsejera andaluza de Hacienda Magdalena Álvarez— para aportar luz y "ayudar al esclarecimiento de los hechos", una diligencia que Alaya había desechado. Junto a la agenda de Álvarez, los jueces reclaman la del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez, el exviceconsejero y tres directores generales de Trabajo.

La petición de Anticorrupción se produce una semana después de que pidiera a la juez la imputación en el caso del exministro de Trabajo del PP Manuel Pimentel. Los fiscales acusan al expolítico y empresario de malversación, prevaricación, falsedad, tráfico de influencias y fraude por una ayuda de 300.000 euros que recibieron en 2009 los trabajadores de su empresa Taller de Libros. Pimentel es el primer ex alto cargo del PP salpicado por el caso ERE.