_
_
_
_
_

La Cámara de Cuentas defiende que la inversión pública es más económica

El órgano fiscalizador andaluz detecta 2.486 millones de sobrecostes en solo dos obras

Raúl Limón
El metro de Sevilla, a su paso por un viaducto de la SE-30
El metro de Sevilla, a su paso por un viaducto de la SE-30Alejandro Ruesga

La inversión pública es más económica que la realizada en colaboración con las empresas privadas. Es la conclusión que ha explicado este miércoles el presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Antonio López, ante la Comisión Fomento y Vivienda tras analizar obras realizadas en Andalucía con la participación de empresas. En concreto, las líneas de metro de Sevilla y Málaga han supuesto para la Junta 2.486 millones más de los previstos, un 75% y un 112% por encima de lo presupuestado. La diputada de IU, Elena Cortés, ha pedido todos los contratos previstos con esta fórmula y ha asegurado que es más cara y “abre la puerta a la privatización y la corrupción”.

Más información
Análisis de la Cámara de Cuentas sobre las actuaciones público-privadas de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía
El metro de Sevilla echa a andar
El metro de Málaga costará 70 millones de euros al año
Decenas de municipios blindan o rescatan el agua de la privatización
La fundación de Unió recibió 2,74 millones de grandes empresas

El metro de Sevilla está en manos de Globalvía (la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía participa en un 11,77%), que ya gestiona tranvías de Barcelona, Parla (Madrid), Sanchinarro (Madrid) y Barajas, entre otros. El presupuesto de inversión en 2014 era de 730 millones de euros, que han crecido en más de la mitad por reclamaciones de valoración de obra (156 millones), modificaciones de contrato (202 millones), costes adicionales (22 millones) y facturas de terceros (50 millones). Al final, según la Cámara de Cuentas, la financiación pública ha sido de 1.095 millones. Además, el presidente de la Cámara de Cuentas ha detallado irregularidades en la tramitación y fiscalización de los sobrecostes.

El metro de Málaga se presupuestó en 403 millones que, tras modificaciones de contrato, cambios de trazado y otras facturas, han terminado suponiendo a la Junta 1.391 millones de euros, un 112% más.

El presidente de la Cámara de Cuentas destacó que la fórmula de concesión supone además compromisos de abono de subvenciones que costarán a las arcas andaluzas 4.129 millones a lo largo de la vida de la misma.

Antonio López ha puesto en evidencia con estas cifras la supuesta bondad de la colaboración pública y privada para estos servicios. En este sentido, ha destacado que no es la empresa la que asume los riesgos de sobrecostes, ya que en ambos casos ha sido la Administración la que se ha hecho cargo del 98% y el 85% de los mismos.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete
La colaboración es una puerta a la privatización de servicios y a la corrupción, resulta más cara y es una forma de rapiñar dinero público Elena Cortés, diputada de IU y exconsejera de Obras Públicas

Tampoco supone este modelo que no se produzcan desviaciones sobre el presupuesto inicial ni el cumplimiento de los compromisos de culminación. Tras una “simulación” sobre los resultados y la opción de financiación pública, la Cámara de cuentas concluye: “La alternativa pública resulta más económica que la elegida [colaboración con la empresa privada]”.

Elena Cortés, exconsejera de Obras Públicas, a raíz de estos datos, ha solicitado este miércoles los datos de inversión de la Junta con este modelo, ya que considera que es una “puerta a la privatización de servicios” y a la “corrupción”, resulta más caro y es una forma de “rapiñar dinero público”. La diputada ha alertado de contratos similares en alumbrado público, sanidad o servicios de agua.

El consejero de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Felipe López, ha defendido que la colaboración público-privada para la construcción de los metros de Málaga y Sevilla ha tenido un "escrupuloso respeto a la legalidad" y ha añadido que actualmente la Consejería no tiene previsto acometer nuevos proyectos con este sistema de financiación, pero que no descarta hacerlo en el futuro siempre y cuando la rentabilidad social lo aconseje, su necesidad sea "imperiosa e inaplazable" y lo puedan asumir los presupuestos futuros.

El portavoz del PP Félix Romero ha manifestado que el informe de la Cámara de Cuentas pone de manifiesto que la gestión de la fórmula es "un monumento a la incompetencia" y que "esa incompetencia cuesta ingentes cantidades" a los andaluces. Pese a defender la colaboración público-privada, ha advertido que "no puede ser el eje central de la inversión en obra pública". "Su límite tiene que ser el interés y la salvaguarda de las arcas públicas", ha dicho Romero.

Para Ciudadanos, la fórmula tiene "ventajas" porque el endeudamiento del concesionario no computa como de la Junta y el proyecto atrae inversiones que derivan en creación de empleo, pero desde este grupo parlamentario también alertan de el modelo es "muchísimo más costoso para las arcas públicas" y ha pedido que se discierna "qué parte de ese mayor coste es por el modelo y cuál por una mala gestión de los recursos".

El portavoz de Podemos, Juan Antonio Gil de los Santos, por su parte, ha acusado a los responsables de la Junta de ser "unos manirrotos en época de crisis".

Aqualia reclama tres millones en un pueblo de Huelva por el agua

La empresa Aqualia, concesionaria del servicio del ciclo integral del agua en Moguer (Huelva), ha reclamado, vía judicial, al consistorio el pago de tres millones de euros en concepto de diferencial entre el coste de dicho servicio y la facturación de los clientes desde mediados de 2010 a 2015, informa Efe.

Así lo ha confirmado el alcalde de la localidad, Gustavo Cuéllar (PSOE), quien ha a explicado que a principios de 2010, cuando gobernaba el PP en la localidad, se llevó a cabo el procedimiento de concesión del ciclo integral del agua. "Ayuntamientos como los de Moguer asumieron en su día con Aqualia, cuando se le concedió el servicio, que, como en este caso, la empresa le daba al Consistorio siete millones de euros que éste tendría que devolverle capitalizados en 25 años, incrementando la tarifa y el precio de agua", ha señalado. Cuéllar ha dicho que en un primer momento se les solicitó un aumento del 32 %, posteriormente del 50,5 % y, a día de hoy, de un 42 %. "Como ayuntamiento nos negamos porque no hay justificación".

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Sobre la firma

Raúl Limón
Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, máster en Periodismo Digital por la Universidad Autónoma de Madrid y con formación en EEUU, es redactor de la sección de Ciencia. Colabora en televisión, ha escrito dos libros (uno de ellos Premio Lorca) y fue distinguido con el galardón a la Difusión en la Era Digital.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_