Un juez condena a la Junta a readmitir a un profesor detenido

El Juzgado de lo Social 1 de Granada ha declarado la nulidad del despido del profesor de Religión que fue detenido en el Caso Romanones, sobre abusos sexuales presuntamente cometidos por fundamentalmente por sacerdotes en Granada, y ha condenado a la Junta de Andalucía a readmitirle como docente, al considerar que se han vulnerado sus derechos fundamentales. También ha condenado a la Junta a abonarle los salarios que ha dejado de percibir desde noviembre de 2014. "Se condena a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte a la inmediata readmisión del trabajador y al abono de los salarios dejados de percibir desde el 26-11-2014 hasta que la readmisión sea efectiva [...] debiendo el Arzobispado de Granada estar y pasar por dicha declaración", se lee en la sentencia. Además, las dos instituciones deberán abonarle 6.000 euros en concepto de indemnización por los daños morales causados.

La magistrada defiende que el profesor de Religión, que ha desempeñado su función como docente desde 2005, ha vivido una vulneración de derechos como la presunción de inocencia y defensa, derecho a no ser discriminado y al honor. Según se relatan los hechos en la sentencia, la delegada territorial de Educación en Granada instó al Arzobispado provincial a retirar al profesor la idoneidad para ejercer su función de profesor de religión tras ser detenido por orden judicial. " Dada la gravedad de los hechos denunciados, absolutamente execrables, que han sido condenados directamente por el Papa (...) el citado profesor en la actual coyuntura no debería continuar ejerciendo su labor docente (...) por ello le traslado esta información a fin de someter a su consideración la inmediata sustitución de este profesor mediante la revocación de su declaración de idoneidad, decisión que corresponde al Arzobispado", decía el escrito.

El Arzobispado decidió retirar de forma inmediata la idoneidad al profesor, un documento llamado Missio canónica y obligatorio para poder ser contratado por Educación. De esta forma, en cuanto el profesor quedó sin idoneidad, el contrato fue rescindido por la Administración. Tanto la Junta como el Arzobispado han recurrido la sentencia, informa Europa Press. "El profesor está satisfecho y cree algo más en la justicia española, pero ya se le ha arrebatado la vida", ha detallado uno de los abogados del profesor, que asegura que tanto las asociaciones de padres del centro como los profesores escribieron varias cartas de apoyo al docente de religión.

Con respecto a este caso, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada celebra este martes la vista para decidir sobre la posible prescripción de delitos tras los recursos planteados por la acusación particular y popular al auto del Juzgado de Instrucción 4 del pasado 14 de febrero en la que el magistrado Antonio Moreno, que investiga el asunto, declaró prescritos todos los delitos excepto al considerado líder del grupo, el padre Román M.V.C., contra el que continúa la causa. Concretamente, se consideraron prescritos los delitos de abusos sexuales sin penetración, exhibicionismo y encubrimiento que se les atribuían a nueve sacerdotes y dos seglares.