Casos de gran impacto político marcan el nuevo año judicial

El curso judicial 2015-2016, que ayer abrió Felipe VI de forma solemne, verá cómo se juzgan o avanzan las investigaciones de causas de corrupción que han marcado la agenda política en los últimos años, como el caso Nóos, que afecta a la infanta Cristina, o los casos Gürtel o de los papeles de Bárcenas. Estos dos últimos procesos, que han mantenido en vilo al PP durante toda la legislatura, tendrán que resolverse antes las recusaciones de dos magistrados —Enrique López y Concepción Espejel— cercanos a la formación conservadora.

Determinar con antelación la fecha de celebración de un juicio —en especial los macroprocesos— no es tarea sencilla. La prioridad que para los tribunales tienen las causas con preso y la necesidad de resolver todos los recursos previos a la vista oral complican los inicios de los procesos. Uno de los pocos juicios que parece seguro que se iniciará este año es el del llamado caso Nóos, en la Audiencia de Palma. En esta pieza separada del caso Palma Arena se investigan las actividades supuestamente fraudulentas de Iñaki Urdangarin, esposo de Cristina de Borbón, hermana del Rey.

Todavía no se ha decidido si la infanta, despojada de su título de duquesa de Palma, se acabará sentando en el banquillo de los acusados como cooperadora de dos delitos fiscales o se beneficiará de la llamada doctrina Botín. Esta jurisprudencia del Tribunal Supremo impide juzgar por delitos contra la Hacienda Pública a una persona contra la que la Fiscalía o la Abogacía del Estado no presentan acusación. Cristina de Borbón solo está acusada en esta causa por el autodenominado sindicato Manos Limpias.

El juicio de la “primera época” del caso Gürtel, especialmente sensible para el PP, no se iniciará, según fuentes de la Audiencia Nacional, antes del otoño de 2016. La Sección Segunda de lo Penal deberá juzgar y dictar sentencia en al menos ocho procedimientos, la mayoría con preso, y por tanto prioritarios.

En esta vista oral serán juzgadas 40 personas, entre ellas el considerado cerebro de la trama, Francisco Correa, o los extesoreros de la formación conservadora Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas. Este último deberá responder, entre otros delitos, por la supuesta evasión fiscal de 11,5 millones de euros entre los años 2000 y 2011. La Fiscalía Anticorrupción pide para él 42 años y medio de cárcel y 88,8 millones de euros de multa.

Esta causa tendrá otra protagonista: la exministra de Sanidad Ana Mato, a quien el ministerio público considera partícipe a título lucrativo por beneficiarse supuestamente de regalos por valor de 28.467 euros que la red corrupta pagó a su exesposo, Jesús Sepúlveda, a cambio de contratos en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

El llamado caso Bárcenas, sobre la caja b del PP, pieza separada de Gürtel, difícilmente se juzgará este curso judicial, según las fuentes consultadas. En ambos casos, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional deberá decidir antes si acepta las recusaciones contra la presidenta del tribunal juzgador, Concepción Espejel, y el magistrado de esta sala Enrique López. Varias acusaciones populares han pedido apartarles del caso por su afinidad con el PP, especialmente acusada en el caso de López.

Un juicio muy esperado —y también con no poca carga política—, el de la muerte por aplastamiento de cinco jóvenes en el Madrid Arena el 1 de noviembre de 2012, sí tiene fecha. La vista oral se celebrará a partir del próximo 12 de enero. En esta causa figuran quince acusados, entre ellos el promotor y empresario Miguel Ángel Flores, que se enfrenta a cuatro años de prisión, el exjefe de la Policía Municipal de Madrid Emilio Monteagudo, para quien el fiscal solicita tres años de cárcel, y el médico Simón Viñals.