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memoria de la fiscalía 2014

Las condenas por delitos medioambientales suben un 5%

Las sentencias por atentar contra la flora y la fauna y por incendios forestales aumentan

e. g. sevillano
Captación ilegal en Lucena del Puerto, en el entorno de Doñana.
Captación ilegal en Lucena del Puerto, en el entorno de Doñana. julián rojas

Las condenas por delitos contra el medio ambiente aumentaron un 5,3% en 2014 con respecto al año anterior. La Memoria de la Fiscalía General del Estado, publicada este martes, destaca en el capítulo dedicado al medio ambiente y el urbanismo que se dictaron 929 sentencias condenatorias frente a las 882 de 2013.

De ellas, 49 lo fueron por delitos contra el medio ambiente. El resto por ordenación del territorio y urbanismo (465), contra el patrimonio histórico (12), por delitos contra la flora y fauna (171), por incendio forestal (170) y por malos tratos a animales domésticos (62). Los datos de 2013 muestran menos condenas por delitos contra el medio ambiente (38), contra la flora y fauna (145) y por incendios forestales (117). Solo han bajado los delitos por ordenación del territorio (501 en 2013).

Querellas por pozos ilegales en Doñana

La fiscalía destaca en su memoria de 2014 dos querellas contra los pozos ilegales en Doñana que están mermando el acuífero 27. La investigación aún está en marcha, pero ya se han elaborado dos proyectos de querella que afectan a dos grandes fincas, La Borrachuela y Matalagrana, de 150 y 220,57 hectáreas respectivamente, e integradas cada una de ellas por varias explotaciones, asegura el informe.

Por primera vez los fiscales recurren a una nueva tipificación penal, un delito de extracción ilegal de agua.La Fiscalía recuerda en su informe que ya había logrado condenas en esta materia por cambio de uso del suelo (de secano a regadío sin autorización), según el artículo 263.4 del Código Penal. También lo hizo por un delito contra la ordenación del territorio (construcción de balsas y casetas para alojar a trabajadores), según el artículo 319.1 y 2 y por delito de desobediencia, por no dejar de utilizar los pozos cuando existe una orden judicial, según el artículo 556.

La novedad es el uso fraudulento del agua. Se trata de un delito de extracción ilegal (artículo 247 del Código penal), y en otro delito ecológico (artículo 325). Estas dos querellas proceden de las denuncias presentadas por la organización conservacionista WWF.

Desde la creación de la fiscalía coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, en 2006, crecen las condenas en esta materia. En 2010, por ejemplo, el organismo que coordina Antonio Vercher constató la existencia de 687 sentencias condenatorias en medio ambiente, urbanismo y delitos contra el patrimonio, lo que supuso un aumento del 12% respecto a 2009.

"Las condenas urbanísticas siguen siendo las más numerosas, aunque decaen como resultado del descenso de la actividad del ladrillo", opina Francisco Segura, de Ecologistas en Acción, que precisa que hay un desfase --"bien largo en nuestro país"-- entre los delitos y las condenas. "Seguramente influye en el aumento de las condenas por delitos contra la fauna y flora una mayor concienciación de la sociedad y por ende de los jueces", añade. "Avanza lento esta cultura ambiental, pero avanza".

Con los años, también aumenta ligeramente el número de fiscales que se dedican a esta materia. En 2009 eran 126. En 2012 pasaron a 139. Según la memoria presentada este martes en 2014 la plantilla se ha mantenido con respecto al año anterior en 153.

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La memoria destaca algunas actuaciones relevantes, como las querellas por pozos ilegales en dos fincas cercanas a Doñana, construcciones ilegales en Villamediana de Iregua (La Rioja), la exportación ilícita de residuos y el deterioro de la situación de algunos vertederos.

La fiscalía denuncia "un apreciable deterioro de la situación en cuanto a vertederos y áreas recreativas con nivel alto de incendio forestal, puesto que a nivel global se han visto incrementadas este tipo de actividades respecto a la campaña anterior, con un aumento de un 24,4 % en vertederos y de un 11,4 % en áreas recreativas".

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Sobre la firma

e. g. sevillano
Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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