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Interior cerrará con estacas antinarcos la ruta del hachís del Guadarranque

El proyecto del Ministerio del Interior para acabar con la principal vía de entrada de hachís de España consiste en una barrera de palos metálicos

Intervención policial en Cádiz contra una banda de narcotráfico.Foto: atlas
Patricia Ortega Dolz

Lo del río Guadarranque, tan solo 43 kilómetros de cauce fluvial desde Castellar Viejo a la bahía de Algeciras en Cádiz, era, ha sido y es todavía un escándalo. Bastan dos datos. Desde ahí los narcos dan cobertura a casi el 50% del hachís que llega a la península y en esa zona se realizan casi el 20% de las operaciones contra el tráfico de drogas de la fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Acabar con el vaivén de veloces lanchas neumáticas dispuestas para cargar o a descargar fardos de droga a ojos de los bañistas, paseantes y habitantes de algunas de las lujosas urbanizaciones de la avenida de las Golondrinas, parecía ya —incluso para los agentes de la policía y la guardia civil de la zona implicados en la lucha contra ese delito— como querer poner puertas al campo, o al río en este caso. Pero parece que finalmente se pondrán. EL PAÍS ha tenido acceso al proyecto de cierre mediante esclusas de aproximadamente un millón de euros de coste que ha elaborado el Ministerio del Interior para acabar con un problema de hace décadas.

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Las persecuciones,el rugido de los motores, los hombres pertrechados con pasamontañas y trajes de neopreno pilotando zodiacs de grandes dimensiones, formaban ya parte del paisaje de una desembocadura convertida en plataforma de despegue para los narcotraficantes. Hubo un intento a mediados de los años noventa de acabar con esa actividad descarada que, con los años, había generado toda una infraestructura con garajes-embarcaderos a medida en las partes traseras de los chalés de los narcotraficantes —ya que son embarcaciones que no tienen cabida en los puertos—, viviendas llenas de bidones de gasolina para repostarse, casas-taller para mantener las lanchas a punto, y los alquileres de la zona disparados por una demanda creciente—hasta 6.000 euros al mes han llegado a pagarse—.

En aquel entonces, en los noventa, el proyecto se hizo a imagen y semejanza del de Barbate —oxidado y abandonado desde el 2012, cuando el ayuntamiento dejó de realizar su mantenimiento—. Dispusieron una valla a base de dársenas flotantes unidas por cadenas y un sistema de compuertas para permitir el paso de los pescadores. Sin embargo, aquello solo funcionó un año, porque tanto el ayuntamiento de Los Barrios como el de San Roque, responsables de su mantenimiento tras la instalación, “presionados por las protestas de los pescadores fueron progresivamente dejándolo morir, al mismo tiempo que se acercaban las elecciones”, apunta uno de los implicados en aquel primer proyecto . “Un día aparecieron las cadenas rotas y las dársenas quedaron al albur en sendas orillas del río”, asegura un guardia civil destinado en la zona. Hoy todavía puede verse la garita de vigilancia creada para tal fin.

El nuevo plan de Interior, que ha comenzado ya con las prospecciones en la zona y que tiene previsto estar concluido para antes del verano, consiste en la colocación de mástiles metálicos clavados en el fondo del lecho del río, con una distancia —aproximadamente 2,20 metros— entre uno y otro que impida el paso de las motoras de los narcos, unas embarcaciones de fabricación inglesa —cada cierto tiempo llegan a Algeciras camiones repletos desde Inglaterra— conocidas como Crompton, con 2,80 menos de manga.

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Lo anunciaba ya el secretario de Estado, Francisco Martínez, a mediados de agosto, desde el mismo campo de Gibraltar. Aquellas primeras palabras, proferidas tras las innumerables quejas de la Coordinadora antidroga y de los propios miembros de las fuerzas de seguridad del Estado que se enfrentaban diariamente con un problema creciente, han tomado la forma de un proyecto arquitectónico cuyo objetivo por escrito reza así: “Disponer de barreras físicas necesarias para evitar el paso de embarcaciones por el río y de otras medidas auxiliares que complementen dicha actuación. Todo ello enmarcado en el cumplimiento de la legalidad en los ámbitos fluvial, costero y portuario a los que afectará cualquier propuesta que se lleve a cabo”.

Se trata de “una solución permanente” consistente en la colocación de “elementos metálicos, tipo tablestacas, paralelos entre sí y equidistantes, colocados a lo ancho del río en el sentido del cauce, formando alineaciones colocadas al tresbolillo e hincados convenientemente en su lecho”. Supuestamente, “de esta manera, y considerando una distancia adecuada entre los elementos, el espacio que queda entre los mismos impide el paso de las embarcaciones y medios utilizados para las actividades ilegales”.

En todo caso, “la ubicación exacta de las barreras en el trazado del río y la altura de los elementos metálicos, así como su número y la distancia entre los mismos, se determinarán en función de los resultados geotérmicos, de barimetría, etc, que están programados”, que supuestamente se están realizando en estos días.

Según el estudio del proyecto, “la ventaja de esta propuesta es que la incidencia en el funcionamiento del río, velocidades del agua, atoramientos, e incluso obstrucciones por elementos flotantes resulta escasa dado el reducido ancho del elemento a disponer, que apenas incide en la dinámica fluvial. Al igual que su ejecución es muy sencilla y el mantenimiento resulta muy reducido”.

 

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Sobre la firma

Patricia Ortega Dolz
Es reportera de EL PAÍS desde 2001, especializada en Interior (Seguridad, Sucesos y Terrorismo). Ha desarrollado su carrera en este diario en distintas secciones: Local, Nacional, Domingo, o Revista, cultivando principalmente el género del Reportaje, ahora también audiovisual. Ha vivido en Nueva York y Shanghai y es autora de "Madrid en 20 vinos".

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