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La Xunta admite falta de seguridad en quirófanos y UCI de un nuevo hospital

Paralizado el traslado al centro hospitalario de Vigo porque la calidad del aire en las áreas de cirugía y UCI no está garantizada

Personal y pacientes denuncian desde hace días defectos de construcción del complejo

Falta de ventilación en habitaciones donde se almacenan productos tóxicos, ausencia de baños adaptados para niños, tuberías que se rompen, rejillas del falso techo que se caen sobre los pacientes, ecógrafos obsoletos y deficiencias que favorecen la difusión de aire contaminado. Esta es una pequeña muestra del largo listado de defectos constructivos que han denunciado en los últimos días los usuarios y representantes de los trabajadores del recién inaugurado hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, proyecto estrella del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo en el que el barón gallego del PP y expresidente del Insalud con José María Aznar ha volcado su experiencia como gestor sanitario con un modelo público-privado único en Galicia. La Xunta había ignorado hasta ahora las peticiones de paralización del traslado al centro hospitalario Álvaro Cunqueiro pero este viernes se ha visto obligada a decretar su suspensión por falta de garantías en la calidad del aire en “zonas críticas” como quirófanos, áreas de reanimación o de cuidados intensivos.

Hasta por vía judicial han estado reclamando los sindicatos y asociaciones en defensa de la sanidad pública la suspensión de la mudanza ante el aluvión de quejas del personal y los pacientes que han comenzado a usar las instalaciones. El traslado progresivo se inició a finales de junio pero la fase más delicada ha llegado ahora. La decisión de parar el proceso sin concretar cuándo se reanudará la ha tomado la Consellería de Sanidade cuando le tocaba el turno al área de cirugía, UCI, Materno Infantil, Reanimación y Urgencias.

Según explican fuentes sanitarias, los fallos se habrían hallado en los filtros especiales de presión positiva que deben garantizar que el unico aire que entre en ciertas estancias hospitalarias lo haga por estos conductos para que no se cuele contaminación microbiológica. "O no hay presión positiva suficiente o los filtros no son los adecuados", afirma el doctor Manuel González Moreira, del sindicato CIG, quien asegura además que estas deficiencias se hubieran detectado antes del traslado si la Xunta hubiera realizado previamente una "valoración de riesgos de los puestos de trabajo" como recomienda la ley.

Al margen de los fallos admitidos este viernes por el Gobierno gallego, el personal sanitario denuncia en el nuevo hospital de Vigo deficiencias de construcción que “vulneran principios de protección y seguridad biológica de los trabajadores” y que han sido comunicadas a la Inspección de Trabajo. “No se dispone para el área de microbiología de un sistema de ventilación independiente del resto del edificio, facilitándose la difusión de aire contaminado por parte de los sistemas de refrigeración de los restantes equipos analíticos, al encontrarse dentro de un espacio común y diáfano”, se puede leer en una de las denuncias presentadas estos días por la CIG. Medio centenar de enfermos de cáncer se han llegado a concentrar a las puertas del centro por "la falta de personal" y los "retrasos en el suministro de medicación" que sufren en el área de Oncología.

El de Vigo es el primer hospital construido en Galicia con el modelo de financiación público-privada, un sistema que el PP implantó mucho antes en otras comunidades autónomas y que para los partidos de la oposición y los sindicatos es el origen de las deficiencias detectadas ahora en el edificio porque, aseguran, deja en manos de la adjudicataria, además de la ejecución, el proyecto técnico constructivo, sin que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) lo supervise. “Esta situación es otra consecuencia negativa del modelo de colaboración público privada para la construcción y financiación del centro, llena de irregularidades legales, recortes en los recursos y prisas políticas para abrir el centro”, sostienen desde la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública, que exigen la dimisión de la consejera de Sanidade, Rocío Mosquera, abucheada por personal y pacientes durante su visita del pasado miércoles al Álvaro Cunqueiro.

El contrato del Gobierno de Feijóo para gestionar la Oficina Técnica de Seguimiento del nuevo centro cayó curiosamente en manos de la empresa de un excargo sanitario del PP en la Comunidad de Madrid. Ana Sánchez, viceconsejera de Asistencia Sanitaria de Esperanza Aguirre entre 2008 y 2010, recibió esa adjudicación a través de su sociedad Efficientia Clinical Management, fundada tras dejar el puesto en el Gobierno madrileño desde el que pilotó varios procesos de privatización. Alternativa Galega de Esquerda (AGE) ha reclamado una comisión de investigación sobre este contrato de cuatro millones de euros, mientras la plataforma ciudadana en defensa de la sanidad pública critica que se ponga “al lobo a cuidar de los corderos”.

Feijóo llegó a la Xunta en 2009 con la distinción de gestor sanitario y dejar su sello en el proyecto del nuevo hospital de Vigo se convirtió en una prioridad. El bipartito había proyectado el centro con el que se pretendía reducir las esperas médicas en la mayor y más saturada área sanitaria de Galicia con una capacidad de 1.450 camas y una construcción 100% pública que costaría alrededor de 400 millones euros. El PP modificó radicalmente el plan y, esgrimiendo los recortes presupuestarios y la mayor eficiencia de la gestión privada, decidió levantar el complejo hospitalario mediante financiación público-privada.

Una UTE liderada por Acciona se llevó el macrocontrato para construir el Álvaro Cunqueiro y explotar todos sus servicios con la condición de que el pago que debe efectuar la Xunta fuera aplazado. Solo ahora, con su entrada en funcionamiento, empezarán las arcas autonómicas a abonar a la empresa un canon anual de 72 millones durante 20 años, lo que significa que el centro acabará costando 1.432 millones, 1.000 más que con el anterior modelo pese a que el hospital tiene únicamente 845 camas. La adjudicataria ha sufrido además graves problemas para lograr la financiación, salvados gracias a un crédito de 250 millones apoyado por el Banco Europeo de Inversiones y el Instituto de Crédito Oficial.

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